Lanzan droga al penal de Lurigancho: 'El delivery del narco'

El penal de Lurigancho se convirtió en un centro de narcotráfico descontrolado, donde los delincuentes lanzan droga desde motos hacia los pabellones, mientras las autoridades parecen estar ausentes.

Un video reciente muestra cómo jóvenes arrojan bolsas con sustancias ilícitas hacia el penal, huyendo rápidamente en motocicletas sin enfrentar ninguna intervención policial. La situación es alarmante, y la seguridad del recinto es severamente cuestionada.

En las imágenes difundidas, también se observa a los internos tomando lo que parecen ser bebidas alcohólicas en la losa deportiva del penal, como si se tratara de una reunión entre amigos de barrio.

Entre risas y vasos en mano, los reclusos esperan la llegada del estupefaciente, lo que es descrito como “el delivery del narco”.

La falta de control es tan evidente que la criminalidad se convierte en parte de la vida cotidiana en este penal de Lurigancho.

Uno de los métodos más utilizados para el ingreso de drogas es a través de visitantes conocidas como ‘mulas’. Una de ellas, cuyo testimonio fue recogido con la voz distorsionada, explicó que transporta sustancias ilegales escondidas en su cuerpo, específicamente en las partes íntimas.

“Nosotras vamos bien vestidas y llamativas, usando uñas acrílicas. Usamos condones para transportar marihuana o cocaína”, confesó.

Las denuncias señalan a los hermanos David Alfonso Curotto y Augusto Alonso Vivar Suárez, alias ‘Chuky’, como los líderes de este sistema corrupto que lleva al penal de Lurigancho a niveles extremos de violencia y extorsión.

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Según testimonios, estos individuos no solo controlan el narcotráfico, sino también la distribución de la comida, la cual debería ser gratuita, pero se vende a precios elevados, generando miedo y abusos entre los reclusos.

Familiares de los internos también denuncian la extorsión que sufren al enviar dinero a sus seres queridos.

“Por cada 10 soles que mandamos, les cobran un sol extra. Si no mandamos, los golpean”, relató un padre angustiado. Esta situación genera desesperación entre las familias, quienes no solo enfrentan la preocupación de tener a un ser querido en prisión, sino también la constante amenaza de represalias si no cumplen con las exigencias económicas impuestas por los cabecillas.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, es criticado por su aparente desconocimiento de la situación.

“No lo sabíamos antes, si lo hubiéramos sabido, ya habríamos actuado”, declaró cuando fue consultado sobre las denuncias de extorsión y narcotráfico en el penal. Sin embargo, la inacción del Estado es evidente, y la vida de los internos continúa en peligro.

El poder de Curotto y su grupo se extiende más allá del centro, afectando a las familias de las mulas que trabajan para ellos. Una de ellas reveló que, al negarse a seguir colaborando, Curotto comenzó a amenazarla enviándole fotos de sus hijos para intimidarla. “Nos dejó de pagar y ahora nos amenaza con nuestras familias”, confesó.

A pesar de las denuncias y los testimonios recogidos, el INPE no tomó medidas concretas para destituir a los responsables ni garantizar la seguridad en el penal.

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