Más de S/ 7.5 millones roban en boletos a Machu Picchu: todo indica que está implicado un sindicato corrupto

Esta semana, reapareció en redes sociales la exsocia de Pedro Castillo Terrones, la peruano-francesa Verónika Mendoza Frisch, queriendo confundir a cusqueños y connacionales con la versión de que se viene la privatización de Machu Picchu, para lo cual realizó ayer miércoles 24 de enero una movilización contra dicha “privatización”, pero en el fondo es contra la implementación de la venta de boletos online para ingresar al santuario inca.

La primera que salió a aclarar la narrativa privatizadora ha sido la titular del sector Cultura, Leslie Urteaga, quien ha dicho que nadie en el gobierno es partidario de tal despropósito porque aun si lo hubiera, sería imposible de aplicar en tanto Machu Picchu es patrimonio cultural de la humanidad.

“Nosotros estamos para proteger y preservar nuestro patrimonio, entonces, nada está más lejos de la verdad que esta afirmación tergiversada y mal intencionada”, subrayó la ministra.

Utilizan este falaz argumento, en su opinión, para protestar contra la venta online del ingreso a la maravilla mundial. “No hay que engañar a las personas, (hay que) informar de la manera más honesta y transparente”, subrayó la funcionaria en RPP noticias este 23 de enero.

Entrando en detalles sobre el hecho probablemente punible de que se habrían hecho humo más de 7.5 millones de soles en la venta de boletos no registrados oficialmente, Leslie Urteaga informó que el año pasado, se encontró un promedio de entre 80 a 90 mil visitantes a Machu Picchu que no aparecen en el registro oficial de venta de boletos que maneja la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de la región Cusco.

Cuentas que no cuadran

“Hay discrepancias en los números que nos entrega la Dirección Desconcentrada de Cultura y los números que ha proporcionado Consettur [empresa que presta servicios públicos de transporte entre Machupicchu pueblo y la ciudadela de Machupicchu] porque existe una diferencia entre ambos que no debería [existir]”, señaló.

“Lo que nos lleva a pensar algún tema de irregularidad, esto aún está en investigación, pero son indicios”, añadió.

Cuando se hizo el cruce de información del consolidado del 2023 “hicimos una proyección y la diferencia al año es de 80 a 90 mil personas y el monto dejado de percibir aproximadamente es de 7 millones 500 mil soles, entonces, ¿de qué estamos hablando?”, se interrogó, según el Diario del Cusco.

En octubre del mismo año 2023, Consettur informó que utilizaron los buses para subir hasta la ciudadela inca 121,480 visitantes, sin embargo el registro del mismo mes de la DDC señala 105,588 turistas que adquirieron el boleto de ingreso. La diferencia es obvia.

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Hubo otro cálculo para noviembre del mismo año en que Consettur registra 106,905 ingresantes y la DDC solo tiene registrados 93,930. Aun si se hiciera el cálculo de un ingreso entre 70 a 80 mil al año, según la ministra, está de por medio los 7.5 millones de soles que no han ingresado al sector. Son cuentas que “no cuadran”, dijo Urteaga.

“Nosotros no hemos venido lucrando con el patrimonio [nacional], al parecer otros grupos sí lo han venido haciendo”, anotó la ministra.

Control interno

Antes de detallar quiénes son los beneficiarios de este desfalco, por llamarlo de alguna forma, ahora está claro que existen informes de la Control Interno, vale decir de la Contraloría General de la República, dando cuenta que la DDC del Cusco no inició ningún procedimiento de control con el argumento de la falta de personal en el área indicada.

Urteaga confirmó esta realidad que orilla con la ilegalidad: “¿Qué ha pasado con los directores anteriores [de la DCC] que no han reforzado esta área para cumplir (…) con las informaciones que envía Control Interno-Contraloría?”.

“Hemos recibido muchísimos informes, teníamos una lista larga de informes de los que habrían incurrido en responsabilidad, pero no hay sanciones ni procedimientos disciplinarios iniciados”, admitió.

Razones crematísticas

Para los agentes turísticos del Cusco, la razón de lo que sucede en la ciudad inca es menos estridente pero más jugosa. Veamos qué hay detrás. La ministra de Cultura ya hizo la radiografía con detalles precisos del evidente desfalco que debería investigarse o el presunto robo –según los críticos– que debería investigarse. En cristiano, se trata de boletos vendidos para visitar la ciudadela que no aparecen registrados por la DDC.

Es decir, no pagaron para ingresar. Entonces, mejor sería preguntar ¿a quién le pagaron? Según la proyección de la misma Ministra Urteaga, el faltante es de más de 90,000 entradas, que la DCC dejó de percibir. Son 7.5 millones de soles por entradas faltantes que se quedaron en los bolsillos de alguien, solo en el año 2023.

¿Quién se beneficia con unos 60 mil soles al día?, se preguntan en los medios turísticos ligados a Machu Picchu?

Joinnus en acción

Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Cultura ha contratado a Joinnus, una empresa experta en venta digital de tickets para eventos, conciertos, partidos de fútbol y eventos masivos, firma recientemente adquirida por el Banco de Crédito del Perú (BCP) para que establezca un sistema de venta digital de los accesos a Machu Picchu a través de internet, donde se compre en forma nominal, con trazabilidad y control.

Esta medida ha sido apoyada de inmediato por todos los gremios representativos del turismo a nivel nacional y regional. La Cámara Nacional de Turismo saludó la medida. La Cámara de Comercio del Cusco, la Cámara Regional de Turismo, la Cámara de Comercio de Ollantaytambo, la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, que son los principales gremios del sector, saludaron la medida.

Carlos Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Ollantaytambo, denunció en entrevista a la emisora Exitosa Noticias el interés particular y la politización en este tema. Recalcó el reclamo y la necesidad de tener una plataforma virtual auditable.

Hasta el mismo Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu ha avalado con su silencio esta medida, no sumándose a los llamados a protestar.

El sitracas

¿Quienes protestan entonces frente a esta medida? El primer sector visible detrás de la protesta es el Sindicato de Trabajadores CAS (Sitracas) de la DDC. Es decir, serían los que vendían las entradas a Machu Picchu cuando desaparecieron los 90,000 boletos que denuncia la ministra.

Los respaldan un sector, poco numeroso pero radical de guías de turismo y operadores informales con nexos con el Sitracas, que ahora se ven puestos en evidencia sumarse a la protesta obviamente para beneficio de ellos, los señalan en el Cusco.

¿Están solos en esta protesta? Están solos en cuanto a respaldo de la población de Machu Picchu y del Cusco. Las imágenes de las protestas son más que evidentes. Para no pasar desairados alistaban, ayer, las protestas nocturnas, a la hora que los guías vuelven de Machu Picchu y pululan en la plaza del pueblo.

¿Y cómo entra políticamente Verónika Mendoza en este lío? Sigue la ruta del dinero, dice la máxima del periodismo de investigación contemporáneo. También –por qué no las alianzas políticas en este caso.

¿Los 7.5 millones en qué manos se quedaron? ¿No es válido pensar que se quedaron en manos del Sindicato (Sitracas) que ha sido el primero en protestar por el cambio de la forma de venta de las entradas?

¿No está respaldando Mendoza al “oscuro sindicato del Ministerio de Cultura del Cusco” que organizaron cuestionados funcionarios para que los blinde de sus malas prácticas, Lima Gris dixit del 01/08/2022?

Y es que es Mendoza la principal impulsora de este movimiento que defiende a los revendedores ilegales de entradas a Machu Picchu. “Este gobierno está promoviendo la destrucción de nuestro patrimonio cultural. Pretende lotizar sitios arqueológicos, eliminar los estudios técnicos previos para su cuidado y regalarle MILLONES de soles a Joinnus (Credicorp) con el pretexto de la venta de boletos”, señala Mendoza

“Joinnus fue contratada de manera directa cuando días atrás ni siquiera estaba habilitada para contratar con el Estado e inicialmente NO se le encargó la venta de boletos a Machu Picchu (esto se hizo mediante 1 sospechosa adenda meses después)”, agrega.

Pedidos del partido Nuevo Perú

El partido Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza exige:

• “La derogatoria del D.S. N.° 043-2022-EF, que centraliza los dineros recaudados por el ingreso a Machu Picchu a la ciudad de Lima, así como los Decretos Supremos 01, 05 que convierten a la DDC, en una mesa de partes.
• La renuncia de la Ministra de Cultura y de la Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, quien ahora además se ha convertido en vendedora de boletos en ventanilla.
• Anulación del contrato doloso suscrito con la empresa Joinnus”.
• La prensa cusqueña reforzó dicho temperamento informando días atrás que, en efecto, para este 24 de enero, estaba programada una “gran movilización”, según el anuncio de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), base de la CGTP, para que el Gobierno escuche que no estamos a favor de la privatización de Machu Picchu.

Fracasa algarada

La movilización de la víspera contra la supuesta ‘privatización’ de Machu Picchu ha sido un fracaso, como se puede ver en las imágenes llegadas desde el Cusco. La mayoría absoluta de gremios turísticos apoya la digitalización de la venta de entradas a la ciudadela inca. Para hoy se ha convocado una nueva protesta, a partir de las 12 a. m.

Presentan moción de interpelación contra ministra de Cultura

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático –Juntos por el Perú) anunció que presentaría una moción de interpelación en contra de la titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga. Iniciativa de la parlamentaria responde a su rechazo hacia el contrato firmado entre la empresa privada Joinnus y el Mincul para la venta virtual de entradas a la ciudadela de Machu Picchu, en la región Cusco.

“En coordinación con varios congresistas impulsaremos la interpelación contra la ministra de Cultura. Se otorgó una contratación (orden de servicio), de 36 mil soles anual, luego vía una adenda, se estableció que por cada boleto vendido la empresa recibirá 3.9%. Es decir, la empresa será beneficiaria de un aproximado de 10 millones de soles. ¿Cómo es posible que un contrato con estos beneficios a un tercero no haya sido parte de un contrato principal?”, escribió en sus redes sociales.

En su publicación, Luque denunció que el Ministerio de Cultura habría llevado un presunto proceso irregular de contratación con la compañía antes referida, debido a que, desde un inicio, en la orden de servicio no se estableció que Joinnus cobraría un porcentaje por cada entrada.

“Nuestra preocupación además de la transparencia, es que, hoy existiendo mucho patrimonio cultural en abandono, el Gobierno no quiera generar recaudación y existiendo una plataforma virtual de la DDC (con todas sus críticas), una medida debió buscar su mejora o, en todo caso, mejores beneficios para el Estado vía esta contratación. Pero no hay ni lo uno ni lo otro”, sentenció.

Finalmente, el congresista Luis Aragón (AP) presentó una moción de interpelación contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. El documento, respaldado con la rúbrica de 27 parlamentarios de distintas bancadas, señala que la medida obedece a un presunto direccionamiento del Ministerio de Cultura para contratar con la empresa Joinnus.

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