Mininter y PNP desarrollaron operativo en 67 cárceles para combatir la criminalidad
Autoridades refuerzan control en centros de reclusión.
Mininter y PNP desarrollaron operativo en 67 cárceles para combatir la criminalidad.
En un megaoperativo simultáneo en 67 cárceles a nivel nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron una variedad de objetos y sustancias ilegales.
La acción, ejecutada con la participación de más de 4 mil efectivos policiales, se enmarca en la estrategia del gobierno para reafirmar el control y la autoridad dentro de los centros penitenciarios.
Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad confiscaron 39 celulares, 10 baterías, 28 cargadores, 5 memorias, 9 audífonos, 1541 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, 4729 ketes, 402 gramos de sustancias prohibidas, 216 litros de licor fermentado y 215 armas punzocortantes.
El operativo no solo busca erradicar la presencia de objetos ilegales, sino también fortalecer la seguridad en los penales para reducir los riesgos de violencia y crimen organizado dentro de estos recintos.
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En el penal de Lurigancho, uno de los más grandes del país, se desplegaron 200 policías, 26 miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y 54 agentes penitenciarios para inspeccionar el pabellón 10, donde residen 600 internos. Las inspecciones minuciosas revelaron la magnitud de los intentos de introducir artículos prohibidos dentro de las cárceles.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, subrayó que esta es solo una de las primeras acciones en una campaña continua contra el crimen organizado dentro de los centros penitenciarios.
Por su parte, el presidente del INPE, Javier Llaque, resaltó la importancia de este tipo de operativos en la lucha por un sistema penitenciario más seguro. "Vamos a ir por cada privado de libertad que vulnere la seguridad", aseguró Llaque, quien también destacó el apoyo clave de la PNP en estas acciones.
El operativo forma parte de la Política de Cárceles Seguras del gobierno, cuyo objetivo es consolidar un entorno controlado y seguro en los penales del país. La incautación de objetos prohibidos es una medida crucial para prevenir actos de violencia y desarticular redes delictivas que operan desde el interior de los establecimientos.
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