Ministro del Interior lidera intervención en Fondo de Vivienda Policial (Fovipol): «Rodarán cabezas de generales, oficiales y subalternos»
Tras detectarse irregular inversión para construcción de viviendas destinadas a personal policial.
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El titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, tomó medidas contundentes tras descubrirse un entramado de corrupción y extorsión en el seno del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol).
La intervención fue ordenada después de revelarse que, a pesar de una millonaria inversión para la construcción de viviendas destinadas al personal policial, apenas se entregó una mínima fracción de las mismas.
Santiváñez anunció una exhaustiva investigación sobre la pérdida de pagarés de los contratos de préstamos al personal beneficiado, así como una revisión detallada de los contratos de construcción de viviendas en todo el Perú.
Las declaraciones reflejaron su indignación al afirmar que “prácticamente se han robado los pagarés”, poniendo de manifiesto la gravedad de las pérdidas millonarias sufridas por miles de policías.
Enfatizó además su desacuerdo con la obligatoriedad del descuento del 5% para financiar las viviendas, proponiendo que esta contribución debería ser voluntaria y no forzada.
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Estas medidas fueron tomadas luego de que una auditoría de la Contraloría General recomendara iniciar acciones penales contra los responsables de las irregularidades detectadas.
Uno de los casos más emblemáticos es el relacionado con el Grupo Inmobiliario Kinsa, al que Fovipol adjudicó la construcción de 680 viviendas en Piura por una suma considerable.
Sin embargo, solo se entregaron una fracción mínima de estas viviendas, generando conflictos y acusaciones de parte de la constructora y los funcionarios del Fovipol.
Desentrañan entramado de corrupción
La representante de Kinsa, Valeria Landa Vásquez, acusó al entonces gerente general del Fovipol, el general PNP Samuel Peralta, de obstruir la entrega de las viviendas e intentar extorsionar a la constructora.
A pesar de que el Tribunal Arbitral falló a favor de Kinsa y ordenó la recepción de las viviendas, el Fovipol aún no cumple con esta orden.
La situación se agrava con la compra de un terreno en Simbila, Castilla, por una suma millonaria, a pesar de las advertencias del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sobre el alto riesgo de inundación en la zona.
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