MTC se niega a pagar monto justo por expropiación de terreno: Sociedad Agrícola San Agustín reclama por predio
Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dilata pago por terreno de túnel Gambetta pese a fallos judiciales
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Una de las grandes trabas para el desarrollo de importantes proyectos de inversión es nuestro país son el saneamiento de interferencia y la liberación de predios. Esta última se da en parte por la mala gestión del Estado, en especial por el Ministerio de Transportes y Comunicaciónes(MTC), sector que alberga el mayor presupuesto para ejecución de obras.
Ello debido a que, según denuncian, los propietarios de los inmuebles expropiados tienen que esperar más de siete años para contar con una sentencia en última instancia que reconozca el pago del mejor valor, solo para esperar otros seis años más de procesos judiciales para ejecutar el pago, debido a esta mala práctica profesional de los procuradores.
Pero la odisea de los expropiados no termina luego de diez o quince años de procesos judiciales, sino que deben, además, someterse al pago diferido que contemplan las leyes de presupuesto y de prelación de pagos, que puede tomar hasta otros cinco años más.
Este es el caso de la Expropiación seguida contra Sociedad Agrícola San Agustín (SASA), respecto de un inmueble utilizado para Túnel del Proyecto “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao Tramo IIIB”, iniciada en el 2015 y que a la fecha no se ha concretado el pago del justiprecio de manera completa.
MTC inició en mayo
Según narró al diario EXPRESO el abogado de Sociedad Agrícola San Agustín, Fausto Alvarado, todo inició en mayo de ese año, cuando el MTC comunicó a SASA su intención de adquirir el predio y emitió la Resolución Ministerial No. 238-2015-MTC, aprobando el valor de tasación del inmueble, el cual fijó en ocho millones de soles. Sin embargo, en junio del mismo año, SASA rechazó la oferta de adquisición y decidió acudir a un proceso de arbitraje para reclamar un mejor valor para su propiedad, pero entregó la posesión al MTC.
En agosto de 2017 –prosiguió – tras un proceso arbitral, se emitió el Laudo de Derecho y el Laudo Complementario que establecieron el valor del justiprecio, con lo cual faltaba cancelar un pago de 11 millones de dólares por el valor total del terreno. Este proceso tuvo la particularidad de que el Tribunal Arbitral nombró un perito dirimente de oficio, debido a las diferencias en las tasaciones propuestas por las partes.
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“En la etapa de arbitraje se determinó con precisión el valor real, el cual distaba considerablemente de la oferta inicial y del monto consignado por el Ministerio de Transportes. Ante la negativa del MTC a cumplir con el pago, el Ministerio ha interpuesto diversas acciones. En primer lugar, pretendió anular el laudo arbitral impugnándolo ante la Corte Suprema, la cual finalmente confirmó dicho laudo. Ante la persistente negativa del Ministerio a pagar la diferencia, se interpuso un proceso de ejecución del laudo arbitral. En este proceso, el juez conmina al ministerio a cumplir con el pago de la deuda”, manifestó el abogado de SASA, Fausto Alvarado.
Tomó un giro
Efectivamente, la situación tomó un giro en septiembre de 2017, cuando el procurador del MTC, David Aníbal Ortiz Gaspar, presentó una demanda de Anulación del Laudo Arbitral. A pesar de esto, el MTC nunca solicitó la suspensión del pago del laudo. En noviembre del mismo año, SASA respondió con una demanda de ejecución de pago por el presunto incumplimiento del MTC.
A partir de ahí, el proceso se enredó en una serie de acciones legales. En enero de 2018, el juez ejecutor ordenó la ejecución del pago del laudo, pero en febrero de ese año, el procurador del MTC, Ortiz Gaspar, formuló una contradicción al mandato de ejecución. En noviembre de 2018, el juez de ejecución declaró infundada la contradicción y dispuso continuar con la ejecución del pago.
El vaivén legal continuó con apelaciones y recursos. En febrero de 2021, la Sala confirmó la ejecución del laudo y el pago del justiprecio. Sin embargo, en el mismo mes, el procurador del MTC presentó un amparo contra lo resuelto por la Corte Suprema, buscando anular nuevamente el laudo arbitral, basándose en argumentos previamente resueltos.
En diciembre de 2021, el juez de ejecución requirió al MTC que cumpla con el pago del justiprecio bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público. En enero de 2022, el procurador del MTC dedujo nulidad de la resolución que dispone el pago del justiprecio, pero en marzo del mismo año, el juez rechazó esta nulidad.
Litigio se prolongó
El litigio se prolongó hasta junio de 2022, cuando el juez declaró improcedente el Amparo interpuesto por el MTC contra el laudo. En julio del mismo año, el MTC apeló esta sentencia, pero en noviembre de 2022, la Sala en Ejecución dispuso que no se aperciba al MTC y que se cumpla con el pago del justiprecio.
En setiembre de 2023, la Sala confirmó la improcedencia del Amparo presentado por el MTC contra el Laudo. Paralelamente, en octubre de 2023, el procurador del MTC presentó un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que confirmó la improcedencia del amparo.
La última instancia del proceso hasta la fecha, en noviembre de 2023, vio al juez ejecutor requerir nuevamente al procurador del MTC que acredite el inicio del proceso de pago del justiprecio. En esta ocasión, el procurador del MTC informó al juez que había solicitado información a la Oficina de Presupuesto de Provías, alegando falta de respuesta, aunque la oficina había requerido previamente al procurador que confirmara que el mandato de ejecución tenía la condición de cosa juzgada desde setiembre de 2023.
“El procurador del MTC interpone todos los recursos legales posibles. Incluso ha iniciado un proceso paralelo para buscar un nuevo examen de la validez del laudo arbitral, un proceso que ya ha perdido en dos instancias y solo le falta la última, ante el tribunal. No obstante, se escuda en este proceso para no iniciar el proceso de pago, a pesar de que los jueces y la sala le han ordenado en innumerables ocasiones que cumpla con la obligación. La problemática del Estado y del ministerio radica en que los procuradores tienen el mandato de apelar todo lo apelable, lo que demora los pagos. Los procuradores apelan por imperativo, sin importar si existe o no un fundamento legal para hacerlo”, cuestionó el representante legal de SASA.
El complejo y prolongado proceso legal continúa, dejando en vilo la resolución final de este caso de expropiación que ha mantenido en disputa a ambas partes por años. “Ante esto nos preguntamos, ¿puede el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dilatar el pago de un justiprecio el cual ha sido confirmado definitivamente por las instancias judiciales? De qué sirve tener un sistema de justicia que garantice la tutela jurisdiccional efectiva si no se tiene un mecanismo eficiente y eficaz de ejecución de sentencias o laudos arbitrales, especialmente para el caso que sea el Estado quien tenga la obligación de cumplir con los mandatos judiciales. Dónde queda la urgencia de los propietarios de ver repuesto su patrimonio luego de haber sido despojados del mismo. Quién asume los gastos y costos de estos diez a quince años de espera a que el sistema judicial le dé una solución. Claro está que la protección constitucional dispuesta en el artículo 70 de la Constitución ha perdido eficacia, por lo que todas estas conductas dilatorias de los procuradores del Estado deben ser estrictamente sancionadas, ya que no tienen otra finalidad más que dilatar la ejecución de un pago inminente”, lamentó Alvarado.
Expropiación para Línea 2
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó en diciembre de 2023 ejecutar la expropiación de una propiedad destinada a la expansión de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, específicamente para la Línea 2 y Ramal av. Faucett-Av. Gambetta, en un proceso valorado en 548 mil 898.57 soles.
Campesinos reclaman por predios
Desde el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, La Libertad, un grupo de agricultores expresan sus reclamos y piden una intervención de parte de las autoridades tras el incumplimiento de un previo acuerdo en donde los campesinos cedían sus terrenos para la canalización de la quebrada San Carlos, sin embargo, hasta la fecha no se les ha reconocido lo acordado.
Reactivación de proyectos
El ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, anunció que, a partir de la próxima semana, impulsarán un programa de reactivación de proyectos de irrigación paralizados, y destacó la importancia de la inversión privada para el desarrollo del país.
Vecinos de SJL en contra de proyecto del anillo vial
El proyecto Anillo Vial Periférico es una obra que consta de una autopista de 34.8 km desde el óvalo de las 200 Millas, en el Callao, hasta la av. Circunvalación, en el distrito de San Luis. Incluye en su área de influencia a 12 distritos (once metropolitanos y uno de la provincia constitucional).
No obstante, San Juan de Lurigancho (SJL), punto por donde pasa el proyecto vial, el distrito con mayor tasa de crecimiento poblacional, y es en el que también un sector de vecinos se opone a la obra que pronto sería declarada de interés.
En ese sentido, Óscar Badillo, representante de los vecinos afectados por el anillo en SJL, señala que el proyecto vial es una iniciativa desfasada.
Además, resalta que, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el proyecto afectará a 2,600 predios, con igual número de familias.
“Dicha cifra no se condice con la realidad, la mayoría de los predios se han subdividido con el devenir de los años. Al menos 15,000 familias serían afectadas en sus viviendas con la obra”. Los vecinos de SJL rechazan dejar sus viviendas multifamiliares, pues son terrenos grandes. Además, Badillo destaca que habrá mayor contaminación ambiental con el tránsito de carga pesada. Asimismo, los ciudadanos se verán afectados con el cobro de peajes.
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