Paro nacional podría tornarse muy violento: buscan adelanto de elecciones

Diversas organizaciones sociales convocaron para este viernes a un paro nacional y movilizaciones, supuestamente para exigir a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que cumpla con un pliego de reclamos relacionados a educación, salud y saneamiento.

Sin embargo, se adhirieron en los últimos días Nuevo Perú, liderado por la excandidata presidencial izquierdista Verónika Mendoza; y Perú Primero, organización fundada por el expresidente Martín Vizcarra. Estos grupos no ocultan sus intenciones de nuevas elecciones generales, antes de que Jorge Salas Arenas deje de presidir el Jurado Nacional de Elecciones, y que Piero Corvetto tenga que dejar la ONPE.

Durante un evento partidario en Cusco, la exsecretaria de Nadine Heredia llamó a la población a desconocer al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y rebelarse en contra de estos  al afirmar que el país vive en una 'dictadura'. Este hecho podría servir de excusa a extremistas que siempre merodean este tipo de convocatorias o movilizaciones para desencadenar hechos de violencia y alterar el orden público.

A los sucesos del Cusco que tuvo lugar el 13 de julio se sumó una conferencia de prensa de este miércoles en la sede la central sindical CGTP en Lima, donde sindicalistas y políticos y una ONG tuvieron un discurso similar al llamado a la insurgencia de Verónika Mendoza.

En paralelo, principalmente desde Puno, el radicalismo de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) lanzaba mensajes similares, bajo el liderazgo de Lucio Ccallo Callata, ligado al Movadef, el frente político de Sendero Luminoso. Ccallo hizo un llamado para echar del poder a la “alianza mafiosa” entre el Ejecutivo y el Congreso. “Están manchados de podredumbre y de la sangre del pueblo”, dijo.

Los antimineros del sur estaban con el mismo temperamento, especialmente los de Tía María, de Arequipa, quienes habrían bloqueado la vía de la costanera que va a Lima, según reportes de la prensa.

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Desde Ayacucho y Huánuco llegaban despachos similares contra la “dictadura neofascista” del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

“Definitivamente va a haber un interés político por distintos tipos de motivaciones de distintos sectores políticos, incluso entre los que puedan tener claras diferencias ideológicas entre ellos, pueden tener interés en generar una situación complicada para Boluarte”, advirtió el analista político Luis Benavente Gianella.

En declaraciones a EXPRESO, Benavente sostuvo que esto podría terminar en hechos de violencia azuzados por organizaciones extremistas. Todo esto, con una nueva agenda política que ya no será una nueva Constitución Política, la liberación del expresidente Pedro Castillo o la disolución del Congreso como lo fue en las protestas de diciembre de 2022 e inicios de 2023; sino la renuncia de la jefa de Estado y el adelanto de elecciones.

No obstante, Benavente también apuntó en contra de Boluarte, al resaltar que parte de este malestar de la población se debe a que hasta el momento la mandataria no ha dado muestras de poder conducir el país como corresponde”.

“Boluarte no ha dado muestras de tomar las riendas del país con decisión y con eso está generando esa situación. Hay sectores políticos y económicos que han considerado que Boluarte era una mejor alternativa que Castillo y que daba una relativa estabilidad económica y le han dado un respaldo (hasta el momento)”, señaló.

Pese a estas deficiencias del gobierno, desde la posición de la  mandataria, Benavente Gianella también avizoró poco probable que decida dar un paso al costado para convocar a nuevas elecciones, debido a las investigaciones que tiene por las muertes ocurridas en las protestas en su contra (2022-2023) y el caso Rolex en relación con un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Boluarte no va a querer (elecciones anticipadas) porque puede terminar en la cárcel por los Rolex, por las muertes en las jornadas de violencia en el verano del año pasado (y) tiene temas pendientes con la Fiscalía”,explicó.

No obstante, el especialista no descartó la posibilidad de  que una presión social muy fuerte ejercida a través de constantes paralizaciones y movilizaciones podrían desembocar en la salida prematura de Palacio de Gobierno.

Linda con lo penal

Por su parte, el exministro del Interior Gastón Rodríguez lamentó que los legítimos reclamos de la población y diversas organizaciones sociales sean capitalizados por discursos ideológicos como el de Mendoza, a quien calificó de irresponsable por llamar a la población a desconocer a las autoridades legítimamente  constituidas.

“Cuando tú politizas los reclamos, entonces se presta ya a una serie de situaciones, porque una marcha politizada no es necesariamente una marcha pacífica, comienza a tener infiltraciones de todo tipo”, dijo.

Misión de la Policía

“(Mendoza) ha convocado al pueblo peruano a desconocer a las autoridades legítimamente constituidas, así como a rebelarse contra ella. Eso es una situación muy grave y aquí deberíamos ver ya a los operadores de justicia trabajando, en el ámbito de sus competencias funcionales, para poder determinar cuál ha sido realmente la dimensión en la que esta persona se ha pronunciado y si le corresponde o no una sanción penal”, agregó para EXPRESO.

En ese sentido, Rodríguez destacó el derecho de la población a manifestarse en las calles siempre y cuando lo haga de manera pacífica. “Está contemplado en la Constitución, a reunirse pacíficamente sin armas, pero esas condiciones no se pueden cambiar de un momento a otro. Reunión pacífica significa no palos, no bombardas, no petardos, esa es una reunión pacífica”, explicó.

Asimismo, el exministro del Interior también resaltó la capacidad que ha demostrado la Policía Nacional del Perú (PNP) para prevenir y contener los posibles hechos de violencia que pudieran presentar se en las diversas movilizaciones convocadas para hoy alrededor del país

“Nadie dice que no hagan una movilización, pero que la hagan pacíficamente sin alteraciones del orden público”, sentenció.

En ese sentido, y por aparente coincidencia, tanto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, como el Poder Judicial, se pronunciaron sobre las muertes en protestas del 2022 y 2023.

El grupo legislativo archivó por mayoría la denuncia constitucional contra Boluarte, presentada en noviembre del año pasado por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

Congreso y PJ

Cabe indicar que la SAC sí admitió el caso de los Rolex de la mandataria (ampliación en la página 9).

Otro revés para la jefa de Estado fue la decisión de la Segunda Sala Constitucional de Lima. “Declaró en segunda instancia, improcedente la demanda de amparo de la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023”, se informó.

El 26 de mayo pasado, el juez Juan Carlos Checkley había señalado que faltaba sustento fáctico y jurídico en los argumentos presentados por la defensa, y concluyó que no hubo vulneración de derechos durante la investigación preliminar. Ahora con este nuevo fallo, el delicado tema de los fallecidos se complica.

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