«Peaje de Puente Piedra es un abuso para vecinos»
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Walter Gutiérrez solicita que sea suspendido

El incremento del peaje y las operaciones de la nueva garita en el distrito de Puente Piedra es calificado por la Defensoría del Pueblo como un abuso.
“Lo que está ocurriendo es un claro abuso de posición de dominio, pues, en la práctica, se ha aislado a los residentes del AA.HH. Laderas de Chillón, obligándolos a pagar 5 soles de peaje para salir y 5 soles para entrar al lugar donde viven, lo que constituye, cuando menos, una restricción al derecho constitucional de libre tránsito. Por ello, debería suspenderse la operación de la nueva garita”, señaló el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Vecinos de Puente Piedra presentan reclamo

Dirigentes de tres asociaciones de vivienda de Puente Piedra presentaron sus denuncias ante la Defensoría describiendo el incremento del peaje y la instalación de la garita como “un acto abusivo e ilegal, pues ni siquiera hay vías alternas, como sí sucede, por ejemplo, en la Panamericana Sur”.

La situación se torna muy perjudicial para los habitantes de la zona, ya que quienes viven en la zona adyacente al peaje deben caminar alrededor de 2 kilómetros para acceder al puente peatonal más cercano.

Asimismo, el precio de los pasajes del transporte público se ha incrementado, bajo el sustento de la mencionada alza de peaje y la implementación de la nueva garita.

«No hay razón que justifique un incremento del peaje o la resitricción al libre tránsito de los residentes de la zona», precisó Gutiérrez. «Esto constituye una violación de los derechos de los usuarios por parte de la concesionaria», precisó.

Walter Gutiérrez manifestó que solicitará información al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) que tiene a cargo la supervisión de la concesión de Rutas de Lima para que, ante los hechos denunciados, interprete y aplique el contrato y las normas en favor de los usuarios.

El defensor del Pueblo solicitará la intervención del Indecopi para que, en el marco de sus competencias, corrija y, de ser el caso, sancione a la concesionaria en su condición de proveedora de un servicio público.