¿Policía del orden y de la seguridad ciudadana? Buscando soluciones a la criminalidad [INFORME]

Análisis de la propuesta del Ejecutivo que fue archivada por la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso.


Se trata de la decisión asumida por la actual Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República que tomó la decisión de archivar -con 14 votos a favor- la propuesta devenida del Poder Ejecutivo, que perseguía crear, o mejor dicho, agregar a la actual institución policial de nuestro país una entidad paralela de control en los planos del orden y seguridad, pues se consideró que dicha propuesta legislativa en realidad no representaba una verdadera solución a la grave y aguda crisis por la que atraviesa una institución, que es clave para prevenir y poder enfrentar los graves problemas de inseguridad ciudadana, delincuencia urbana y los altos índices de criminalidad en general que en estos momentos existen en el país.

Criminalidad y el fraccionamiento de la función policial

Se trataba de una propuesta legislativa discutible y desde todo punto de vista controvertida, porque perseguía crear una categoría institucional policial que debía operar de manera paralela o similar con la Policía Nacional, en tanto que si bien es cierto, se señalaba que no debía formar parte de la propia carrera policial como todos la entendemos, en la práctica funcional hubiera tenido las mismas prerrogativas y atribuciones que tiene la policía actual respecto a su desempeño institucional y funcional.

Una policía paralela denominada como de orden interno y seguridad, que en el ámbito de la seguridad operativa y la salvaguarda de las personas, pasaría a operar en forma simultánea y con iguales o similares condiciones y atribuciones que la policía oficial.

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Hablo de las mismas prerrogativas que ahora solo corresponden a la actual PNP, en el presente caso, relacionadas con su capacidad operativa, coercitiva y usa de armamento de reglamento, tanto en los planos de la propia defensa funcional, autodefensa de los ciudadanos y la exención de la responsabilidad funcional en materia penal.

Hablamos de prerrogativas vinculadas con la vigilancia, seguimiento, el reglaje, las intervenciones a la vida privada, el manejo reservado de determinada información, las detenciones personales, la toma de declaraciones, etc., las mismas que aunque el mismo proyecto señalaba la prohibición de realizar actividades que podían resultar incompatibles con las que son competencia exclusiva del personal policial, en la práctica cotidiana podían pasar a convertirse en un grave problema respecto a las interpretaciones que sobre el particular podían surgir en cada caso de una intervención por parte de la nueva policía que se intentaba instaurar.

Relación institucional efímera

A diferencia de lo que implica como desempeño profesional y principio rector, ser parte intrínseca toda una vida de una institución emblemática como nuestra Policía Nacional, con el proyecto cualquier ciudadano podía convertirse en policía casi de la noche a la mañana.

Hablamos de millares de aspirantes de procedencia civil que solo requerían para pasar a convertirse en policías con tales atribuciones solo un año de estudios.

Igual si se trataba de licenciados de las FFAA, cuya formación se limitaba a un solo semestre, como si un policía en nuestro medio puede capacitarse y formarse en tan poco tiempo frene a la magnitud de problemas que tendría que enfrentar.

Solo una contratación

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto, era que la integración personal a esta nueva policía parecía supeditada a la firma solo de un contrato como si fuera una actividad meramente mercantil y no de servicio y entrega a la comunidad.

Se supeditaba el servicio policial paralelo solo a contrataciones individuales, en tanto que la relación entre los nuevos policías, la colectividad y el Estado, implicaba un negocio como cualquiera otro en el que prima el sentido económico de la contratación.

La mística, el honor a la divisa policial, el recordatorio de todos millares de policías que habían ofrecido sus vidas al servicio de la nación, de la noche a la mañana dejaban de tener algún valor simbólico, místico o ejemplar, para convertirse en una relación de oferta y mero pago de una suma de dinero como si fuera cualquier servicio que se presta en la actividad privada.

Hablamos de un menosprecio y desmerecimiento a la labor policial como máxima expresión de apoyo incondicional al ciudadano, al someter a una labor tan importante a la vigencia de un contrato mercantil como si la labor policial careciera de mística y entrega, en todo caso sometido a un negocio plasmado en un contrato de servicios como cualquier relación económica.

Manoseo institucional

Me refiero a la situación de descalabro, fractura y hasta infortunio en la que se encuentra nuestra Policía Nacional, más que todo solo como resultado de todas las reformas fracasadas y alteraciones de todo género de la que ha sido objeto a lo largo de los últimos gobiernos la vida policial.

os resultados saltan a la vista: una institución sometida al poder político –por acción o inacción de sus mismos miembros-, soslayando sus objetivos primordiales que no son otros que la seguridad de la población y la integridad de los ciudadanos frente al crimen, la corrupción y la delincuencia organizada, en la que cada vez resulta más difícil diferenciar lo lícito de lo ilícito.

Intereses soterrados

Como siempre pasa en nuestro país, los intereses políticos subalternos y soterrados se convierten en objetivos de primer orden, si de lo que se trata es de controlar instituciones que son claves para la democracia y el respeto al estado de derecho.

Hablamos de una policía vista como un objetivo político y de sometimiento para consolidar intereses propios o de partidarios, los que bajo distintos paradigmas, retóricas y metáforas embargadas siempre bajo la inseguridad ciudadana y el crimen, lo que en realidad han producido es una institución de prevención y control ciudadano cada vez más debilitada, menoscabada, fraccionada y humillada frente a los complejos cambios que enfrenta nuestro país.

Una institución policial insegura e inestable, tanto para su mismo interior respecto a los que la integran y sus propias aspiraciones, como para afuera en relación a los fenómenos sociales de violencia y corrupción que cada día confronta la sociedad y en la que se encuentra de por medio la labor policial.

Se trata de reformas que más que ayudar a configurar la solidez de una institución policial, por el contrario, la han ido diezmando de diferentes formas hasta lograr una institución cada día más débil ante el crimen y las apetencias políticas de todo orden.

Resultados nefastos

Los resultados de las constantes seudo reformas y aparente innovaciones de la que ha sido objeto la Policía Nacional, saltan a la vista de cualquier neófito.

No solo se encuentra avasallada por una delincuencia urbana violenta y nada escrupulosa, sino que muchas veces han sido los mismos gobernantes y los políticos lo que han hecho que la policía nacional pase a convertirse en una institución que se debate entre su autonomía, su debilidad, la falta de autoridad y el uso político de la que es objeto.

Lo paradójico es que en una gran mayoría de las reformas implementadas, tanto a favor o en su contra, han provenido de gobiernos no solo incapaces e improvisados frente a la materia del crimen y la corrupción, sino que son resultado de políticas estrechamente vinculados con la improvisación y el desacierto, como parte de una rutina casi normal que todos la aceptan y sobre la cual se dice poco o nada sobre el particular.

Por Luis Lamas Puccio

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