Sobrino de Rosio Torres se autoinculpa en caso «mochasueldos»
Juan Daniel Pérez Guerra asumió la responsabilidad de los depósitos a su cuenta bancaria.
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El caso de la parlamentaria Rosio Torres, acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores congresales, dio un vuelco tras las declaraciones de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra ante la Comisión de Ética del Parlamento, quien se responsabilizó de las acusaciones y admitió ser el receptor directo de los depósitos.
Ante la Comisión de Ética del Congreso de la República, el sobrino de la parlamentaria, Juan Daniel Pérez Guerra, sindicado como la persona a quien se hicieron los depósitos, deslindó de responsabilidades a su tía y se echó la culpa sobre la imputación, aunque mencionó que esos movimientos se hicieron en calidad de préstamos personales y de carácter político para formar un movimiento regional.
Como es público, a raíz de recientes informes periodísticos, se supo que la congresista de APP hizo cobros de cupos a ocho trabajadores de su despacho para que una parte de sus sueldos sean depositados a las cuentas bancarias de su sobrino, incluso aportando hasta un tercio de sus salarios como empleados.
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En consecuencia, Juan Daniel Pérez Guerra asumió su total responsabilidad de haber recibido los desembolsos de dinero por casi 83,000 soles de parte de trabajadores del despacho de la congresista.
“Pedir disculpas públicas a la señora congresista Rosio Torres Salinas por haber abusado de su confianza y haberme excedido con los trabajadores. De algo que hice a cuenta propia y bajo mi responsabilidad”, expresó ante la Comisión de Ética del Congreso de la República.
Pérez Guerra aseguró que estos pagos se hicieron por vínculos personales, como préstamos y por el concepto de aporte a la creación de un movimiento regional ‘Rescatemos Loreto’.
Ante ello, la congresista Rosio Torres aseguró desconocer quién hizo ingresar a su sobrino 60 veces a su despacho y negó que haya estado representándola en su ausencia. La parlamentaria Rosio Torres es parte del listado de nueve congresistas investigados por exigir pagos a trabajadores de sus despachos.
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