Trabajadores de agroexportadoras de Ica rompen mesa de diálogo con el Gobierno
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Según reportó Canal N, los trabajadores de agroexportadoras de Ica, que se han movilizado exigiendo la derogación de la ‘Ley de Promoción Agraria’ porque supuestamente recorta sus derechos laborales, rompieron la mesa del diálogo con representantes del Gobierno. 

Tras abandonar la reunión, los dirigentes anunciaron que radicalizarán sus protestas.

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Vale señalar que las protestas iniciaron ayer lunes con el bloqueo de carreteras en el sur del país con piedras y llantas quemadas, registrándose, incluso, destrozos de bienes en los locales de tres empresas agroexportadoras.

Ante ello, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la llegada a la región sureña de una comitiva de alto nivel del Ejecutivo para establecer un espacio de diálogo y escuchar las demandas de los dirigentes agrarios.

En el encuentro participaron el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos; el viceministro de Trabajo, José Luis Parodi; la viceministra de políticas agrarias, María Isabel Remy; el director general de trabajo, Juan Carlos Gutiérrez; el subsecretario de diálogo del Consejo de Ministros; y los asesores del ministerio de Agricultura, Jorge Maguiña y José Alberto Sáenz.

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¿DE QUÉ TRATA LA LEY QUE PIDEN ELIMINAR?

Cabe indicar que, a través del decreto de urgencia 043-2019, el gobierno del vacado expresidente Martín Vizcarra extendió la vigencia por diez años de la ‘Ley de Promoción Agraria’.

Por intermedio de un comunicado, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) explicó que la norma contempla que la remuneración diaria mínima de los trabajadores agrarios es de S/ 39.19 e incluye la remuneración básica, la CTS y las dos gratificaciones.

Agregó que, de acuerdo a información de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo del año 2019, el ingreso promedio formar mensual de los trabajadores fue de S/ 1,543, muy por encima de la Remuneración Mínima Vital (930 soles).

«La Ley de Promoción Agraria no es el problema, los trabajadores de las empresas que se encuentran en el marco de dicha ley tienen todos los beneficios laborales y son permanentemente fiscalizados por la Sunafil. El problema son las empresas que incumplen la ley y, por lo tanto, vulneran los derechos laborales de los trabajadores», remarcó AGAP.

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