Trata de personas es la segunda economía ilegal más lucrativa: delito mueve US$ 1,300 millones al año en el Perú
El 72% de las víctimas fue captada a través de falsas ofertas de trabajo. El 82% tuvo como finalidad la explotación sexual y laboral.
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Cada año se registran en el Perú un promedio de 5,400 denuncias por trata de personas, lo que representa 15 denuncias al día, según la información proporcionada por el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, que entre 2018 y abril de 2022 contabilizó más de 29,400 denuncias.
Se estima que, del total de víctimas, el 85% son mujeres, el 36.2% menores de edad y el 72% fueron captadas a través de falsas ofertas de trabajo; asimismo, el 82% tuvo como finalidad la explotación sexual y laboral y en el 15.5% de los casos el tratante era un conocido, cónyuge, familiar y/o tutor de la víctima. Ello según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Exiguo presupuesto
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró ayer, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que, aunque desde el Estado se han realizado mejoras normativas para enfrentar este delito y se cuenta con una Policía y Fiscalía especializadas, así como con una política nacional contra este crimen y una comisión multisectorial, aún hay mucho trabajo por hacer.
“La trata de personas está en todo el Perú, los estudios demuestran que el delito mueve al año un promedio de US$ 1,300 millones y es la segunda economía ilegal más lucrativa del país, después de la minería ilegal”, alertó.
“Una víctima de explotación sexual genera para los tratantes un aproximado de S/ 28 mil al año y en explotación sexual se movilizan unos US$ 800 millones anuales, mientras que en explotación laboral, unos US$ 700 millones. Sin embargo, la inversión del Estado apenas llega a 12 céntimos de sol por cada peruano, lo cual palidece ante las ingentes ganancias de los explotadores”, manifestó.
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Advirtió que la falta de presupuesto afecta la eficiencia para enfrentar el delito, pues, según un estudio de la institución, para financiar la investigación, persecución, atención a víctimas y prevención del crimen, como está contemplado en los 42 servicios que abarca la Política Nacional contra la Trata de Personas, se necesitan más de S/ 1,100 millones, pero el presupuesto asignado por el Estado para este fin es de 5 millones de soles.
Para combatir esa problemática, Valdés consideró vital que, tal como lo establece la Ley 29918, las autoridades rindan cuentas ante el pleno del Congreso sobre su trabajo, para que así se entiendan las necesidades que enfrenta esta problemática y se pueda solicitar más recursos. No obstante, indicó que desde el 2018, por la vorágine política y por la pandemia, el Ejecutivo no ha informado sobre su trabajo frente a este crimen.
Rendición de cuentas
“Se debe hacer público el balance sobre la trata de personas, cuáles son los compromisos del Estado, las dificultades económicas que atraviesa el trabajo y los avances que existen. Por el contrario, en el Congreso se pretende bajar el nivel a esta rendición de cuentas, al aprobar por insistencia un dictamen que establece que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer ya no tendrán que acudir ante el Pleno para informar sobre sus acciones frente al delito, sino solo ante dos comisiones del Parlamento. Esto es un retroceso”, sentenció Valdés.
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