La Ley No. 29565 de creación del Ministerio de Cultura, contempla en su Artículo 5to., las competencias exclusivas de tal portafolio, donde señala que es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional, en la formulación, planeación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión, evaluación y fiscalización de las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de cumplimiento en todos los niveles de gobierno y por todas las entidades del sector cultura; la formulación de planes, programas y proyectos nacionales en el ámbito de su sector para la promoción, defensa, protección, difusión y puesta en valor de las manifestaciones culturales; el dictado de normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política sectorial, la gestión de los recursos del Ministerio de Cultura y para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su competencia; el seguimiento y evaluación respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local sobre sus áreas programáticas de acción y la política de Estado en materia de cultura.

Asimismo la aplicación de las políticas nacionales en materia de cultura considerando a los gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos privados que operan en el campo de la cultura; la implementación y administración del sistema de registros nacionales relativo a los bienes de patrimonio cultural, creadores, productores de arte, de especialidades afines, de las manifestaciones culturales; y de personas naturales y jurídicas que realizan actividades culturales; la promoción de la participación activa de las diversas organizaciones u organismos de la sociedad peruana en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y programas nacionales en materia cultural; la promoción de la creación cultural en todos sus campos, el perfeccionamiento de los creadores y gestores culturales y el desarrollo de las industrias culturales.

Sin embargo, el día de hoy han emitido un comunicado sobre el caso del documental de Hugo Blanco y en el punto 2do., señalan que “El Ministerio de Cultura no interviene en la definición ni en el desarrollo de los contenidos”. ¡Por supuesto que no pueden intervenir!

Pero, en el punto 4ro. afirman que “El Jurado fue designado por el Ministerio de Cultura” y en el punto 5to. señalan que “Dicho documental ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Distribución de Largometrajes 2009, convocado por el Ministerio de Cultura”, por lo tanto el responsable político es el ministro y el responsable directo la entidad convocante”.

Finalmente añaden que “…reafirman su compromiso de impulsar manifestaciones culturales y artísticas, preservando  nuestra memoria y promoviendo el diálogo y la tolerancia”.

Pero lo que ignora el Ministerio de Cultura es que ha cometido delito, preceptuado en el Código Penal, Artículo 316 “El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años y el Artículo 316-A. referido a la Apología del delito de terrorismo, donde se prevé “Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe, la pena será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, trescientos días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal.

Si la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo se realiza: a) en ejercicio de la condición de autoridad, docente o personal administrativo de una institución educativa, o b) utilizando o facilitando la presencia de menores de edad, la pena será no menor de seis años ni mayor de diez años e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal.

Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo, la pena será no menor de ocho años ni mayor de quince años e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal.

Por lo tanto el comunicado de marras es inaceptable, así como la inoperancia del Ministerio Público para actuar de oficio, de la incapacidad del Congreso de la República y de la figura decorativa de la Defensoría del Pueblo.

Los que vivimos el flagelo del terrorismo no podemos aceptar, permitir y consentir hechos de esta naturaleza que es una ofensa a la memoria de los que fallecieron defendiendo la patria de manos de desquiciados asesinos izquierdistas.