Antiminería de Humala y Vizcarra incubó la de Castillo

Cierto es que fue con el frustrado proyecto Conga en Cajamarca durante la era de los Heredia-Humala (2011-2016) que las grandes y formales inversiones mineras comenzaron a perder espacio, ralentizarse hasta llegar al pernicioso contexto que hoy vive el país en este terreno.

Y es que, si antes se atacaban los proyectos hoy se embiste abiertamente contra las minas en plena producción. Así, el avance antiminero que pugna por dividendos políticos ─además de réditos económicos─ ha agarrado mayor tracción.

Ya en la presidencia y habiendo cambiado el «polo rojo» por el «polo blanco», la dupla Heredia-Humala, que había hecho activismo político por años con el famoso «agua sí, oro no», se movían entre los malabares que sostenían una lustrada y aparente narrativa de «impulsar la inversión privada» (alteró por escozores ideológicos el acertado enfoque de crecer para incluir por la retórica del «incluir para crecer» colocando la carreta delante de los caballos). Un cambio electoralista no por convicción, sino en realidad cosmético, para llegar al fin al poder.

Muchos peruanos percibieron la contradicción de la «centrista» pareja presidencial, el fuerte contraste entre la prédica antiminera del pasado y la pose que adoptaron una vez instalados en el gobierno.

Sin duda el lamentable desenlace de Conga (con efectos en otros emprendimientos como Galeno, Michiquillay, La Granja, Cañariaco) fue una incubadora de los logros políticos e ideológicos que las izquierdas extremistas y prosenderistas cosechan hoy con un pie en la presidencia y otro en la incitada «conflictividad social».

En 2019 el país sería también testigo de cómo Martín Vizcarra ─el bautizado «presidente de la crisis» por el establishment politológico─ dio la estocada al proyecto Tía María en Arequipa en confabulación con autoridades regionales y otros extremistas políticos de tomo y lomo. Era el efecto de años de maceración antiminera incluso de signos violentistas. El resultado: Perú retrocede del puesto 14 en 2018 al puesto 42 en 2021 entre 84 plazas ─ciudades y países─ atractivas para las inversiones mineras (ranking Instituto Fraser).

Quienes hoy con no poca razón acusan las estratagemas que desde el gobiernismo se están aplicando y la letalidad que obra en torno a la paralización de las actividades y la continuidad de las vitales inversiones privadas en minería no deben invisibilizar el ambiguo rol jugado por exmandatarios como Humala y Vizcarra.

A ello debe sumarse que no solo han sido los sectores extremistas y estatistas de la izquierda violenta los que profundizaron la ofensiva antiminera en suelo peruano.

Es ya innegable que parte no menor de la responsabilidad del deteriorado proceso tiene que ver con el descuido y la torpeza de las empresas y sus brókeres técnicos al haber desestimado la dimensión política como móvil central de las tensiones y las circunstancias. Ello ha terminado por evidenciar la precariedad tanto de sus respuestas a los conflictos como de sus «relaciones comunitarias», nutriendo así las estrategias de los incansables «refundadores» ideológicos.

Es precisamente lo ideopolítico ─por sobre lo técnico o económico, así no guste─ el factor de fondo de nuestro sistema de conflictos nacionales que dio forma a la pauta de poder que además catapultó a Cerrón y Castillo a la presidencia. La antiminería, también es política.

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