RESUMEN

El Siglo XXI se está caracterizando por presentar acontecimientos increíbles, como el atentado del 11-S a la primera potencia militar del mundo, e inesperados, como la pandemia mundial a causa del coronavirus (covid-19), que cuestionan la globalización y exponen la institucionalidad y capacidad del Estado.

En esta emergencia sanitaria y en todos los escenarios de inseguridad nuestro Estado viene empleando a las fuerzas armadas al interior del territorio como elemento importante en las estrategias de solución.

En el balance de estos primeros 100 días existen lecciones y experiencias que deben formar parte de los cambios a realizar en la estructura organizacional del Estado y en la necesidad de fomentar una cultura de planeamiento estratégico nacional.

ANÁLISIS

Escenario internacional

La pandemia originada por el covid-19 demuestra que la comunidad internacional no es capaz de enfrentar concertadamente amenazas globales. Los estados en ejercicio de su soberanía cierran sus fronteras enfrentándola cada uno con sus recursos, sin sentido de cooperación ni solidaridad con sus vecinos ni con su región, lo que cuestiona la globalización, como símbolo de la integración, porque según esta posición cada estado “se tiene que salvar como puede y con lo que tiene”.

En esta emergencia sanitaria mundial los estados emplean las mismas estrategias estando las diferencias en las capacidades, competencias y compromiso de las autoridades, instituciones y ciudadanos con resultados que se reflejan en la efectividad de las estrategias aplicadas, en la respuesta de la población y en la reacción ante factores que presentan un comportamiento distinto a lo previsto y planeado.

Nuestro país, como sucedió durante la GCS y el  C-95, deberá superar esta pandemia apoyado en sus propios recursos y fortalezas. Este “factor permanente”, que debe estar presente en todo planeamiento estratégico, incrementa la importancia de nuestros recursos naturales y estratégicos al ser garantía de poder, de supervivencia y de gobernabilidad. No disponer de bienes y servicios esenciales propios y no producirlos representa una situación de indefensión y vulnerablidad que estamos sufriendo en esta emergencia.

Planeamiento y estrategias

Considerar esta emergencia sanitaria como una guerra tenía como objetivos graficar la gravedad de la misma e involucrar a todos. También significaba que se tenía que planear, dirigir y ejecutar como una guerra; lo que no quería decir que la solución fuera militar ni tampoco solo un tema de salud sino que pasaba por diseñar y aplicar una estrategia integral.

En el planeamiento se tenía que evaluar que al tener las medidas sanitarias impacto directo en la economía y estas dos en lo social se debía diseñar una estrategia que contemplara un equilibrio entre las libertades y la salud para impedir un contagio masivo; y entre la salud y la economía para no ocasionar una recesión económica y para evitar daños colaterales en lo social (desempleo, quiebra de pequeñas empresas). También se debía  considerar que la situación es dinámica, que cada región del país presenta una realidad diferente, establecer ‘mesetas sanitarias’ diferenciadas y evaluar el impacto del “factor frío” (invierno) que agravará la situación de salud, en particular en la región de la sierra, y dificultará las tareas de apoyo logístico aéreo y terrestre.

Se aplica la estrategia de “aislamiento social obligatorio” para “evitar que un contagio masivo en corto tiempo haga colapsar el sistema de salud” y “ganar tiempo para poder enfrentar la amenaza en mejores condiciones sanitarias”. El nivel de preocupación de la población se traduce en el nivel de aprobación de esta medida pero al no aplicarse en forma masiva la estrategia sanitaria de “testear, rastrear y aislar” se prolonga el tiempo del “aislamiento social obligatorio” que tiene un impacto negativo en lo económico y social.

Para compensar el problema familiar ocasionado por la paralización de las actividades económicas se dispone “otorgar bonos y entregar canastas” que tiene poca efectividad por no coordinar y articular su ejecución y por el desconocimiento de la realidad nacional. Se comprueba que una alta cantidad de población no tiene acceso a bonos ni canastas, tampoco a la tecnología para la educación virtual y es ajena al sistema bancario.

Los alcaldes no aprovechan la inmovilización social para hacer un censo distrital y entregar las canastas casa por casa durante el toque de queda con el personal del ejército, para asegurar que todos la reciban y dar tranquilidad a las familias. No se unifican y articulan los esfuerzos ni se explota la infraestructura que poseen la iglesia, las organizaciones vecinales y la empresa privada.

La logística en la emergencia sanitaria

La logística es un factor muy importante en esta emergencia donde los problemas no se resuelven emitiendo un decreto de urgencia sino con planeamiento, prevención y acciones oportunas ante información en tiempo real que permita anticiparse a las necesidades presentadas por alta demanda de camas UCI/COVID y alto consumo de medicamentos y oxigeno que son particularidades que presenta esta pandemia.

Conocida la situación sanitaria nacional se tenía que incrementar la capacidad de respuesta sanitaria nacional pero no se aplica el artículo 82º de la ley General de Salud (Ley 26842) ni la ley de Movilización Nacional (Ley 28101) que precisa los deberes y derechos del Estado y de las personas en una situación de emergencia; y la utilización de los recursos, bienes y servicios privados cuando sean necesarios. Esta ley se aplica “indirectamente” en lo referente al personal de reserva del Ejército porque se les convoca haciendo  referencia a la ley de Servicio Militar (Ley 29248).

Pese a tratarse de una emergencia sanitaria, que es diferente a una GC o GNC, hay una preocupación por aumentar y mantener el número de soldados (para tareas complementarias de control de población) pero no para convocar a personal sanitario (médicos, enfermeros, técnicos, laboratoristas) que permita incrementar la capacidad de respuesta sanitaria nacional.

El Ejecutivo prorroga el tiempo de permanencia de servicio (licenciamiento y reservistas) pero no convoca a un llamamiento ordinario que permita a los jóvenes servir en forma voluntaria para dejar de ser una carga familiar; y los congresistas proponen volver al SMO, impedir postular a cargo público a quien no se presente y sancionar con 6 meses de servicio a quienen incumplan con la inamovilidad social. Se equivocan al considerar al servicio militar como un castigo, desconociendo que éste es de mejor calidad cuando se basa en el “querer servir” y no en el “obligado a servir”.

Participación de las FFAA

Para enfrentar la “guerra contra el coronavirus” el gobierno establece una cuarentena que recorta las libertades de trabajo, garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales, y decreta el estado de emergencia nacional que implica el ‘aislamiento social obligatorio’ de la población y restringe derechos relacionados a la libertad (de reunión, de tránsito) y sobre la inviolabilidad de domicilio.

El gobierno dispone la participación de las FFAA invocando los artículos 137º y 171º de la Constitución para el efectivo cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas y al Decreto Legislativo 1095 “Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FFAA en el territorio nacional” para el cumplimiento de tareas complementarias de carácter policial.

CONCLUSIONES

Esta emergencia se debió montar desde un inicio en el marco del Sistema Nacional del Riesgo de Desastres (Ley 29664) que tiene articulación a nivel nacional para que cada gobernador y alcalde asuma con su plataforma de defensa civil las acciones a realizar en el marco de su competencia. Se crean “comandos covid” que afectan la autoridad de los gobernadores regionales en vez de instalarse un PCA del Ejecutivo que los asesore y facilite la comunicación directa y permanente con el presidente de la República.

Las FFAA han ratificado su calidad de institución fundamental de la República. Están cumpliendo con calidad de dirección y eficiencia de ejecución las tareas de ayuda humanitaria y apoyo a la comunidad, así como el aseguramiento del despliegue de los medios logísticos y sanitarios a nivel nacional constituyendo el soporte logístico más grande que tiene el país. No han descuidado el cumpliendo sus misiones en el VRAEM (contra narcotráfico) y en Madre de Dios (minería ilegal) ni el control de las fronteras. En cuanto a las tareas complementarias deben cumplir una función de “presencia en las calles” que transmita un mensaje de tranquilidad en los ciudadanos pero no realizar tareas de control de población que es una función netamente policial.

La pandemia ha demostrado que no se conoce la realidad nacional. Somos un país con regiones muy diferentes pero se gobierna aplicando una estrategia común como si todas fueran iguales. No se reduce la informalidad que existe hace mas de 30 años y sorprende la migración de retorno a su tierra de quienes llegaron a la capital buscando un futuro mejor pero que respetaron y mantuvieron sus costumbres y tradiciones.

Esta emergencia sanitaria ha demostrado que la capacidad del Estado para hacer funcionar sus distintos órganos de manera colaborativa es muy limitada, que las leyes y la voluntad política no aseguran una acción coordinada y articulada. Se requiere realizar cambios estructurales a nivel estado e impulsar una conciencia de prevención y una cultura de planeamiento para “enfrentar en mejores condiciones las emergencias que se vienen” dado que las competencias y capacidades no se improvisan.

A  nivel FFAA se debe determinar si es conveniente establecer un COFI al interior del EM-CCFFAA para el planeamiento y dirección de las diversas tareas diferentes a la guerra que están cumpliendo las FFAA.