Sigue colmando las sospechas ciudadanas la casi nula reacción por parte del (des)gobierno perulibrista ante la arremetida violenta dentro de la ya famosa «conflictividad social» (sazonada con la divertida «reunión de trabajo» del ministro del Interior junto –entre otros– al congresista Bermejo, un activista profesional de la polarización y además investigado por sus acusados vínculos con fuerzas de naturaleza narcoterrorista y delictiva).

¿Es posible que quienes controlan hoy el Gobierno estén «dejando hacer, dejar pasar» a los calculadores infiltrados que van incendiando los contextos e infiltrando las legítimas demandas –ahí donde las hay–para canalizarlas de forma no institucional y violenta?

La instrumentalización de las tensiones a favor del plan de «destruirlo todo para refundarlo todo», de crear el «momento constituyente» elevando la intensidad de los conflictos estimulados es perfectamente posible. Es incluso hasta previsible si atendemos a lo que ha sucedido por ejemplo en Chile, donde el extremismo (de signo terrorista no menor pese a la resistencia en reconocerlo) logró parir a la actual Convención Constituyente. Bingo.

Hace ya casi diez años anotábamos aquí, que era crucial que los peruanos no perdieran de vista el escalamiento de conflictos sociales en territorio chileno, el cual podría más o menos replicarse. Allá el «problema mapuche», por ejemplo, se escogió como una de las principales palancas y se infiltró desde el exterior, explicando hoy mucho el serio entrampamiento socioeconómico y político del sureño país.

Ciertamente sectores mapuches prodemocráticos y pacíficos han hecho bien en apartarse de los violentistas; pero no ha bastado para romper el influjo de los actores calculadores e ideológicos o de los que persiguen réditos económicos. No solo hubo amenazas de violencia y muertes ejecutadas, sino un bien planeado ciclo de atentados incesantes contra las inversiones y la infraestructura privada. Los incendios y la quema de camiones logísticos y distribuidores de las empresas es imparable; y hasta se denuncia la entrada de recursos del narcotráfico (las «ex» FARC colombianas han sido protagonistas subterráneos del proceso) que facilitaron y facilitan hasta el momento la polarización con objetivos innegablemente políticos (por sobre los fines crematísticos).

Lamentablemente gran parte de la ciudadanía, como sucede ahora en Perú, en Ecuador y como ocurrió en Bolivia en torno al «problema de la hoja de coca», se negó a medir las advertencias y los riesgos (viendo solo peligros en la ultraderecha mientras ilusionaba y aplaudía a la ultraizquierda supuestamente «comprometida con la libertad y la democracia»). Hoy Chile vive una Convención Constituyente bajo la presidencia de una dirigente mapuche muy relacionada a personajes como Evo Morales, Rafael Correa y otros más; es decir, al operante y subestimado castrochavismo regional; aquel «cuco» que «no existe» según el caviarismo mediático sin importar fronteras.

Cierto es que aún persisten problemas y que el sistema chileno –como el peruano– es perfectible, pero de ningún modo reformable vía el caos o la incitada violencia (sobre esto hemos escrito con anterioridad. Ver: «Castillo Petruzzi, exterrorista del MRTA en Perú, incita la violencia en Chile», 3/9/2020 Expreso. Y, «Células narcochavistas y proterroristas se infiltran entre los mapuches en Chile», 12/9/2020. Expreso).

¿A qué viene todo esto? Que hoy en Latinoamérica no es necesario formar grupos abiertamente insurgentes o terroristas para tumbarse al sistema; basta que los extremistas violentos (que ya no son solo «radicales»), que los actores calculadores se infiltren como dirigentes y manipulen a discreción la «conflictividad social», desplazando a los reales actores desposeídos con legítimas demandas y que rechazan la violencia.

La letalidad se acrecienta cuando –en el colmo de la democracia boba– los «refundadores» antisistema logran entrar al sistema y comienzan a usar los resortes gubernamentales (esto incluye la crucial información de seguridad e inteligencia) para empujar el proceso «refundador» y la concentración de poder autoritario (hasta la militarización de las calles para luchar supuestamente «contra la inseguridad ciudadana» puede usarse en ese sentido).

Volviendo a suelo peruano, la opinión pública se ha comprado la novela de un régimen que se encuentra estancado por las «peleas internas» entre sus «facciones». Cuentan que el «cerronismo se peleó con el castillismo»; que «Guido Bellido es el antagonista de Mirtha Vásquez». O que Castillo «es un improvisado» que «no sabe qué hacer» o «sin capacidad de gobernar».

El asunto es que en realidad es todo lo contrario. Castillo y asociados (no «peleados» sino coordinando tras escenarios) no buscan gobernar en realidad: buscan implosionar el sistema. Les urge generar las condiciones precisas tanto para sobrevivir (de ahí a que incluso el voto de confianza parlamentario les cae a dedo) como para continuar tensionando y dividiendo en paralelo a la población (el «pueblo» versus el «antipueblo»).

Es el avance gracias a los sondeos lentos hacia el caos administrado como escalera al éxito. Por supuesto, este plan debe responder a lineamientos que llegan inclusive desde fuera del país (ver lo que también apuntábamos en este espacio con respecto al premierato de Mirtha Vásquez: «El ‘Gabinete de Puebla’ continúa el plan ‘refundador'», 10/10/2021. Expreso).

El juego político actual pues va mostrándose obvio: el Gobierno formal ha sido tomado –gracias al voto ingenuo o cómplice– pero faltan controlar los factores de poder real, «relocalizarlos», si es posible estimulando o permitiendo desafíos violentos.

Hay que repetirlo: cuando un sistema político intenta activar a la mala todos sus conflictos a la vez, puede terminar por reventar en pedazos. Esto lo advirtió cierta rama de la politología hace más de cincuenta años. Y el prosenderismo chavistoide presidencial ya parece saberlo.

En ese sentido, no es a corto plazo la venezolanización directa del proceso peruano (se requiere tiempo para instalar en otro país una réplica de poder cívico militar de alcance transnacional como el de Chávez y Maduro); es la bolivianización y la chilenización táctica y estratégica lo que la precaria democracia liberal de Perú enfrentará inicialmente vía la manipulación calculada del sistema de conflictos.

* Miguel Lagos es analista político. 

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