Cobro de «cupos políticos» a comerciantes es terrorismo

El tercer ofensivo intento de “Toma de Lima” luego de la expectoración el 7 de diciembre del prosenderista Castillo y sus cómplices de la presidencia, está elevando las preocupaciones, miedos y tensiones en diversos sectores de comerciantes y empresarios, tanto de grandes como de medianos, pequeños y microemprendedores. Y en todo el país; pero sobre todo en las regiones del sur donde la extrema izquierda pugna por hegemonizar y recalentar la acción política desde la base social.

La matonería en esos contextos de tensión hiperpolitizados intimida a la población pacífica, prodemocrática y emprendedora la cual puede ser vencida y terminar optando por el silencio y el inmovilismo. Aguardemos ello no se instale o domine en los territorios sureños.

En contraste se está viendo en Lima vía las marchas por la paz un importante rechazo a la violencia; éstas, para seguir teniendo éxito, deben ampliar su convocatoria y alejarse de posibles sectarismos y protagonismos partidarizados imprudentes.

Por otro lado, los temores hacia la ultraizquierda —que no son simples radicales— no son infundados teniendo en cuenta lo sucedido desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 cuando la violencia planificada (con los incendios como práctica nuclear) se desplegó con evidentes afanes políticos, tanto por venganza, por recuperar espacios de poder o por objetivos antisistémicos y hasta secesionistas.

Al bloqueo de carreteras, saqueos, enfrentamientos con armas hechizas y bombardas, ataques incendiarios a infraestructura pública y privada, etc… se relanzó como método subrepticio el de la extorsión política. Hay evidencia al respecto que muestra cómo los extremistas violentos amenazaban a los pequeños y medianos negocios (panaderos, farmacias, ferreterías, mercados, ambulantes… y especialmente a los bodegueros) con cerrarles, apedrearlos o hasta quemarles las tiendas y locales si no se sumaban a las marchas o no daban un cupo económico para la “lucha del pueblo”.

Nuevamente, en el escenario de las “protestas pacíficas” a reactivarse a partir del 19 de julio, las denuncias sobre este delictivo proceder vuelven a darse.

“No queremos que nos infundan al miedo como fue en Puno, que realmente a varios socios nuestros nos coaccionaban a que demos un cupo para que mantengamos nuestro negocio abierto. El hecho de que vayan a tu bodega y te pidan un cupo para apoyar una marcha es una extorsión política, y si no contribuyes, te tiran piedras y te cierran el local. Nosotros tenemos registros en otras partes como en Huancavelica, principalmente en la zona sur”, dijo recientemente el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Andrés Choy (15/7/2023. Expreso).

“En los medios de comunicación local (Puno) Fenatep agita la toma de Lima. Los seguidores de Abimael Guzmán extorsionan a los comerciantes, si no colaboran los multan y a la tercera los botan del mercado. Nuestras fuentes señalan que ‘la Fiscalía les tiene miedo y que tienen cerca de 70 funcionarios en el Ministerio de Educación'”, anota un detallado y valioso informe periodístico (16/7/2023, Expreso. Perú21 también ha dado cuenta de la preocupación empresarial en Lima).

Lo que estamos viendo aquí entonces es una forma más de violencia que se desata descentralizadamente pero dentro de un conflicto político mayor (de intención nacional), instalando y expandiendo el temor entre la ciudadanía que no quiere ser obligada a marchar o acatar “paros” con evidentes fines políticos. ¿Qué se está haciendo para registrar estos eventos y recabar las denuncias sobre este tipo de amedrentamiento que socava la libertad social, política y económica?

Debe decirse que el terrorismo no solo es violencia política ejecutada, de daño físico. La amenaza de violencia también es una forma de terror político, la cual es considerada de manera central en gran parte de las leyes antiterroristas del mundo. Lamentablemente no es así en el Perú, donde se castiga principalmente “el hecho” (aunque muchos actos quedan impunes como la quema de juzgados y comisarías) y hasta la apología del terrorismo, pero se deja en segundo plano la amenaza verbalizada de violencia motivada políticamente. Este es un método al que el neosenderismo parece estar dado renovada forma como insumo que nutre su infiltración y su empoderamiento en la “protesta social” o la incitada conflictividad política.

Instrumentalizando la amenaza de violencia, los pokemones senderistas u “organismos generados” y otros extremismos (incluyendo al antaurismo o “radicalismo reservista”) bloquean también el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que les puedan hacer competencia y asuman la lucha ideológica prodemocrática en las regiones y en la capital. En este peligroso proceder pueden hasta involucrar de manera creciente a organizaciones criminales o delincuentes comunes como ejecutores contratados (hemos escrito al respecto en esta columna hace unos años). Es pues un atentado contra la sana libertad política ciudadana sin necesidad inmediata de, como antaño, colocar coches bomba y dinamita.

Los cobros de “cupos políticos” extorsivos que si no son pagados terminan o puede terminar en irreparables daños físicos o materiales son también otra forma de táctica terrorista cuando se despliegan dentro de un conflicto político mayor o en gestación.

Como señalamos en anteriores oportunidades en este espacio ya es momento que las amenazas de violencia con móviles políticos (sean de izquierda,  “centro” o de derecha), como son los casos que se están denunciando y otros que no salen a la luz pública, sean consideradas de forma más específica y explícita en la legislación antiterrorista peruana.

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