¿De «rondas políticas» a «narcorrondas»?
«Nos conminaban a no meternos con el Gobierno», dijeron los periodistas secuestrados y amenazados en Chadín, provincia de Chota, (Cajamarca) el miércoles 6 de julio.
¿Han actuado los ronderos dentro de su rol tradicional contra la delincuencia menor en las zonas que ocupan? No en este caso. Los periodistas no significaban una amenaza a su seguridad o sus propiedades.
Los ronderos en realidad han obrado con un fin político preciso: amedrentaron y forzaron a los periodistas a emitir un pronunciamiento retractándose de sus investigaciones y favoreciendo así la impunidad de Castillo y su entorno más cercano enlodados en serias acusaciones de corrupción. Con la violencia desplegada se trastocaron en el acto en brazos militantes, activistas al servicio del poder político presidencial. En peligrosas «rondas políticas».
¿Puede hablarse de un acto terrorista? El asunto es que el terrorismo suele ir contra un gobierno instalado particular o contra la oficialidad estatal en general; y lo que se está viendo aquí es a progobiernistas extremos ─en un afán parapolicial─ apostando a hacer viable el juego político autoritario del régimen.
La finalidad política y el violentismo ─incluso solo si fuese amenaza de violencia en contraste a la violencia ejecutada─ en el evento de Chadín, están ahí. Son innegables. Y considerando los precedentes de animadversión de Castillo, de sus aliados y sus seguidores contra la prensa y los opositores, se detecta un afán sistemático que parece buscar crecimiento dentro de un conflicto mayor.
En ese sentido, las fuerzas de seguridad institucionalistas (no las que están siendo infiltradas y controladas por el extremismo izquierdista palaciego), el periodismo independiente y la ciudadanía realmente democrática tienen que estar muy alertas si este tipo de casos se repiten o agarran peligrosa tracción en lo sucesivo. Debe tenerse presente que el terrorismo es una forma de violencia política. Una táctica que se perpetra gradualmente.
Hemos hecho referencia en este espacio a lo que además podría ocurrir si el prosenderismo de los aparentemente «distanciados» Castillo y Cerrón (y Bermejo) son expectorados al fin de Palacio de Gobierno (ver: «El chantaje de la violencia política si pierden el poder». M. Lagos. 4/2/2022. Expreso). En ese contexto, los extremistas internos y externos pueden cooperar en venganza contra el sistema político como se vio en Bolivia cuando Evo Morales fue desflemado por la población en 2019.
Un flanco de importancia no menor, un riesgo conexo a todo lo que estamos viendo no puede obviar lo que sucede en diversas zonas, sobre todo en las regiones norteñas del país.
Investigadores han señalado a Cajamarca, Amazonas y Piura como las regiones centrales del cultivo y la producción del látex de amapola (insumo para la heroína) que luego termina en la frontera con Ecuador. El narcotráfico parece haberse energizado en estas zonas en los últimos años (se ha advertido que «entre tres o cuatros narcos más poderosos del Perú provienen del mundo de la amapola»), montando redes delictivas que podrían involucrar tanto a movimientos políticos como a organizaciones de base social como las rondas campesinas.
El jueves último el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, cuantificó en 15 millones de dólares el financiamiento proveniente del narcotráfico para impulsar las recientes protestas contra el Gobierno Nacional. La violencia comprometió a sectores indígenas altamente politizados que intoxicaron los reclamos válidos buscando derruir a un régimen democrático como el de Lasso. Se ha acusado además al expresidente y prochavista Rafael Correa como un incitador del proceso. Como vemos, las organizaciones criminales no son ajenas a empujar también objetivos políticos.
En Perú, este tipo de penetración del narcotráfico en la conflictividad social puede corromper a ciertos sectores ronderiles conectando fines criminales y políticos. Hablaríamos entonces de una especie de «narcorrondas» en acción. Esperemos no suceda, aunque las dudas ganan espacio.
Llamar la atención sobre estos asuntos no es estigmatizar o criminalizar a las rondas como algunos dicen. Es advertir riesgos potenciales, de alta gama, que mal se haría invisibilizándolos.
Los peruanos alertas a la manipulación política autoritaria y respetuosos de la ley en las zonas rurales deben resistir y apartarse a tiempo de las fuerzas delictivas.
* Miguel Lagos es analista político.
@_mlagos_
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