Ecuador: Retorno del correísmo elevará ataques contra Perú
«Muerte cruzada» es la figura legal y constitucional (artículo 148, nunca antes usado) con la que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional hoy 17 de mayo en Ecuador.
No debe obviarse que Lasso ha procedido estando en medio de un juicio político que lo cuestionaba, desde la mayoritaria oposición correísta, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos en torno al contrato entre una compañía naviera estatal y una petrolera; contrato que en realidad se firmó durante el gobierno anterior de Lenin Moreno (2017-2021), otrora aliado de Rafael Correa y también su exvicepresidente durante su primer mandato 2007-2013.
El paso dado disolviendo legalmente el Congreso —que además reconfigurará abruptamente las líneas divisorias para la inevitable competencia eleccionaria que se viene— desatora el conflicto político de momento y permite desarrollar justas electorales tanto para el Legislativo como para el Ejecutivo dentro de un estimado de seis meses. Hoy pareciera que «se van todos», tirios y troyanos, pero Lasso aún gobernará vía decretos y hasta podría postular nuevamente.
Para la investigadora en temas económicos del Instituto Cato, Gabriela Calderón, ésta es una oportunidad para que el mandatario pueda «enfocar su (ahora breve) administración en tres reformas que fomenten el crecimiento a largo plazo: (1) apertura comercial (ya en curso), (2) integración financiera y (3) flexibilidad laboral». De hecho, el primer decreto firmado hoy pos «Muerte Cruzada», es el de una reforma tributaria para reducir impuestos a los emprendedores y negocios populares. Está por verse si la medida genera respaldo ciudadano inmediato al limitado régimen.
En la nueva etapa que arranca es vital que las instituciones se activen para neutralizar toda violencia con fines políticos que pueda surgir. No hay que olvidar que ya antes Ecuador vivió protestas brutales y probadamente infiltradas desde el exterior. Debe asegurarse que el método de la democracia se reaceite para facilitar un prudente y renovado tablero político que le dé la oportunidad de sanar al país. Veremos cómo actua la persistente extrema izquierda en este escenario. Por lo pronto, las Fuerzas Armadas respaldaron la decisión constitucional y se inhiben así de ser un actor politizado que fuerza el destrabe de las altas tensiones como ha sucedido en el pasado.
Mucho ha ocurrido en Ecuador desde que Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021. Lo que hoy se presencia es la explosión controlada —por ahora— de una crisis política no exenta de incitaciones —incluso externas— y variados cálculos por manipular la pauta de poder interna a conveniencia. Esto aplica, por cierto, a todos los actores del intoxicado proceso, sean gobiernistas o no.
En el caso de Lasso y su equipo, afanosos por hacer control de los daños crecientes que amenazaban su gestión y su popularidad, se distrajeron de una u otra manera de la efectividad que se esperaba a la hora de gobernar. Un clásico efecto del imprudente y hasta suicida juego político interno en los países latinoamericanos.
«Esta es la segunda vez que la oposición ha tratado de destituir al Sr. Lasso de la presidencia desde que asumió el cargo en 2021. Se ha enfrentado crecientes críticas y peticiones por su destitución de los grupos de la sociedad civil frente a las crecientes tasas de delincuencia, extorsión, secuestros y robos. Las pandillas luchan por el control de las rutas de drogas y han ganado un mayor control sobre las prisiones del país, lo que llevó a varios disturbios y masacres en los últimos tres años», anotaba hoy el New York Times en su edición digital sobre el asunto.
Y en otro campo, el más clave: ¿Quién puede ganar o cosechar políticamente en lo que viene del interregno? En la coyuntura, no puede desestimarse a un elemento que continúa condicionando los contextos incluso desde que Lenin Moreno —el antecesor de Lasso— era presidente: el influjo del correísmo probolivariano o castrochavist
Rafael Correa se encuentra desde el 2017 en Bélgica y asilado desde el 2022. Una posada dorada que le ha permitido evadir los procesos judicializados por alta corrupción en su gestión y hasta una sentencia de ocho años por cohecho en el sonado «Caso Sobornos» 2012-2016. Desde suelo belga, no obstante, no ha evitado polarizar y hasta complotar contra el sistema político ecuatoriano tal como hacen todos aquellos miembros anexados a la órbita izquierdista latinoamericana (capitaneada por Cuba y Venezuela) cuando no controlan directamente el timón de poder.
«Correa sigue siendo una sombra en la política ecuatoriana», resaltaba la analista política Arianna Tanca Macchiavello en 2019. Y aún lo es. Tanca lo acusa de haber generado «10 años de retóricas divisivas y revanchistas y de promover un retroceso económico y democrático en el país».
El llamado juego de riesgos hoy en Ecuador es que el correísmo autoritario ha ido recuperando descentralizado apoyo popular y puede incrementar sus posibilidades de éxito electoral a corto y mediano plazo. Si bien el expresidente ecuatoriano está imposibilitado de postular a cualquier cargo de elección popular, una recomposición de su influjo vía sus simpatizantes partidarizados (como el de Andrés Arauz, heredero izquierdista de Correa que perdió ante el derechista Lasso por apenas cinco puntos porcentuales en 2021) añade sin duda fuerza adicional al bolivarianismo regional de la «patria grande» ansioso por volver a controlar Ecuador.
En esa dirección es evidente el impacto que ello tendría en el ambito geopolítico y de las confrontacionales relaciones externas en esta parte del continente.
Y en un caso puntual: el empoderamiento o el posible retorno de las fuerzas correístas a la presidencia ecuatoriana reforzaría el ataque político proizquierdista y coordinado (con López Obrador, Gustavo Petro y Evo Morales como operadores-títeres y funcionales a las narrativas de Castillo y Cerrón) contra el Perú dirigido hoy por un gobierno boluartista incapaz o temeroso de pelear con el castrochavismo y su juego de tableros múltiples en Latinoamérica.
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