El chantaje de la violencia política si pierden el poder

Cuando en noviembre de 2019 Evo Morales tuvo que renunciar a la presidencia de Bolivia luego del denunciado megafraude electoral que le aseguraba retener la presidencia, sus seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) desataron una ola de violencia política como venganza.

Desde La Habana y Caracas el castrochavismo presenciaba cómo perdía una plaza de control regional clave y activó a sus células extremistas para incitar el caos. Las hordas pro-Evo fueron saqueando, incendiando, intimidando y agrediendo violentamente, cumpliendo la advertencia que el ministro de la Presidencia evista lanzara vía la agencia rusa Sputnik: «El país será un Vietnam» si sacan a Evo. (No les resultó por supuesto; aunque después y luego del mandato de once meses de transición de la hoy abusivamente detenida expresidente Jeanine Añez, los bolivianos volverían a colocar en la presidencia a un funcional exministro del MAS que garantizaría el actual contexto de impunidad de Morales).

Fueron días convulsos y grandes sectores ciudadanos bolivianos temieron y vivieron los desenlaces. Era el costo lamentable de haber permitido la instalación de un proyecto que fue consolidando una dictadura en funciones bajo la apariencia de que el cocalero presidente era un genuino «demócrata» y de que incluso «perfeccionaba y arreglaba las fallas» del crecimiento económico (eso sí, de las fallas del Estado, no decía nada). Toda una estratagema propagandística política e ideológica muy bien armada que facilitaba a la par ir montando una antiliberal dictadura política de infiltración institucional muy paciente durante casi 14 años de manipulación del sistema de conflictos internos.

Tres principales factores –entre otros– abonaron a que el proyecto reeleccionista ad infinitum de Morales no haya prosperado en contraste con lo que ocurrió con Chávez y acontece con Maduro. Primero, no logró controlar del todo a las fuerzas armadas y policiales. En Venezuela estas fuerzas unieron su destino –y los negocios oscuros y criminales– a la del dictatorial régimen político y civil. Segundo, no armó una «oposición» que le sea funcional a su sobrevivencia; que aparente oponérsele y acuda a los llamados de «diálogo» y «negociaciones» torpes y cándidas como las que han solido oxigenar al chavismo socialista en ya más de veinte años de dominio en Venezuela. Y tercero, no consolidó con efectividad a las fuerzas de choque violentas como los «colectivos» armados de civiles que administra el chavismo. Activistas prestos a «defenderla revolución» intimidando y asesinando a los opositores reales. Morales también los tenía, y los sigue teniendo, pero en mucha menor proporción.

Así pues, a fines de 2019 los factores internos ayudaron a expectorar al expresidente boliviano luego de una reacción ciudadana de casi todos los sectores sociales que rechazaban su confirmado fraude electoral. Mientras en contraste los factores externos sí se alineaban con él: ahí se vio cómo ese gran sector de la izquierda prochavista latinoamericana y mundial victimizaba –en España los podemitas se desataron por Morales– y continúa defendiendo con ardor y con la misma retórica al exdictador.

Guardando las obvias distancias, Evo Morales fue pillado tratando de robar una elección. Pedro Castillo, en cambio, está en la presidencia en funciones (aunque con millones de peruanos dudando aún de su «triunfo» electoral). Eso no quita que si se logran activar los mecanismos constitucionales que permitan una vacancia presidencial la violencia que operó en Bolivia no sea remedada en Perú.

El proceso peruano está sufriendo hoy una serie de tensiones acumulativas que más rápido de lo que muchos imaginan pueden volver a alterar las líneas divisorias políticas y en consecuencia la pauta de poder nacional.

La indignación y las impaciencias ciudadanas van rechazando la continuidad de un «gobierno» altamente tóxico, polarizante, inepto… ausente en su rol de gestión (inseguridad, salud, educación, inversiones…); con evidentes y crecientes signos de corrupción imparables y, sobre todo, de una naturaleza tan letal infiltrando a las fachadas organizativas de Sendero Luminoso en el aparato público.

Las exigencias para que en el Congreso las oposiciones reales al dúo cogobernante Castillo-Cerrón se activen para aplicar los mecanismos legítimos y constitucionales para la vacancia y, si esta se logra, será respondida por calculados desafíos violentos por todo el país como ocurrió en la Bolivia post salida de Morales y como sucedió en Chile en vía a instaurar una ya lograda Convención Constituyente. Es la bolivianización y la chilenización de las tensiones de las que hemos escrito con anterioridad en este mismo espacio como procesos de confrontación que se perfeccionarán en suelo peruano.

Al prosenderismo corrupto que amenaza con el incendio si es expectorado del poder, al chantaje violento —de contornos incluso terroristas con el antaurismo y otros calentando motores en las regiones— con fines políticos se sumarán extremistas internos y externos infiltrados.

Es inevitable ir considerando que puede ser alto el costo que los peruanos tendrán que pagar para remover a quienes se catapultaron gracias a la ingenuidad y la complicidad de los que les permitieron —incluso desde la prensa— vestirse de «demócratas» (mientras aparentaban coyunturalmente «calmar a los inversionistas» y al BCR) agazapando su real proyecto dictatorial vía sondeos lentos.

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