En un hecho sin precedentes en el mundo, aquí en el Perú, un fiscal pretende inhabilitar a un partido político con un proceso electoral ya convocado por el presidente de la República.

No existen argumentos constitucionales y menos jurídicos para apañar semejante patraña del fiscal Domingo Pérez, salvo un enfermizo y casi delirio contra Fuerza Popular (FP).

Basta con leer el Artículo 2do., de la Constitución Política del Perú, referido a los “Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho:”, inciso 17 “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”.

No es que defienda al fujimorismo –jamás lo haría- defiendo simplemente el Estado de Derecho, la Democracia y lo que preceptúa la jurisprudencia electoral, que considera vigente la inscripción de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas, siempre que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del 5% a nivel nacional en el último proceso de Elecciones Generales (Artículo 87, Ley Orgánica de Elecciones).

El pedido de la Fiscalía no existe dentro de la ley de organizaciones políticas, donde se establece que solo se puede inhabilitar a los partidos políticos por casos de terrorismo y narcotráfico.

La suspensión a la que hace referencia la Fiscalía es una figura que no aparece en la norma. Lo único que señala la norma es que un partido puede ser inhabilitado o perder su inscripción en el sistema electoral en caso de delitos de terrorismo, narcotráfico y delitos afines.

El Ministerio Público pretende sancionar en razón de otra norma jurídica, pero en lo que respecta al sistema electoral no le corresponde una sanción.

En la ley no existe la suspensión para un determinado partido político. Lo que sí existe y lo refrendo es la inhabilitación, así como la pérdida de inscripción del sistema electoral. Por el lado propiamente de los partidos esa figura no existe.

El pedido del Ministerio Público es desproporcionado, de repente quiere liquidar a alguna agrupación y eso atenta contra todas las agrupaciones. Esa solicitud podría ser un mal ejemplo para otros fiscales.

El fiscal José Domingo Pérez pidió al juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, Víctor Zúñiga, la suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular por el plazo de dos años y medio, en el marco del caso Odebrecht.

“A tenor de lo establecido en el artículo 113° del Código Procesal Penal en concordancia con el inciso 1, literal c, artículo 23 de la Ley N°30077-Ley de Crimen Organizado, el equipo especial de fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, el primer despacho solicita ante su respetable despacho, se sirva a disponer suspensión temporal de las actividades políticas por un plazo de dos años y medio”, se puede leer en el texto firmado por Pérez.

Si se aprueba esta solicitud del fiscal José Domingo Pérez en una audiencia, Fuerza Popular, no podría participar en los comicios del 2021.

Pérez Gómez investiga a Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos porque habría recibido un millón de dólares por parte de la empresa Odebrecht para la campaña de la hija de Alberto Fujimori.

La voz del pueblo no puede estar en manos de un fiscal, eso no es democracia, además no existen argumentos.