Terminando la década del ochenta el Perú estaba en una situación calamitosa. El salvaje terrorismo, la hiperinflación ‘con justicia social’ y un aparato estatal paquidérmico e hipertrofiado terminaron de petardear al país. En lo económico y social Perú era una suerte de Venezuela pero sin el componente dictatorial.

Si bien no hubo un éxodo de la magnitud de los venezolanos, muchos peruanos se obligaron a abandonar su tierra. García no pretendía quedarse en el poder. Las elecciones del 90 aseguraron el recambio. Así, Fujimori ganó con apoyo y aplausos apristas y de casi todas las izquierdas. Con habilidad lograron presentar a la centroderecha del Fredemo como un ‘cuco liberal’. Fujimori y su tractor entraron a Palacio de Gobierno.

¿Qué hizo el centroizquierdista Fujimori de 1990? Pues casi todo lo contrario a su plan de gobierno; y, además, lo único que quedaba para revertir la situación peruana: reabrir el país al mundo y dar luz verde a iniciales reformas liberales. Reformas luego abandonadas por los afanes de poder político y la pugna reeleccionista. Fujimori hizo [con escasa convicción puesto que nunca fue un liberal en todos los aspectos] lo que Macri, 25 años después, evitó hacer en Argentina para revertir las tóxicas políticas del peronismo kirchnerista: un ajuste económico serio y sin demora, sin hacer guiños al imprudente y suicida ‘gradualismo’ keynesiano. Con la apuesta ‘gradualista’, entre otros factores –como no haber comunicado a los argentinos sobre el desastre recibido–, Macri perdió al país y abonó al retorno del kirchnerismo prochavista al poder.

Las reformas peruanas a inicios de los noventas que contaron con el impulso de personas como Hernando de Soto, dieron un vuelco al país, sobre todo en la dinámica económica. La población ansiosa de mover los músculos se reembarcó en masa al emprendedurismo y al capitalismo popular. Hasta gente de izquierda, otrora anticapitalista, invirtieron en sus propias empresas. Y prosperaron.

El desborde popular y la crisis del Estado del que hablara Matos Mar no canalizaron a la gente hacia el ‘sendero’ del socialismo o el comunismo marxistas sino hacia ‘el otro sendero’ que muy bien describiera Hernando de Soto. La gente quería zambullirse en los mercados, aprovechar las oportunidades que las libertades económicas podían dar para prosperar. Tanto en Lima como en las regiones, sobre todo luego de la neutralización del terrorismo maoísta de la ultraizquierda.

El Estado no acompañó como se esperaba ese proceso esencialmente económico y de supervivencia, lamentablemente. La política, igual. Y es que en paralelo la economía empezó a ampliar la cancha, las oportunidades individuales, familiares y grupales. Fue una válvula de escape a las circunstancias entorpecedoras de la politización y el intervencionismo estatizante que caracterizó al país y que aún, de cierta forma, continúa haciéndolo. Años después, muchos lograron salir de lo extralegal –que no es sinónimo de ilegalidad–, mientras otros ocuparon esos mismos u otros espacios de informalidad independiente como los que todavía vemos.

El Estado y su labor de formalización económica y legal no accionó al ritmo de lo que se necesitaba o se quedó corto en gestionar las reformas necesarias para completar la ruta adoptada por el mayoritario impulso popular, desideologizado. A la par las reformas institucionales y políticas también brillaron por su ausencia. Los académicos estudiosos de la política, tan ariscos con las ‘tecnocracias de la macroeconomía’, se empantanaron en su esfuerzo de orientar una ruta también en ese sentido.

Los políticos, por su parte, nunca quisieron reformar aquel Estado, aquel Leviatán resistente a los cambios. Los efectos de una mala gobernanza los vemos hoy por todo el país. La corrupción dominó gran parte del escenario entre burócratas públicos, políticos funcionales y mercantilistas antiliberales. La historia es conocida.

A grandes líneas, el problema de fondo –y ampliándolo a nivel latinoamericano– no es pues el famoso ‘modelo neoliberal’ que redujo pobreza y desigualdad –según múltiple evidencia por ejemplo en Perú y en Chile–. Es el Estado, ahí donde controla deficientes servicios públicos o mal utiliza la riqueza distribuida. En Venezuela el modelo económico socialista sí provocó un verdadero Estado fallido. Y un éxodo de gente sin precedentes en la región.

Los entendidos han descrito cómo el proceso de apertura peruano fue algo similar al chileno. No obstante, hoy la informalidad en nuestro vecino [23%] es mucho menor que la nuestra [73%]. Pero la pobreza y la desigualdad se redujeron en ambos países. Esto por supuesto no se reconoce por cuestiones ideológicas y de revancha política. Lamentablemente.

La población informal peruana y chilena no avanzó pues hacia el socialismo, el comunismo o la ‘revolución’ proletaria o campesina; quizás ahí el motivo de la ojeriza política de muchos. La población se adentró más bien, a punche y sudor, en lo que no pocos llamaron la revolución capitalista: en los sistemas de mercado, de cooperación e intercambio para salir adelante. Con aciertos y defectos fue su alternativareal, pragmática para sobrevivir. Son esos sectores que siguen subrepresentados y que no cuentan hasta hoy con una orientación sostenida que impulse acuerdos para su reordenamiento y, sobre todo, que se encauce cívica y políticamente. Son bolsones junto a los sectores medios que también reclaman que los servicios públicos a manos de un aparato estatal mayormente despilfarrador y corrupto, funcionen al fin.

¿Cómo pagar impuestos si estos se pierden, con pocas y rescatables excepciones, por las alcantarillas de las colmadas burocracias públicas desde la costa a hasta la selva?, se preguntan. ¿Cómo hacerlo si ni siquiera pueden brindarnos seguridad ciudadana elemental?, demandan.

Quienes desde la política lean estos y otros anhelos en la dirección atinada tienen asegurado una gran cuota de representación y de apoyo electoral. A todos los plazos. De ahí a que organizaciones nuevas o las que pretendan una real renovación, presten mayor atención a estas fuerzas pujantes de todo tamaño que ayudaron a alejar al país –con sus más y sus menos– de lo que por ejemplo hoy ocurre en la colapsada Venezuela. O en la totalitaria y antiliberal Cuba donde se persigue y se sanciona a la mala todo tipo de emprendimiento privado o particular.

Los grandes sectores informales, populares y procapitalistas no son ‘el enemigo’ a los que hay que ‘combatir o destruir a todo costa’, sino a los que hay que seguir integrando sin estigmatizar.

Evadidos y mal interpretados durante años por las organizaciones partidarias y por los ‘reformólogos’ de la política, más afanados en arremeter contra al crecimiento económico o el ‘modelo neoliberal’, estos sectores constituyen, sin duda, campo fértil para seguir sembrando ciudadanía, república y el respeto básico por las instituciones.

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