¿El pacto Plaza Mayor-Plaza Bolívar?

El contexto actual de tensiones, vacancias, pactos, ‘reconciliaciones’, renuncias, protestas, etc., ha planteado dilemas imposibles a todos los sectores políticos y a la opinión pública que voltea, a uno u otro lado, tratando de ubicar una fuente de explicación que reúna todas las aristas. Una empresa difícil, por cierto.

Es notable sí que no sea un 100% de encuestados y solo un 78% [Datum. 12/01/2018] que diga que PPK “sí negoció con Kenji Fujimori para no ser vacado a cambio de indultar a Alberto Fujimori”.

Y es que, es una obviedad pues, que se ha estado ante un indudable proceso de negociación política, que si bien arrancó meses atrás, fue ejecutado por una cuestión de oportunidad elemental ante la adversidad presidencial en un hemiciclo congresal dominantemente opositor.

Fue en fondo y forma esencialmente político. Así como sus resultados inmediatos: PPK logró mantenerse en su instancia –al menos hasta ahora– y Kenji consiguió el objetivo primero de sus propósitos políticos: la libertad de su padre [su segundo propósito es ‘trabajar por libertades’, y el tercero, ‘dar gobernabilidad al país’]. Ambos actores ‘hicieron política’, y al proceder reconfiguraron todas las líneas divisorias y los espacios de poder.

Y ahí encaja la pregunta: ¿no es también ello de lo que trata la política? Brusco y controvertido para unos, audaz y canalizable para otros. Y es que, en la dinámica política, no solo los sistemas políticos buscan subsistir, también sus actores principales, de manera individual, usan el reajuste del poder administrando el alcance de los conflictos como factores de sobrevivencia crucial.

En medio de todo el desenlace, el hecho curioso es cómo el antifujimorismo –sobre todo el parlamentario–, con sus contradicciones, logró indirectamente liberar a su más encarnizado antagonista: Alberto Fujimori.

Sin duda, si algunas máximas se reafirman en este singular proceso es que la política es esencialmente impredecible, así como que la ingenuidad no es una de sus virtudes.

Pero la situación es compleja. Y sobrevivencia no es siempre fortaleza. Si bien queda margen para desenvolverse políticamente, están latentes las sospechas por las acciones del pasado. PPK enfrenta así la posibilidad de una tanda de conflictos mayores que exceden la capital. Las movilizaciones de la izquierda extremista que vienen ‘del campo a la ciudad’ –impulsando además una ‘refundación’ del país sobre una nueva Constitución– pueden infiltrar los escenarios y hacerse de réditos políticos en las protestas. Prosperar en medio de una relanzada ‘conflictividad social’. Más aún al ser magnificados por un sector periodístico que parece privilegiar un nuevo antipepekausismo mediático que no dará tregua.

En todo caso, el  determinante campo de contienda –o de viabilidad si la prudencia o la suerte acompañan– estará en el Parlamento. Ahí donde se verá, en una pulsión sin pronóstico, quiénes favorecen o no una gobernabilidad racional. Gobernabilidad trunca que se supone sería conducida por los favorecidos por el voto popular hasta el 2021. Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Es decir, dando posibilidad al hecho inobjetable de que fueron más de ocho millones y medio de peruanos los que votaron tanto por Peruanos por el Kambio [50.12%] como también por Fuerza Popular [49.88%] en la 2da vuelta en 2016. Amplios sectores que hacen inviable gobernar el país teniéndolos en un temerario proceso de antagonismo suicida en términos políticos. Suicida políticamente para el país. Ese es al final el tema de fondo.

Hay muchos por cierto que, con legitimidad, disgustan de lo que se ha llamado –desde la sociología antifujimorista– el pacto ‘Barbadillo-Choquehuanca’ o la ‘fujidependencia’ presidencial. Mientras muchos otros, también de manera legítima, esperan una suerte de pacto Plaza Mayor [Ejecutivo]-Plaza Bolívar [Legislativo], en pro de una madura y razonada salida a la polarización empalagosa que domina todos los contextos. [“Los peruanos estamos aburridos de peleas políticas”, resalta Alejandro Neyra, nuevo ministro de Cultura]. Un pacto tácito, ni siquiera declarativo y de funcionalidad práctica, que, prescindiendo de cogobiernos en realidad resistidos por los opositores o de ‘reconciliaciones’ retóricas, genere viabilidad efectiva –posiblemente cada vez más presionados por sectores importantes de la opinión pública– a las reformas políticas, económicas e institucionales pendientes en pro del ciudadano y sus problemas.

De hecho según Ipsos [14/01/2018], un 69% espera en adelante una actitud “de cooperación, de trabajo conjunto” o “de oposición responsable que apoye lo bueno y critique lo malo” entre el Congreso y el Gobierno. Solo un 25% espera a una actitud “de oposición radical que busque la renuncia o la vacancia de PPK”.

En ese sentido apuntan bien quienes señalan que la trascendente reconciliación es entre los poderes elegidos de manera democrática hace ya 18 meses y la población. De esa reconexión con la gente no solo dependerá la sostenibilidad del actual régimen hasta el 2021 –sea el presidente o los vicepresidentes finalmente los asidos al timón–, sino también la proyección de sus competidores políticos prosistema –en contraste al antisistema que pugnará por derruir todo–.

En las diversas coyunturas dadas y por venir, al margen de las interpretaciones –o las ‘salidas’– meramente normativas, jurídicas, ‘legalistas’ que se hacen de los códigos de la política, ésta se jugará en el decisivo ámbito de las percepciones de la opinión pública. Percepciones que finalmente son la base de la política real.

Crudo y duro, sentenciaba sin ambages, el diplomático H. Kissinger: “En política no interesa la verdad; lo que cuenta es lo que la gente percibe como verdad”. Y algo de ello, así no guste, mueve sin duda las actuales circunstancias.