Elecciones subnacionales: organizaciones criminales tras el poder político

Hace cuatro años, a la sazón de las últimas elecciones subnacionales, de las 196 provincias que tiene el Perú el 30% –60 provincias– estaban «expuestas a la presencia del crimen organizado» al momento de que las nuevas gestiones municipales asumieran sus cargos tras el proceso electoral del 7 de octubre del 2018.

Ese es uno de los principales datos que lanzaba la herramienta que mide el nivel de riesgo de la infiltración de grupos criminales a nivel nacional. Una valiosa base de análisis creada por el Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Escuela de Gobierno de la PUCP, Idea Internacional y reporteros de Ojo-Público.com.

Esta herramienta –con el que se elaboró un mapa de riesgo– «identifica, mide y clasifica» la infiltración del crimen organizado de «alta complejidad» y sus actividades ilícitas. El nivel de riesgo por provincia puede ser bajo, medio o alto. De acuerdo a la información publicada por el medio digital Ojo-Público, el cuadro de «mérito» 2017 con respecto a las de más alto riesgo iba así:

Trujillo (La Libertad): Tráfico de drogas / Sicariato.

Tambopata (Madre de Dios): Trata de personas / Minería ilegal / Ambiental.

Piura (Piura): Contrabando / Tráfico de terrenos.

Lima (Lima): Tráfico de drogas / Sicariato / Contrabando.

Lambayeque (Lambayeque): Tráfico de drogas / Sicariato.

La Convención (Cusco): Tráfico de drogas / Ambiental.

Huancayo (Junín): Contrabando / Tráfico de drogas.

Ferreñafe (Lambayeque): Tráfico de drogas / Sicariato.

Cusco (Cusco): Tráfico de drogas / Tráfico de terrenos.

Coronel Portillo (Ucayali): Minería ilegal / Ambiental.

Chiclayo (Lambayeque): Tráfico de drogas / Sicariato.

Calca (Cusco): Ambiental.

Arequipa (Arequipa): Tráfico de terrenos / Contrabando.

En contraste con lo que ocurre en la zona cocalera del VRAEM, era notable ver en el informe que la red de provincias norteñas que parte desde La Libertad (Trujillo) hasta Lambayeque (Chiclayo) y Piura (Sullana, Ayabaca) tenía los «índices delictivos» más altos del país.

Según la evaluación, por ejemplo Huancayo, la capital regional de Junín hoy en medio de una obvia descomposición de su incontrolado sector público (quizá con pocas excepciones), aparecía antes de las últimas elecciones subnacionales del 2018 como la «séptima provincia a nivel nacional con alto riesgo de infiltración del crimen organizado». Una actualización de la data debe mostrar sin duda evidencia creciente de la degradación estatal señalada por las desestimadas advertencias.

El tema es pues de enorme atención hoy en día. Antecedentes de no menor importancia en circunstancias preelectorales en ruta a elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales este 2022.

En el Perú existe toda una maraña de actividades delictivas que socavan no solo la seguridad interna y la tranquilidad del ciudadano de manera directa, sino que además tiende a penetrar los límites porosos de la política. Los nexos entre el crimen y ciertas organizaciones políticas van a consolidar redes de influencia y control que son muy difíciles de desmontar después. Sobre todo en contextos de alta corrupción judicial.

De otro lado –esto ya fuera del informe en referencia–, un factor complementario que no debe desestimarse es el de las acciones ilegales de ciertos grupos extremistas con motivaciones políticas que pueden estar conectando a la criminalidad organizada con redes subterráneas de terrorismo internacional; esto en pro de recursos financieros que luego son sacados del país (una réplica a lo que ocurre en la llamada «Triple Frontera» entre Brasil, Paraguay y Argentina donde opera, entre otros, el grupo proiraní Hezbollah). Cooperaciones y alianzas transnacionales ilícitas que también ponen en riesgo la seguridad regional.

En territorio peruano mucho puede hacer el elector, vía un voto informado y cauteloso, en intentar contener el influjo y el acceso de «representantes» delictivos y tóxicos a los poderes municipales, regionales y nacionales.

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