Evo y la Wiphala de poder en Perú

La recordada historiadora y autora del libro «Historia del Tahuantinsuyo», María Rostworowski (de ascendencia puneña por parte de madre), advirtió hace unos años: «Les doy mi vida, los incas no tuvieron esa bandera: esa bandera no existió, ningún cronista hace referencia a ella».

La Wiphala, la bandera que ha sumado candentes debates en los últimos días en Perú, y al margen de su uso identitario o cultural (de origen impreciso) posee una activa connotación política. Esto es innegable y colisiona con quienes insisten en invisibilizar esta condición.

Es pues un símbolo que adorna las estrategias de poder político del evismo en Bolivia y de sus asociados transnacionales y conflictivos. Su utilización extendida en territorio boliviano busca replicarse calculadamente en Perú, Chile, Ecuador y el norte de Argentina para inocular la división irreversible entre la población.

Durante años los peruanos se acostumbraron a ver la Wiphala sin problemas. Nunca generó tensiones serias y se veía como parte del ambiente colorido y cultural en algunas zonas del país. Hoy ha cambiado por su evidente direccionamiento e instrumentalización dentro del juego político de las extremas izquierdas regionales. Este juego avanza planteando desafíos violentos estimulados para la manipulación de las percepciones ciudadanas. ¿Cómo negar la dimensión política de este estandarte de la polarización?

Excediendo su uso ‘identitario’, detrás de la Wiphala se está concentrando un peligroso plan secesionista y el juego político de coaligados extremistas violentos (desde perulibristas, senderistas... hasta las fuerzas pro-Evo).

La bandera inclusive ha aparecido en escenarios previos altamente riesgosos en Perú: en 2005 en el Andahuaylazo de Antauro Humala; y en los campamentos del narcosenderismo del VRAEM junto a la hoz y el martillo comunistas en 2017. No es pues un símbolo exento de una alta carga política. Es decir, hace tiempo que sobrepasó — y hoy más que nunca— su dimensión «identitaria» o como elemento «unificador de los pueblos originarios».

La violencia dosificada en el sur peruano está enarbolando publicitariamente a la Wiphala. Un contexto complicado y que tiene hoy a porciones del territorio capturados políticamente. Ilave en Puno está, por ejemplo, «liberado» de la presencia de las fuerzas constitucionales del orden y el Estado de derecho. La ley fue suspendida por la irracional «fuerza popular» que se importó desde zonas bolivianas hipotecadas al evismo del gobernante Movimiento Al Socialismo, MAS.

En 2021, Evo Morales celebró el triunfo del prosenderista Castillo como propio (existen denuncias de que Castillo fue financiado por Morales en 2017 para impulsar las huelgas magisteriales). Llegó a Lima sin freno y tuvo a Cerrón como feliz anfitrión en el «pituco» y costoso restaurante Costanera 700 de Miraflores. Morales volvería a Perú en repetidas ocasiones, muy interesado en el sensible asunto de ley de la coca (con el congresista Guillermo Bermejo como gestor central).

A la fecha existe considerable evidencia que muestra las relaciones de cooperación de alta gama entre estas fuerzas extremistas sin importar fronteras (ver a propósito: «Evo, el puente externo entre el castrochavismo y Sendero Luminoso». 12/12/2021. M. Lagos. Expreso). Ya no pueden ser subestimados con ingenuidad. La Wiphala va instalándose, en la política operante y contenciosa, como el estandarte publicitario de estos afanes expansivos de Morales y su impacto en el sistema de conflictos peruanosCastillo y Cerrón han sido y continúan siendo tributarios de este proyecto autoritario.

¿Qué aguarda al Perú en lo sucesivo y en este aspecto? Las limitaciones de la extrema izquierda y sus funcionales para ampliar y hacer más críticas las revueltas son obvias (en el norte del país están en festividades y carnavales). En Lima, de no ser por los traídos con todos las gastos pagados, las «protestas» serían menores. No obstante no se detendrán (ahí el progresismo electorero y cómplice estará intentando justificarlas y mantenerlas todo lo que les sea posible).

Pero donde sí se concentrará toda la furia es en las infiltradas regiones del sur. Esa es quizá la próxima etapa nuclear de un peligroso separatismo territorial y administrativo que los peruanos deben ponderar con suma seriedad. Se prevé entonce el escalamiento de tensiones y hasta el involucramiento creciente de organizaciones criminales aplicando técnicas de terrorismo urbano en favor del plan político secesionista.

En ese sentido, el gobierno se obliga a crear los canales pertinentes para el acopio rápido de denuncias por parte de aquellos peruanos —amenazados y agredidos con fines políticos— que no comparten este letal proyecto divisionista.

«Nos federalizamos en Asamblea Constituyente o se abre el camino a la secesión del país», tuiteaba hace poco amenazante Vladimir Cerrón a quién la Fiscalía ha abierto investigación preliminar junto a Evo Morales y a Germán Alejo Apaza (exgobernador de Puno) «por los presuntos delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional».

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