A estas alturas del proceso histórico y político es una obviedad que el castrismo actúa como una fuerza trasnacional y que tiene ya —entre aplausos y «buena prensa» internacional— seis décadas de enorme influjo y dirección sobre las redes de extrema izquierda continental. El chavismo, por su parte, ya cuenta con dos décadas de trayecto. Ambas fuerzas se sueldan en aquel binomio que mucha gente en el continente americano —de norte a sur— insiste, lamentablemente, en subestimar o negar: el «castrochavismo».

En Perú, por ejemplo, no pocos sectores consideran que este doble actor ideopolítico —y ciertamente criminal— con epicentro en La Habana es un mero «cuento», un muñeco de trapo, un fantasma o un «cuco» del momento.

Pese a que existen desde hace años franquicias políticas internas (hasta en el Parlamento) que consideran a los Castro en Cuba y a los herederos de Chávez en Venezuela líderes de procesos de cambio verdaderamente «revolucionarios» y «democráticos», muchos niegan su existencia operativa y asociada.

De forma sorprendente no ha bastado el hecho de que Perú sea hoy el segundo país —después de Colombia— con el mayor número de refugiados venezolanos (alrededor de un millón); y, sobre todo, que haya sido el marxismo socialista bolivariano el causante de fondo de este éxodo penoso y sin precedentes.

Este tipo de afán en negar los hechos y lo obvio en vastos segmentos de la opinión pública no es solo peruano. Se extiende como es sabido a todos los países de la región.

Esta condición, entre otras, ha facilitado no solo una efectiva manipulación del alcance de los conflictos en pro de la radicalización y el extremismo izquierdista multinacional, sino la minimización de las agresiones a las libertades civiles y los derechos humanos en los últimos años.

Las relaciones de cooperación entre castristas y chavistas, no solo suponen un «matrimonio de conveniencia». En realidad forman una alianza estratégica de alta gama, de un grado superior de interdependencia. Si los «bolivarianos» impunes caen en Venezuela, el castrismo se hundirá poco a poco en el fango.

Hay que repetirlo: en Venezuela, bajo estricto asesoramiento cubano, se montó un proyecto de poder de largo alcance que no solo se fortaleció sobre la base de un «proceso revolucionario» e ideológico, sino que además, en ese andar, llegó a establecer colaboraciones tácticas y también reales alianzas estratégicas tanto con el narcotráfico como con el terrorismo internacional. He ahí la letalidad de este poder.

En agosto de 2019 se conocieron (Angus Berwick. Reuters) dos acuerdos firmados en 2008 entre el castrismo y el chavismo que confirmarían el amplio acceso de «Cuba al sector militar de Venezuela y la amplia libertad para espiarlo y reformarlo».

Fue Fidel Castro quien aconsejó y enseñó a Chávez cómo neutralizar vía el miedo y la paranoia, cualquier disidencia dentro de las fuerzas armadas que amenazaran su creciente poder. El espionaje y la infiltración cubana en las tropas venezolanas fue milimétrica. El resultado: los militares unieron su destino al de la narcotiranía asegurando la longevidad del proyecto político sin límites como el que se desenvuelve hasta hoy en suelo cubano. Maduro ha sido heredero de esos esfuerzos progresivos.

Luego de los conflictos violentos estimulados, sobre todo en asuntos políticos y económicos, en Ecuador (el presidente Moreno advirtió «que en Quito y en la Sierra hay gente que se está armando», El Universo 18/10/2019) y Chile en las primeras tres semanas de octubre de 2019 —calculadamente previos a los procesos electorales boliviano y argentino— la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado. En él señalaba sin ambigüedades: «Las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social».

Hoy en día el factor conocido como «castrochavismo» no puede ser excluido como variable de análisis geopolíticos sobre la región. Obviarlo muestra claramente una parcialidad que desmerece los análisis de la política. Y la dosificada conflictividad que ésta fuerza política transnacional exporta con audacia debe ser entendida sin confusiones y dependiendo del contexto en los que se está inyectando.

El subestimado castrochavismo administra el conflicto y su alcance con agilidad y no pocos cómplices regionales y mundiales. Logra así quitar atención sobre sus represivas realidades internas y hasta consigue que la narcodictadura en Venezuela sea elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos en la ONU.

Las evidencias de la existencia de una alianza efectiva entre las fuerzas que ocupan la atención de esta columna han sido abrumadoras en los últimos años. Su naturaleza ha sido descrita por diversos informes oficiales de agencias de seguridad e inteligencia, investigaciones periodísticas serias (de distintas corrientes), de análisis políticos y académicos, etcétera.

Ya es momento de que la opinión pública americana, de norte a sur, tome mayor cautela con respecto a este factor de poder no menor en el desenlace de los desafíos violentos que se están presenciando en nuestro hemisferio. Acciones de las que sin ninguna duda sus asociados antioccidentales (Rusia, China, Irán, Turquía) están valiéndose para amplificar sus objetivos desestabilizadores y de penetración.

En la coyuntura, al castrochavismo y sus cálculos de sobrevivencia e impunidad les urge un potencial e ingenuo facilitador indirecto: el estadounidense Joe Biden en el poder.