La reciente política peruana se asemeja a un dédalos de espejos. El juego de reflejos yuxtaponiéndose unos con otros distorsiona la visión de las cosas, a punto que percibimos sólo imágenes refractadas, en vez de la realidad tal como es. La desangelada polémica sobre la inmunidad de los altos funcionarios del Estado verifica plenamente la aprensión señalada.

Para escapar de este laberinto y sortear el enjambre de espejismos –que embrollan las mentes y confunden el accionar político– debemos recurrir a un ejercicio de desconstrucción, término acuñado por el filósofo Jacques Derrida. De este modo, caeremos en cuenta que el épico choque de Poderes resulta funcional con el ocultamiento de la debacle sanitaria y la crisis socio-económica. Aunque  el Gobierno pareciera confrontado, en verdad, ha logrado cambiar el foco de atención, por algún tiempo, aliviando las presiones sobre lo principal.

La cuestión de las inmunidades no acusa la gravedad proclamada por tirios y troyanos. El país no estallará si se ratificara la reforma constitucional, como no lo hizo México, cuyo Presidente renunció a sus fueros. Por supuesto, conlleva inconvenientes para el ejercicio de las funciones estatales de las altas autoridades. Razón de la discrepancia de este columnista con semejante desprotección, congresistas incluidos. Porque conforme a la ratio del silogismo: lo que es malo para el grupo, no puede ser bueno para alguno. Y viceversa. Los argumentos contra la eliminación de la inmunidad del Presidente, Ministros, Jueces y Fiscales Supremos y demás dignatarios aforados, vertidos en la paranoica grita oficialista, son los mismos que ameritan la permanencia de la inmunidad parlamentaria.

En consecuencia, lo que parece un debate de principios, para mejorar procedimientos y corregir excesos, es una patraña, una visión fantasmagórica para disfrazar la realidad. Si de veras se quisiera terminar con estas prerrogativas, no sería pernicioso su universalización. Cuando estos magistrados incurran en delito, el caso sería contemplado por la Corte Suprema de Justicia, sin necesidad del llamado ante-juicio parlamentario. Lo que deviene inaudito es que los congresistas no autoricen el enjuiciamiento de sus pares, pero sí lo hagan para las demás autoridades. Esta pretensión traduce un terrible despropósito: quebrar el principio democrático de la igualdad y romper el equilibrio constitucional entre los poderes del Estado.

El esfuerzo para desenmascarar la urdimbre de falacias que contaminan los hechos deformando su apreciación, nos devela el fondo de las cosas. Queda claro que detrás de los discursos, tan ditirámbicos como mentirosos, se agazapa la pérfida intención de debilitar al Poder Legislativo, para constreñir su rol contralor y usurpar sus funciones. Así se construirá un neo-presidencialismo exacerbado y autocrático, absolutamente ajeno a nuestra tradición republicana.