¿Maduro exportó al Tren de Aragua al Perú?

Observadores señalan que la evolución de Venezuela hacia un Estado criminal arrancó cuando Hugo Chávez enraizaba su permanencia en el poder hace 20 años. No se equivocan. Con Nicolás Maduro, su heredero, se llegó después a consolidar una “cogobernanza” territorial entre actores estatales o autoridades con grupos criminales. El fin era controlar a la población y “gestionar” con ventaja la escala de conflictos neutralizando a las reales oposiciones o disidentes políticos, sociales y económicos.

Hoy Venezuela tiene el 61% (A. Ray. 2023) de su territorio controlado por grupos irregulares en apogeo gracias a la impunidad que les otorga el narcoestado chavista. Hace unas semanas luego de estar en Cuba, Diosdado Cabello (segundo del “régimen” y por quien la DEA ofrece US$10 millones) dijo que la revolución “gobernará 200 años”. En Venezuela manda pues una fuerte alianza cívico-militar de signo criminal con poder político llamado el Cártel de Los Soles. A esta estructura suprema le son tributarios varias bandas delictivas que se dieron cuenta del potencial de introducirse en el (exportable) juego político interno. Pese a su encarcelamiento los cabecillas del Tren de Aragua, por ejemplo (presentes en 10 regiones peruanas), gozan de grandes privilegios en la cárcel de Tocorón (R. Rísquez. 2023). Hoy 20 de septiembre el chavismo recién hace un operativo calculado y hasta propagandístico por “recuperar” el control del búnker criminal.

¿Por qué la tiranía chavista los ha beneficiado por tanto tiempo? Es evidente un uso mutuo, relaciones de cooperación que habrían apuntado a la exportación de amenazas vía organizaciones transnacionales del delito. Fue tardíamente el mismo Maduro quien dijo en 2021 que uno de los jefes de la banda criminal la Cota 905 estaba en Perú. El mismo año el sicario “Coco” (quien decapitó a una de sus víctimas) capturado en Puente Piedra confesó a la Policía peruana que el armamento de guerra que tenía era de secuestradores extranjeros “financiados por el gobierno de Venezuela”. Otro hilo de tantas otras madejas.

¿Qué ganaría el chavismo exportando delincuentes? No poco. Haciéndolo abre una válvula de escape a los problemas de inseguridad ciudadana internos; se concentra así en bloquear a los opositores en el plano político. Ya en el exterior, los grupos delictivos pueden ayudar a desestabilizar a los países anfitriones. ¿Cómo? Criminales subcontratados o en coordinación con extremistas políticos (terroristas) pueden descarrilar los contextos y hasta las protestas pacíficas válidas en democracia, perturbar el proceso y el sistema político dosificadamente. Y otro desenlace en el plano económico e ideológico: por medio de extorsiones, cupos, secuestros, asesinatos, explosiones, “gota a gota”… se golpea a la ciudadanía que es fuente del emprendedurismo o capitalismo popular.

Sabido es que el socialismo bolivariano es profundamente arisco con las libertades económicas. Amenazando y ejecutando violencia se enmarroca mercados destruyendo los incentivos para invertir y producir. 400 mil peruanos migraron en 2022 quizá por la incertidumbre económica y la insoportable inseguridad ciudadana. Acierta el general Óscar Arriola, director de Investigación Criminal de la PNP al advertir que “los del Tren de Aragua son una organización sin ideología política, pero al servicio de la política, con nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —guerrilla colombiana—, y, sobre todo, a disposición del régimen chavista que los sometió desde sus inicios” (24/6/2023. Perú21).

No debe obviarse a las “disidencias” de las FARC que penetran la frontera nororiental en Loreto amenazando a las comunidades indígenas peruanas.

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