Los trágicos sucesos ocurridos en la fiesta clandestina en Los Olivos, desató la indignación y la crítica por la muerte de 13 jóvenes (12 mujeres y 1 hombre), pues se denuncia la mala praxis por parte de la Policía Nacional, la falta de fiscalización por parte del municipio distrital y la irresponsabilidad total de los casi 100 participantes en dicho local.

Pero a esta ola de buscar culpabilidades, se debe sumar la total responsabilidad de los organizadores de estas fiestas y dueños de locales, pues esta fiesta no era la primera realizada durante pandemia, han sido más fiestas en diferentes zonas de Lima, publicitadas a través de diferentes plataformas sociales, con desparpajo e ilegalidad.

Durante esta pandemia tenemos como norma que cualquier tipo de eventos públicos están prohibidos, pero sabemos que esto no se respeta, pues vemos los altos índices de contagios en las últimas semanas y teniendo un sistema de salud colapsado, sin camas UCI, sin balones ni plantas de oxígeno, con medicinas carísimas, el cuidado va a depender solo de uno mismo, sin embargo, esto fue un saludo de bandera, no solo este sábado, sino los anteriores, pues hay material informativo que evidencia que en ese local se habrían realizados eventos anteriores.

Es por ello que, escuchando las declaraciones del ministro del Interior, del alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos y sus funcionarios en las sesiones de Defensa y Fiscalización del Congreso, solo podemos advertir que no existió un trabajo coordinado como lo intentan justificar sus autoridades, que no se realizaron acciones de fiscalización constantes, pues han indicado que no tenían idea que en ese local ocurrían fiestas clandestinas, pues oh sorpresa, se enteraron ese día por la queja de un vecino.

No pretendo adjudicar responsabilidades, pues fue correcto que la Policía Nacional intervenga, pero al parecer si un plan de operaciones y diseño adecuado no es correcto y, aquí me pregunto ¿la PNP tiene una dirección de inteligencia? ¿Estas fiestas no vienen siendo mapeadas a nivel nacional, justamente para evitar descontrol?, estas situaciones originan este tipo de interrogantes.

Escuchar a un ministro decir que casi siempre convocan a los medios de comunicación para grabar las intervenciones, que se manejaron los protocolos de la manera más correcta, en general cero autocrítica, me permite señalar que debe haber una investigación administrativa e incluso disciplinaria para determinar si hubo transgresiones a los derechos humanos, pues no fue adecuado tampoco exponer a los jóvenes policías que estuvieron ese día. Además de demostrar que el trabajo de la dirección de inteligencia de la PNP no es competente.

Respecto al trabajo de la municipalidad, es indiscutible señalar que tienen una responsabilidad directa en los sucesos, debido a que el trabajo de fiscalización es completamente irregular e ineficaz. Escuchar decir a un alcalde que no tienen personal de fiscalización y serenazgo para hacer sus labores por falta de recursos y por ello no fiscalizó a dicho local, cuando sabemos que se incrementó en 15% los arbitrios municipales y que solo ejecuto el 54% de su presupuesto en el 2019, es completamente rechazable. Un alcalde sin bandera, que tiene más de 20 años de gestión, denunciado por diferentes hechos irregulares, pero que nuevamente por los propios vecinos es elegido y que no asuma ningún tipo de responsabilidad, es algo que no puede pasar por alto.

Y respecto a los dueños, promotores y organizadores, estos deben ser denunciados por el delito de homicidio simple, pues exponer al COVID a las personas, organizar fiestas clandestinas, lucrar con la vida y trabajar de manera ilegal, son suficientes sustentos para que el Ministerio Público no tenga que evaluar tanto tiempo para iniciar las acciones legales necesarias, no queremos responsables fugados o sin sentencia.

Era necesario intervenir dicho local, multarlos como corresponde, pues esas personas eran totalmente conscientes de la falta cometida pero terminar fallecidos, no creo que nadie piense que incumplir la ley terminaría en desgracia, sin embargo, estamos acostumbrados a caminar en el filo de la rendija, a pensar que si incumples la ley no pasa nada, pues con resultados como estos, debemos evaluar cómo estamos actuando como ciudadanos civilmente responsables.