Las antiguas amenazas y agresiones narcoterroristas en suelo peruano se focalizaron en la zona del VRAEM. Esta reducción hizo que muchos descartaran acciones ampliadas, fuera de este abrupto territorio. Y es esperable que esta amenaza tal cual se muestra hoy prosiga así, mayormente focalizada.

No obstante, apuntábamos en esta columna con anterioridad, no debe desestimarse que las cambiantes tensiones políticas empujen al extremismo violento remanente a acelerar su “participación” en el proceso político nacional.

Este ímpetu, por ejemplo, ya ha asomado cuando el 30 de mayo último el narcosenderismo salió de su “espacio territorial” para —después de 25 años y ahora en plena campaña de segunda vuelta electoral— volver a atacar una antigua radio en Tarma, Junín (ver: “Sendero Luminoso ataca a una radio opositora a Cerrón en Tarma”. 2/6/2021. Perú 21). Una acción de objetivos obvios y que pasó casi desapercibida para la ciudadanía pero que muestra riesgos no menores en el actual e impredecible contexto político.

La letalidad agarra tracción al conocerse que los senderistas remanentes estarían recurriendo a una suerte de subcontratación de sicarios o delincuentes comunes para atentar contra civiles incómodos no solo a sus intereses, sino también contra testigos o colaboradores eficaces con la justicia en los procesos de investigación a gobiernistas (Cerrón, Bellido, Bermejo) acusados de tener relación directa con el terrorismo.

«Fuentes de la Policía Nacional confirmaron la creación de un ‘destacamento especial’ en Sendero Luminoso para volver a retomar los asesinatos selectivos contra colaboradores eficaces y ciudadanos demócratas en distintas ciudades del país, entre ellas Lima», informó Expreso (20/10/2021) en referencia a la captura de Édgar Torpoco Ortiz (19) realizada el pasado 7 de octubre tras un seguimiento de inteligencia por parte de la PNP y las Fuerzas Armadas en Satipo, Junín.

Torpoco Ortiz «sería el sicario encargado de asesinar —y coordinar con otros sicarios— de forma selectiva por orden de los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM. Inteligencia dio cuenta de que dicho sujeto tenía en su mira a cuatro personas: un periodista de El Comercio, dos analistas en temas de seguridad y el testigo de un caso» (20/10/2021. Perú21).

Se estaría entonces ante un esquema en formación del llamado nexo terror-crimen: aquel en el que terroristas operantes usan a delincuentes comunes o sicarios (con objetivos económicos) para alcanzar fines políticos precisos. Los potenciales asesinatos selectivos en zonas urbanas (que no se ven desde hace mucho tiempo en el país) son parte de estos intentos de innovar y relanzar la violencia política.

Por otro lado, recordábamos también en este mismo espacio, cómo senderistas terroristas y narcotraficantes han estado actuando en beneficio mutuo durante años. Esto no es ninguna novedad. Desde casi mediados de los ochentas han colaborado sin escrúpulos. A este “matrimonio de conveniencia” es lo que se conoce también como narcoterrorismo (como ha caracterizado a las FARC —y ahora con sus mal llamadas “disidencias”— y al ELN en Colombia).

Durante mucho tiempo se dijo que detrás de éstas relaciones de cooperación ya no existían objetivos políticos. Así, los remanentes senderistas fueron etiquetados como simples “guachimanes” del narcotráfico. Esto ha sido un error.

Sendero Luminoso (hoy autonombrados “MPCP”) de los Quispe Palomino nunca renunció a las proclamas político ideológicas. Tampoco a los afanes de consolidar vínculos subterráneos con sectores políticos extraterritoriales que han apostado por la ruta electoral para acceder al poder legal. De esto se está conociendo mucho ahora gracias a las investigaciones policiales antiterroristas (como la que ha producido la Dircote) y de otras instancias de seguridad interna y fiscalías especializadas.

Hay pues en el VRAEM una confluencia siniestra de objetivos políticos permanentes y económicos de terroristas en asociación con narcotraficantes.

Otro flanco de error ha sido el de la perorata del establishment de “especialistas” y cierta prensa con sesgos politizados que instaló en la opinión pública la idea de que no había (ni habría) “terrorismo” en el VRAEM ya que no se atentaba contra la población civil.

Sin embargo, el extremismo violento y terrorista que obra en esa zona hace tiempo no menor ejecuta operaciones contra los civiles. No solo pues han enlutado a muchas familias de policías y militares (164 efectivos asesinados entre 1999 y 2019) sino además han atentado contra ciudadanos no uniformados.

Este 2021 inició lamentablemente con el saldo de cuatro civiles (dos menores de 15 y 16 años entre ellos) muertos el mes de marzo en el centro poblado de Huarcatán, distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta (Ayacucho).

El salvaje asesinato del domingo 23 de mayo de entre 14 y 18 personas (entre hombres, mujeres y niños después calcinados) en la jurisdicción de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo (Junín) en el VRAEM perpetrado por una columna senderista del autollamado “Militarizado Partido Comunista del Perú” (MPCP), reafirma la tendencia de acciones terroristas contra civiles. Ahí pues los secuestros, desplazamientos forzosos de la población por miedo, las amenazas de violencia y los asesinatos selectivos han retomado forma. Las pulsiones de contornos políticos no están ausentes.

Hoy el narcosenderismo debe estar pues preocupado por el escenario político nacional; uno donde sus posibles conectados podrían saltar todas las vallas y consolidar acceso directo al poder político oficial en la capital.

¿Puede esta especie de coalición narcoterrorista con sincronizados objetivos políticos y crematísticos plantear desafíos violentos directos fuera de la zona del VRAEM? Es posible (ahí está lo ocurrido contra radio Tarma a fines de mayo luego de haber sido amenazados por la “camarada Vilma”, quien además hizo lo mismo con los periodistas Milagros Leiva, Beto Ortiz y Jaime Bayly).

Pero, lo que sí puede concretarse de forma paulatina e indirecta, es la subcontratación para operaciones específicas de criminales y delincuentes en las zonas urbanas por parte del narcoterrorismo; más allá de su zona de influencia.

Estamos hablando de la coordinación y el financiamiento para perpetrar acciones de violencia política como el terrorismo urbano o el terrorismo low cost (y donde no se excluye el sicariato contratado con fines políticos). Una operatividad que penetra, se infiltra además en las tensiones nacionales para activar desafíos violentos (incluyendo incendios y saqueos) articulados y sistemáticos. Estos actos vía la infiltración de las protestas o la conflictividad social (donde se presiona para forzar “cambios” incluso de naturaleza “constituyente”).

Como ha sucedido en diversa gama o intensidad desde el 2019 en Chile, Ecuador y Colombia, el resultado perseguible de estas fuerzas oscuras es uno: el socavamiento progresivo de los sistemas políticos y económicos dentro de los países que les son adversos o poco propicios para sus proyectos de poder delictivos, ilimitados y totalitarios.

*Miguel Lagos es analista político y columnista enfocado en temas de riesgo y conflictos políticos, radicalización y extremismo político violento.

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