A estas alturas del proceso político que se inició cuando —sorpresiva y para muchos, sospechosamente— Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta electoral el 11 de abril, es una obviedad que se está ante un régimen vinculado a los órganos generados del primigenio Sendero Luminoso. El mismo Castillo agarró tracción política nacional hace cuatro años durante las huelgas magisteriales y como representante del Conare-Sutep, un apéndice del Movadef fundado desde las mazmorras por el desaparecido ideólogo terrorista Abimael Guzmán.

Estas conexiones —muchas veces desestimadas e incómodas de reconocer por ciertos sectores «centristas» y funcionales a la extrema izquierda— han llevado a no pocos a preguntarse si Castillo es el heredero «formal» del afán político y «legalizado» (o sea, ya infiltrado en el sistema político) del senderismo maoísta. Un tema espinoso que en algún momento se tendrá que ponderar sobre la base de la copiosa evidencia (policial, judicial, periodística) y de una gran dosis de objetividad en el análisis político.

Pero lo cierto es que la naturaleza del actual «gobierno» tiene innegables signos prosenderistas internos como procastrochavistas externos. Un juego político e ideológico doble, en dos frentes que tributa a la dinámica geopolítica y de poder regional. (Chile se suma otra vez a esta dinámica con el reciente triunfo del marxista Gabriel Boric y puede ocurrir lo mismo este año que viene en Colombia de ganar el ultraizquierdista Gustavo Petro como bien advirtió el comentarista cubano Carlos Alberto Montaner: «Si el presidente Iván Duque fracasa, en el 2022 lo sustituirá Petro. Será la llegada al poder de las FARC, del ELN y de los productores de cocaína. Toda esa patulea está esperando y contribuyendo al hundimiento del gobierno colombiano. Luego vendrá la demolición de las instituciones», apuntaba Montaner en 2019).

¿Cuáles son los soportes del actual gobiernismo de Castillo y Cerrón? Son varios, directos e indirectos. A grosso modo, van desde el que se hace presente en la calle y con violencia en los «conflictos sociales», pasando por cierta prensa, hasta aquel que se conoce como el «empresariado» mercantilista, negociantes de privilegios (en las antípodas, muy diferentes del empresario liberal). Hay quienes inclusive controlan escaños parlamentarios.

Cuando Hugo Chávez armó campaña, pero sobre todo, cuando se hizo del poder presidencial venezolano vía la ventana táctica electoral, diversos «empresarios» corrieron a darle su apoyo afanosos en lograr millonarios contratos y prosperar gracias al enjuague mercantilista entre políticos, burócratas estatales y negociantes inescrupulosos. Este mercantilismo es profundamente antiliberal: repele las economías abiertas de mercado y la competencia que le es inherente y esencial. Suele —contradiciendo la creencia tradicional que solo lo detecta en los regímenes «de derecha»— deslizarse con sumo éxito también dentro de los sistemas socialistas estatizantes que terminan interviniendo, dirigiendo a discreción la economía y enmarrocando los mercados y las libertades económicas.

Prestos a enchufar sus intereses crematísticos no dudan en dar sostén a dictadores en potencia o en funciones adulados por estos capitalistas de amigotes. Chávez los usó con efectividad mientras a la par iba planeando cómo deshacerse de ellos de forma progresiva. Muchos que le caían mal terminaron presos o huyendo del país y los que quedaron —ahora con Maduro— lo hicieron doblándose al poder político como sucede con el bambú para no romperse. La comunista Cuba, por supuesto, también es otro nido de mercantilistas internacionales. Con bolivarianos como Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua también se vio y se ve en acción a estos invertebrados rechazadores del genuino capitalismo liberal competitivo y antiprivilegios.

Hoy vemos cómo este tipo de mercantilismo «empresarial» va dando soporte al régimen prosenderista sin importar la creciente concentración de poder y la infiltración paralela de las instituciones.

Ignorarán sin rubor desde la siniestra opacidad en la gestión, la falta de rendición de cuentas y hasta las creciente agresiones a los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión. Sin importar latitud, esto se ha visto antes y se verá otra vez.

La ciudadanía prodemocrática tiene que tener cautela y advertir que cuando las batallas por venir en defensa de las libertades y la república se desenvuelvan, estas individualidades o grupos «empresariales» —tanto en las regiones como en la capital— en pugna por el presupuesto del capitalismo estatal a dedo, no serán de ningún modo elementos que se sumen a la defensa del sistema democrático liberal.

Son, en todo caso y desde ya, garantes y fuentes de contención a favor del proyecto político autoritario que el extremismo de izquierda —con Sendero Luminoso y hasta el MRTA consolidando espacios de influencia y poder— ha craneado con suma paciencia y no menor asesoramiento externo.

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