La designación del vladicastillista Guido Bellido como primer ministro del estrenado gobierno de Pedro Castillo ha encendido delicadas alarmas y tensiones crecientes en el país.

El riesgo no es menor: Bellido tendrá acceso a información privilegiada y altamente sensible sobre diversos aspectos de seguridad nacional (como los planes de operación e intervención de las fuerzas militares y policiales en todo el territorio, de los servicios de inteligencia como la DINI anexa a la PCM y donde yace data crucial sobre narcotráfico y otros desafíos criminales y violentos con objetivos políticos, entre muchos otros sobre relaciones y amenazas externas).

¿Cuál es el problema ante esta posibilidad que condiciona la seguridad interna?

Sucede que el flamante premier no solo está siendo investigado por apología —un negacionista verbal— del terrorismo senderista primigenio, sino también de una presunta pertenencia al senderismo remanente que actúa en el VRAEM. A pedido de la Policía contraterrorista la Fiscalía iniciará otra segunda investigación al también congresista de ‘Perú Libre’; esto a raíz de las declaraciones de Eddy Villaroel, alias ‘Sacha’, quien habría señalado a Guido Bellido, Guillermo Bermejo y al ‘desaparecido’ Alex Pimentel (el propagandista digital de los Quispe Palomino) como visitantes a los campamentos narcosenderistas del ‘Militarizado Partido Comunista’ afincados en el VRAEM.

El escenario de cuestionamientos es pues bastante crítico y los riesgos, de alta gama.

¿Qué garantías hay de que, de confirmarse las acusaciones en torno a las cuales hay incluso colaboradores eficaces (ver también el caso del parlamentario Guillermo Bermejo quien ha advertido la expulsión de la DEA antidrogas de suelo peruano), la información de seguridad e inteligencia no sea filtrada desde el Ejecutivo hacia los grupos narcoterroristas e ideológicos afines?

Una pregunta dura, pero legítima y que muchísimos peruanos se hacen en medio de circunstancias internas tan complicadas y donde los peligros son imposibles de ignorar. (Según revelan investigaciones policiales replicadas por medios periodísticos, el ministro de Trabajo del primer gabinete de Castillo tiene vínculos directos con el Movadef de Sendero Luminoso; un órgano ya no solo de radicalización sino de extremización del que también existe evidencia seria de sus nexos con los Quispe Palomino en el VRAEM).

Además, en el frente externo y completando el combo, el novato premier ha llegado a sentenciar abiertamente (sumado a sus registrados comentarios homofóbicos, misóginos y discriminadores) en los medios que en Cuba y en Venezuela existen ‘democracias’ operantes. Es decir, para el primer ministro y para otros dentro de la actual cúpula gubernamental no existen dictaduras en estos países donde innegablemente accionan modelos represivos totalitarios y antiliberales (el ahora canciller Héctor Béjar —exguerrillero y simpatizante político e ideológico del comunismo castrista— ha iniciado en ‘representación de todos los peruanos’ un ‘diálogo’ para la ‘recuperación íntegra de relaciones’ con la narcodictadura chavista que controla Venezuela).

Ante ello, quienes dicen izar banderas democráticas genuinas no pueden pasar por alto que se niegue la naturaleza probada y profundamente dictatorial y criminal que se hizo —durante años y de forma progresiva— del poder político en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como tampoco la complicidad funcional con estas dictaduras por parte de México con López Obrador, de Argentina con los Fernández-Kirchner y con los evistas en Bolivia.

Claramente pues la posible operatividad política del estrenado premierato lleva a sospecha a millones de peruanos que temen podría empoderar de forma subterránea a las redes extremistas internas (incluso delictivas, terroristas y de sus variantes tácticas como las amenazas de violencia) y externas en las que se pretendería embrollar al país vía sondeos lentos para forzar ‘cambios necesarios’ (según han resaltado explícitamente Maduro y Diosdado desde Caracas).

Avisado de estas legítimas dudas y crecientes desconfianzas ciudadanas, que Bellido —ya con el fajín— esté ahora reacomodado su narrativa contradiciendo todos sus antecedentes al decir que Sendero Luminoso sí ‘es una organización terrorista’ y que rechaza ‘toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos’, puede también ser solo un obvio gesto táctico para aminorar resistencias políticas a la hora de pedir el voto de confianza ante el Parlamento Nacional. El pan pues puede quemársele en la puerta del horno.

La opinión pública, por supuesto, tiene todo el derecho de seguir recelando, dudando seriamente de estos aparentes actos de ‘moderación’ discursiva con evidentes cálculos políticos.

Existe a la par un asunto que ubica el actual contexto en una paradoja que tampoco puede obviarse: el impedimento aprobado por el anterior Congreso (mayo 2021) para que investigados, procesados o sentenciados por terrorismo, organización criminal y otros delitos no puedan ser miembros de las comisiones parlamentarias de Inteligencia, de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Y tanto el congresista Bermejo como el congresista y también premier Bellido calzan en esta prohibición por estar vinculados a casos de terrorismo. ¿Cómo puede ahora el segundo lograr acceder a datos privilegiados sobre estos temas como titular del Consejo de Ministros? ¿Se pretende imponer a Bellido precisamente para sacarle la vuelta a esta pertinente prohibición?

Las oposiciones congresales prodemocráticas (que hoy representan a millones de peruanos que no votaron por el binomio Cerrón-Castillo) tendrán que ponderar con sumo cuidado este ilógico y riesgoso contexto si buscan neutralizarlo a tiempo.

Como hemos anotado en este espacio en repetidas oportunidades: la política no tiene a la ingenuidad como una de sus virtudes. Cabe recordarlo hoy más que nunca; sobre todo cuando se está ante potenciales y dosificados proyectos autoritarios.

*Miguel Lagos es analista político