¿Puede el garante de Castillo y Cerrón controlar la presidencia del Congreso?
«No avalaremos a Castillo ni a su gobierno corrupto», dijo esta semana César Acuña, el dueño de Alianza por el Progreso (APP), quizá pretendiendo facilitar su afán de hacerse del control de la presidencia del Congreso. Y es que, para cumplir ese objetivo, le es urgente «desmarcarse» calculadamente del cogobierno de Castillo y Cerrón al que ha sido funcional desde el 28 de julio de 2021.
Por cierto, no le será fácil concretar esa pretensión que podría ampliar su poder, ya que el grupo parlamentario apepista y el mismo Acuña han sido soportes, facilitadores constantes de la sobrevivencia del decadente gobiernismo. La opinión pública tiene cada vez más en claro la relación de convivencia y conveniencia establecida entre Acuña y Castillo.
¿Puede el garante —o mejor dicho, uno de los garantes— del prosenderismo corrupto de Castillo y Cerrón, hacerse de la presidencia del Congreso en el cercano proceso que definirá quién liderará ese poder del Estado?
El puesto no es nada menor, ya que de ocurrir por rebalse de la presión ciudadana la expectoración constitucional de Castillo y la inhabilitación de la vicepresidencia, será el presidente del Parlamento quien asuma el crucial proceso de transición política.
La oportunidad en todo caso de que el partido de Acuña logre su objetivo (vía un cuestionado Eduardo Salhuana u otra ficha política), pone en duda toda ruta de salida al empantanamiento actual. Por su cercanía, este grupo podría accionar en pro de la impunidad de los operadores del actual régimen, e inclusive, toda posibilidad de recambio político no conveniente a sus intereses compartidos.
Debe recordarse cómo los votos apepistas (como los de Podemos de Luna Gálvez, los del vizcarroide Somos Perú y «los niños» izquierdistas de Acción Popular) han servido para legitimar no solo cuantos gabinetes o ministros se han presentado, sino que bloquearon la vacancia legal reclamada por una creciente ciudadanía indignada por la descomposición moral y política de la presidencia.
Si el fin del prosenderismo corrupto de Castillo-Cerrón ocurre antes del 2026, quienes dirijan la transición política tienen que ser aquellas voluntades realmente democráticas —proliberales y antiextremistas— que prioricen la urgente curación institucional. Pero, sobre todo, que no garanticen la impunidad de los que se hicieron del poder en 2021 para montar un proyecto político autoritario, contrabandear a Sendero Luminoso en el Estado y saquear los recursos de los contribuyentes peruanos.
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