«Referéndum constituyente» y fraude en mesa

Las izquierdas parlamentarias y ciertos funcionales «centristas» no cesan su pugna por crear —incluso vía métodos violentos— el «momento constituyente» que lleve jalado de los pelos al país hacia su «refundación».

¿Por qué este enfebrecido e irrevocable afán que impide la estabilización del perturbado sistema político nacional? Varios son los motivos, pero sobre todo la urgencia de instalar un forzado debate constituyente que les da la chance de oxigenar su prédica ideológica —debilitada luego de la vacancia de Castillo—, su sobrevivencia política y su relanzamiento autoritario.

Conscientes de la alta resistencia de sus antagonistas en el Congreso y de la población (en una reciente encuesta de Ipsos-Wiñaq, 26/1/2023, solo un 5% de la población considera prioritario «impulsar una Asamblea Constituyente») intentan condicionar la «solución» a la coyuntura imponiendo sus planes incluso recurriendo a la violencia política organizada y financiada.

Las extremas izquierdas han perdido terreno con la salida de Castillo y Cerrón de la presidencia. Mantener vivas, irresueltas las confrontaciones refundacionales y constituyentes, les permite que su discurso no sea frenado; es decir, les es vital mantener activas las tensiones para evitar su inmovilización. Es por cierto, como ha ocurrido en otros países de la región, el objetivo central de la lucha política; una nueva Constitución (estatizante por supuesto) corona todo la retórica y los actos «gran transformadores». Es el trofeo supremo del juego de poder.

¿Puede llevarse a cabo un proceso electoral o de consulta vía referéndum sobre estas posibilidades teniendo un contexto de alta violencia política (hasta de signo terrorista y delictivo) desplegándose? ¿Qué garantiza un proceso de votación limpio y exento de amenazas y actos violentos que agredan y bloqueen la libertad política?

En 2019 los peritos de la OEA detectaron un fraude de tal magnitud que provocó la expectoración de Evo Morales tras casi 14 años en el poder. El Movimiento Al Socialismo (MAS) había cometido «falsificación de firmas, manipulación de actas (por ejemplo se verificó que todas las actas de un mismo centro de votación habían sido completadas por la misma persona del MAS) y hasta de los sistemas de transmisión informáticos de datos. En varias ciudades se adjudicaron hasta el 100% de los votos». «En el fraude electoral también se utilizó una cadena de custodia deficiente. El hecho de que hayan existido actas electorales quemadas evidenció la falta de coordinación (de los órganos electorales descentralizados) con las fuerzas de seguridad. Dado que en Bolivia no existe la posibilidad de recuento de votos, el resguardo de las actas electorales es un aspecto crítico para dar las garantías al proceso electoral”, advertían los informes sobre el crítico proceso boliviano (Despacho505, 2019).

En el Perú, y viendo cómo el evismo boliviano y castrochavista ha penetrado e intoxicado el contexto político sobre todo en las regiones, ¿cómo se impedirá un potencial fraude en mesa y de actas en el sur peruano (una adulteración de la votación que no llega a involucrar a los entes electorales como el JNE y la ONPE, pero que ocurre vía la manipulación en distritos y provincias)? Aquí cabe recordar que en 2021 el periodista Fernando Lucena reveló audios de Edwar Quiroga, cercano a Castillo-Cerrón y líder del Inkarri Islam con epicentro en Apurímac, «ufanándose de sus violentas aspiraciones insurgentes y de haber contribuido con el fraude en mesa».

Extremistas políticos violentos, activos y conectados con sectores criminales, ¿permitirán en las «elecciones adelantadas» la presencia de personeros y las campañas de otros competidores (incluyendo a los que defiendan la Constitución vigente), o seguirán avanzando vía las amenazas de violencia y el terror político en los hechos?

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