No debe descartarse que cada vez más sectores ciudadanos expandan los recelos de que el iniciado régimen de Pedro Castillo asegure la impunidad de los cuestionados expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

Las palabras “pacto de impunidad” han sido pronunciadas y pueden agarrar creciente tracción debilitando así cualquier intento o la supuesta “lucha anticorrupción caiga quien caiga” que el castillismo pro-Cerrón buscará autoetiquetarse a su favor.

No es a estas alturas ajeno para gran parte de la opinión pública nacional cómo en el país se fue instrumentalizando una conveniente politización de la justica para sancionar o contrarrestar a quienes incomodaban al poder que se montó en torno a lo que se ha bautizado como la “coalición vizcarrista”; un conglomerado de fuerzas que desde el 2011 que arrancó el cogobierno Heredia-Humala (el corto período del neutralizado y sí detenido PPK habría sido solo un bache en el camino) y hasta la encargatura morada de Sagasti se fue consolidando y logrando relocalizar el poder político, institucional y burocrático casi a discreción.

Como es conocido dentro y fuera, el Perú tiene a Alberto Fujimori preso; a Alejandro Toledo –al que se le habría facilitado el ‘escape’ según versiones cada vez menos especulativas– ‘procesado’ y sin retorno fijo; a Alan García empujado contra las cuerdas y quien optó por no prestarse al enmarrocamiento con fines de aniquilación política (como sí ocurrió con la excandidata Keiko Fujimori). Todo esto en contraste al amplio margen de acción política de Humala y Vizcarra, hoy sueltos en plaza y como potenciales candidatos futuros y hasta de ‘asesores presidenciales’ directos e indirectos pese a las enormes acusaciones por corrupción en su contra.

El lector debe haber escuchado un sinnúmero de veces aquella frase –atribuida a Benito Juárez–: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”. Que en adelante el régimen castillista –como lo hizo la administración Sagasti– adopte la mudez ante ciertas impunidades selectivas, lo desdibujan por completo como ‘abanderado’ de una genuina lucha anticorruptora como la que el país exige y merece.

*Miguel Lagos es analista político. 

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