Un 16 de marzo se decretó el estado de emergencia, agudizándose con ello la problemática laboral, debido a que el Gobierno dispuso casi 60 mil millones de soles en la reactivación de las grandes empresas sin aplicar medidas de protección para los trabajadores, más bien lo que hizo fue disponer el uso de sus fondos pensionarios y beneficios sociales para que superen esta pandemia, dando el mensaje que a las empresas la salvamos nosotros, ustedes sálvense solos.

El Estado aseguró que se aplicarían paquetes de medidas que protegerían a los trabajadores, que no se permitiría más desempleos ni el rompimiento de la cadena de pagos, sin embargo, eso no ocurrió, las empresas continuaron con sus políticas de “preservación del empleo”, enviando a sus hogares a los trabajadores con licencia sin goce de haber, enviándoles propuestas de racionalización mediante mensajes whatsapp (con menos sueldos o trabajos a medio tiempo) y cartas de despidos mediante correos electrónicos. A ello se suma la carta de la CONFIEP, plagada de vulneraciones laborales, donde ofrecían ideas al Ejecutivo sobre la forma más “diplomática” de formalizar despidos masivos.

Es así que, un lunes 14 de abril, el Gobierno aplicó la suspensión perfecta de labores (SPL) como una medida para evitar el desempleo y porque no se logró un acuerdo entre trabajadores y empleadores (como si el Estado le hubiera preguntando a cada trabajador si su empleador le permitió llegar a un acuerdo). Solo para hacer un paréntesis, la suspensión perfecta de labores está contemplada en la normativa laboral, como único recurso de las empresas ante situaciones fortuitas o de fuerza mayor por no contar con liquidez ni recursos, aplicando la medida de enviar a los trabajadores a sus casas sin pagarle remuneraciones.

Sin embargo, nuevamente, la norma quedó en el papel. Tras la publicación de las listas del Programa Reactiva, hemos visto como grandes empresas, a pesar de tener liquidez, enviaron a sus casas a trabajadores sin remuneración. No entendemos, porque el Estado no exigió a las empresas que usen sus ganancias, sus reservas de contingencias, sus flujos de ingresos, que paguen sus grandes deudas tributarias, que se preocupen verdaderamente de su fuente de trabajo: el trabajador nacional.

Por ejemplo, una de las empresas más solventes en producción de concreto premezclado, presentó su solicitud de suspensión perfecta de labores, proponiendo a sus trabajadores la entrega de préstamos pero descontándolos de su gratificación de julio de 2020. ¿Ósea les prestaran dinero de su dinero?

Los beneficios otorgados por el Estado a las empresas son muchos, desde la inyección de millones de soles, la suspensión de plazos y obligaciones ante la SUNAT, otorgamiento de créditos con intereses bajos y plazos de hasta 36 meses de pago, entre otros, que causa indignación que lo primero que hagan las empresas es aplicar a la suspensión perfecta de labores, pues ya son casi 100 mil empresas que han presentado sus solicitudes, sin conocer a la fecha quienes aplicaron o no, pues no se ha publicado la lista de empresas.

Para intentar solucionar la problemática originada por la SPL, el Estado aprobó la entrega de 760 soles a los trabajadores a cargo de ESSALUD, pero al no transparentarse que empresas aplicaron, los trabajadores no conocen que deben ingresar a la ventanilla única VIVA ESSALUD para aplicar al subsidio, agudizando su situación crítica, pues no trabajan y no reciben dicho apoyo. Esto es una burla, una vulneración total al derecho constitucional al trabajo.

El sector Trabajo debe exigir a las empresas respeto por los derechos de los trabajadores, a SUNAFIL el cumplimiento de sus funciones, debido a que deben multar a aquellas empresas que contravengan las disposiciones laborales y, respecto a la suspensión perfecta de labores, evaluar las solicitudes de manera objetiva, verificando que las empresas hayan agotado otros mecanismos para mantener el vínculo laboral. Asimismo, el Estado deben cumplir con abonar el subsidio a la brevedad posible, el hambre y la necesidad no tienen plazo de espera.