¿Un partido contraestatal?

Es positivo que cada vez más se escuchen las exigencias al rol del Estado en solucionar los enormes problemas nacionales desbordados. Hay incluso planteada una ley para interpelar en el Congreso a los gobernadores regionales que, o no ejecutan o lo hacen incontrolados, sin rendir cuentas de gestión. Igual sucede con los alcaldes provinciales y distritales.

Ir colocando al sector público y a su fría y muchas veces venal burocracia como el epicentro de los reclamos sociales va en el sentido de instalar el mensaje central que puede dar tracción a diversas cambios atascados en el país: “Hay que poner al Estado al servicio del ciudadano y no al ciudadano al servicio del Estado”.

Y para que ésta idea se impulse y cale, la opinión pública advertida y la prensa (aquella fiscalizadora y no la selectiva con el poder político de turno) irán poniendo más reflectores para que los actos de corrupción, la ineficiencia y el despilfarro de los recursos aportados por los contribuyentes privados vía impuestos, puedan ser denunciados y sancionados por un sistema judicial y penal también crecientemente presionado por resultados.

Está pues incubándose entre la ciudadanía, y no solo en la capital, el fuerte rechazo a tener un Estado convertido en un botín. He ahí la fuente de una narrativa efectiva que cualquier partido político alerta y audaz sobre todo de tendencia liberal puede diseminar sin temor entre el electorado.

Una de las grandes habilidades que tuvieron durante años —y aún lo tienen— las fuerzas políticas de izquierda y hasta las extremistas y antisistémicos en el Perú (lo cuál explica parte de su éxito comunicacional o “narrativo”), es haber redireccionado las válidos demandas y hasta los malos humores de la población contra el esquema de crecimiento económico y las inversiones privadas, NO contra las pésimas gestiones estatales. Así, mientras se resaltaban las “fallas del mercado” se invisibilizaban las enormes e intocadas “fallas del Estado”.

Por rápido efecto este ataque político de alcance nacional y de signo ideológico no menor incluyó al régimen económico y a la actual Constitución que lo contiene. La Asamblea Constituyente (como ocurrió en Chile en medio de la violencia incitada e infiltrada) era y es el trofeo supremo de estos planes “refundacionales” o “gran transformadores” (los etnocaceristas y otros activistas se pasearon por ejemplo sin contrincantes efectivos por costas, sierras y selvas polarizando al respecto. Ver a propósito: “Con megáfono y sin soroche”. M. Lagos. 8/12/2012. Expreso).

No obstante estos esfuerzos de manipulación de las percepciones ciudadanas para distraer o bloquear el que se pueda ver a la hipertrofiada gobernanza como la real culpable de los problemas nacionales irresueltos, van mostrando sus limitaciones. ¿Qué organización política hará suya de forma explicita y principal esta tendencia de reclamos en gestación contra el pesado Leviatán estatal?

Es posible que poco a poco veamos la aparición de lo que podría designarse como partidos contraestatales los cuales toman y canalizan la respuestaexigencia desde la población para que las gestiones públicas funcionen y muestren rendimientos concretos (infraestructura, seguridad, salud, educación), Son las contrarrespuestas no al “modelo económico” que ha funcionado creando los medios necesarios, sino al palabreo demagógico y a la inoperancia del Estado a todo nivel.

No hablamos aquí de partidos antiestatales, que serían distintos, en el sentido que éstos buscan la ilusa desaparición anárquica de la función del Estado ahí donde debe obrar (no en la creación de empresas públicas “estratégicas”, por ejemplo).

Las organizaciones políticas contraestatales en cambio acopian y redirigen entonces respuestas-exigencias desde el votante de a pie. Buscan representar la creciente demanda poblacional (como la que hemos visto en torno a la incapacidad de reacción frente al desastre de las lluvias y a la corrupta “reconstrucción sin cambios”) por tener un sector público muscular, no adiposo, operante, no entorpecedor de las fuerzas productivas, de políticas públicas de resultados y racionalmente regulador. Una administración pública haciendo uso serio y fiscalizable de los recursos generados precisamente por el crecimiento privado que, caprichosamente, el izquierdismo autoritario busca ralentizar o destruir.

Hace nueve años, y al respecto, sugeríamos (ver: “El arte de la ambigüedad”. M. Lagos. 19/3/2014. Lampadia) no dejar de observar con atención el proceso chileno. El famoso “octubrismo” de 2019 marcó el pico alto de la violencia organizada que creó el momento constituyente “refundador”. En Chile pues se cometió el error de creer que los positivos efectos del “modelo” o el sistema abierto, político y económico, se defenderían por sí solos. Se subestimó el impacto ideológico y político incitado con suma paciencia por las fuerzas de izquierda (algunas coordinadas incluso desde el exterior) y sus funcionales “centristas”. El freno aún no ha acabado pese al rechazo vía plebiscito de una “nueva” y caprichosa Constitución proestatista el 4 de setiembre de 2022.

Que en Perú esos afanes se hayan contenido con el desfleme de Castillo-Cerrón de la presidencia no implica que hayan cesado; de hecho pueden estar reformulándose sobre todo desde el sur del país.

En ese sentido, el impulso de una narrativa que exija al fin concreción al aparato estatal refractario al cambio está principalmente en las organizaciones partidarias que tengan el sentido de oportunidad de hacerla suya (la prensa responsable acompañaría el proceso).

En ese sentido, la posibilidad de la aparición de potenciales y exitosos partidos contraestatales es alentadora. Este esfuerzo activo puede alcanzar considerables niveles de pragmatismo liberal integrador en lo socioeconómico y una expectante eficacia política competitiva y electoral.

En este punto hay que decir que aciertan quienes han coincidido en que “la inversión privada es lo que va a sacar adelante al país… no haber reducido las brechas que tenemos, no es un tema de la Constitución, es un tema de ineficiencia pública”. Así de simple.

Finalmente, solo una advertencia que debe acompañar estos esfuerzos y que tiene que ver con un factor tercamente subestimado: el de la violencia políticamente motivada y con nexos a redes criminales intoxicando el proceso político. Y en este campo hay mucho por informar a la ciudadanía aun más en las regiones… mucho, mucho más allá de la capital.

Es lo que por cierto no se hizo en territorio chileno, comunicar a la población sobre la naturaleza de fondo de los peligros antisistémicos, ahí donde los desafíos violentos hasta de signo subversivo y terrorista van incrementando su despliegue (solo como “violencia rural” lo etiquetaron quienes minimizaron los riesgos en el vecino país).

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