Una Asamblea Constituyente distraerá los avances de corruptos y autoritarios

Cierto es que el régimen con sus operadores ideológicos en el Ejecutivo, el Legislativo y en las regiones no necesita en estricto de una nueva Constitución para lograr objetivos políticos progresivos. Lo han venido haciendo desfigurando el Estado de Derecho (al respecto ver texto de O. Sumar: «La Constitución ya fue cambiada, solo que no nos dimos cuenta». 22/01/2022. Diario Gestión); aunque siempre tratando de provocar el «momento constituyente» que replique lo que por ejemplo está ocurriendo en Chile con la Convención hegemonizada por las corrientes estatistas de izquierda.

A la fecha, las encuestas muestran que un grueso de peruanos quiere la renuncia o la vacancia presidencial. No otra carta magna. Pero de lograr el gobiernismo incitar y activar un proceso —incluso vía desafíos violentos coordinados en las calles— en el que la ciudadanía se rinde ante la presión, ese escenario le da el marco conveniente para distraer con mayor efectividad los afanes ideopolíticos, el plan autoritario y el obvio desfalco impune de los recursos públicos como los que se está presenciando.

Nada entretendría más a la población, a los políticos y a los medios funcionales que una polarizante Constituyente convertida en conflicto dominante sobre otras tensiones desplazadas que van dejando así de amenazar la sobrevivencia del régimen.

Como es sabido, los grupos de corte antisistema y extremista —no pocos de ellos han actuado por años dentro del sistema para socavarlo— han tenido como objetivo supremo «refundar» el país vía una Asamblea Constituyente.

Aquello fue su constante ilusión, lo que les quitaba el sueño. En paralelo pugnaban por llegar al gobierno central. Habían, por supuesto, logrado algunos acceder a los gobiernos subnacionales (allí rompieron las normas vía pillerías, montaron ensayos de microdictaduras contra los antagonistas políticos y periodísticos y los más piñas, hasta asumieron prisión). Pero el anhelo de proyectarse políticamente hacia la capital, más allá de las simples curules parlamentarias, se empollaba pacientemente.

Era obvio que el estresante proceso político del 2021, el cual les daba la posibilidad de hacerse del timón gubernamental, los elevara un peldaño más en la escalera al éxito del poder permitiéndoles «removerlo todo» para «refundarlo todo».

Al llegar al Ejecutivo —y complementando su base congresal y social— el afán constituyente buscaría instalarse como el conflicto mayor, superior que desplazaría cualquier otro tipo de tensión que intentara hacerle competencia. Así, impulsado por sus constitucionalistas ad hoc, sus analistas y su prensa oficialista, se distraería a una población urgida por ver solución a los problemas más inmediatos: las consecuencias de la terrible crisis sanitaria y el entrampamiento económico.

¿Qué más crucial que esos dos problemas nacionales? ¿Acaso la redacción de una «nueva Constitución» en realidad innecesaria los solucionará discursiva y mágicamente? De ningún modo.

El plan es en verdad antiliberal, profundamente estatista dentro de un proceso «revolucionario» que se impulsa con un pie en la presidencia y otro en la violenta conflictividad social (la arremetida contra las inversiones mineras es la punta del iceberg).

Es pues el poder hegemónico, el control de la pauta de poder lo que los mueve y los aparta de la efectiva gobernanza.

La confrontación, los encarnizados debates previos, y de concretarse después la famosa «Asamblea Constituyente», no solo distraerá y tapará la enorme incompetencia de gestión pública, sino sobre todo la hipercorrupción descentralizada de la que será víctima —otra vez pero en mayor dimensión— el contribuyente peruano.

A la par de la cantaleta por una «nueva Constitución», el impulso de un proyecto vertical y progresivo, gradualmente autoritario contra las instituciones republicanas y las libertades en general reta a la mala el futuro político nacional.

Y como bien debe saber el lector, «a menos libertades, menor es la sostenibilidad de un gobierno exitoso»

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