Los grupos de corte antisistema y extremista —no pocos de ellos han actuado por años dentro del sistema para socavarlo— han tenido como objetivo supremo «refundar» el país vía una Asamblea Constituyente.

Aquello fue su constante ilusión, lo que les quitaba el sueño. En paralelo pugnaban por llegar al gobierno central. Habían, por supuesto, logrado algunos acceder a los gobiernos subnacionales (allí rompieron las normas vía pillerías, montaron ensayos de microdictaduras contra los antagonistas políticos y periodísticos y los más piñas, hasta asumieron prisión). Pero el anhelo de proyectarse políticamente hacia la capital, más allá de las simples curules parlamentarias, se empollaba pacientemente.

Es obvio a estas alturas del estresante proceso político que la posibilidad de hacerse del timón gubernamental los eleve un peldaño más en la escalera al éxito del poder que, ahí recién, les permitiría «removerlo todo» para «refundarlo todo».

De llegar al Ejecutivo —y complementando su base congresal y social— el afán constituyente buscará instalarse como el conflicto mayor, superior que desplazará cualquier otro tipo de tensión que intente hacerle competencia. Así, impulsado por sus constitucionalistas ad hoc, sus analistas y su prensa oficialista, se distraerá a una población urgida por ver solución a los problemas más inmediatos: la terrible crisis sanitaria y económica.

¿Qué más crucial hoy que esos dos problemas nacionales? ¿Acaso la redacción de una «nueva Constitución» en realidad innecesaria los solucionará discursiva y mágicamente? De ningún modo.

Puede haber, es cierto, algunos actos iniciales en nombre de la «justicia social». Es el capítulo primero del manual probolivariano (Chávez hasta dictó una «Ley de Igualdad de Oportunidades»); pero serán más cosméticos que verdaderamente liberadores, de fondo.

El plan es en verdad antiliberal, profundamente estatista dentro de un proceso «revolucionario».

Es pues el poder hegemónico, el control de la pauta de poder lo que los mueve y los aparta de la efectiva gobernanza.

La confrontación, los encarnizados debates previos, y de concretarse después la famosa «Asamblea Constituyente», no solo distraerá y tapará la enorme incompetencia de gestión pública, sino sobre todo la hipercorrupción descentralizada de la que será víctima —otra vez pero en mayor dimensión— el contribuyente peruano.

Además lo más peligroso: el avance de un proyecto vertical y progresivo, gradualmente autoritario contra las instituciones republicanas y las libertades en general.

Y como bien debe saber el lector, «a menos libertades, menor es la sostenibilidad de un gobierno exitoso». Pobre Perú.

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