El pasado 3 de agosto escuchamos el discurso del premier Cateriano por el voto de confianza denominado En la Crisis, Esfuerzo y Unión, en el cual en sus 46 páginas solo se hace referencia al crecimiento y desarrollo de la inversión privada, en donde la minería es la columna vertebral de la economía, pero sobre la lucha contra la violencia, feminicidios, trata de personas, violaciones sexuales, prostitución, mujeres desaparecidas NADA, solo 81 palabras, para señalar que se crearan 4 CEM en las comisarías.

Esta pandemia ha desnudado la precariedad de los servicios e instituciones públicas relacionadas a la lucha contra la violencia, con una Línea y Chat 100 insuficientes, las comisarías no han respondido de manera óptima, los centros de salud no han atendido ni entregado los kits de emergencia frente a las violaciones y con operadores de justicia que han coadyuvado al abuso de las víctimas, otorgando libertad a violadores, no condenando como corresponde un feminicidio y aplicando medidas de protección tardías.

Es responsabilidad del Gobierno atender de manera concreta y oportuna la lucha contra la violencia, trabajar desde la prevención, otorgar herramientas a las víctimas, en el marco de la Constitución y tratados internacionales, hasta el CIDH lo ha exhortado a actuar de inmediato, sin embargo, el Ejecutivo hace todo lo contrario pues no solo la curva del COVID 19 aumenta sino la curva de la violencia. Durante pandemia 915 mujeres están desaparecidas, hay 55 feminicidios, 400 niñas madres por violación, un niño es violado cada 2 horas, más de 70 mil llamadas por abuso sexual y violencia, pero estos problemas álgidos no figuran ni en el último mensaje presidencial ni en las políticas del gobierno Cateriano.

Argumentar falta de recursos es mentir, porque presupuesto para erradicar la violencia hay, el Minsa tiene más de 8 millones, el MININTER más de 3 millones, el MINJUS más de 9 millones y el MIMP tiene 574 millones y casi 5 millones más para subsidios para víctimas de feminicidios, pero no hay transparencia del Gobierno, no se informa a los ciudadanos como y a donde se enfoca el gasto para acciones de reducción contra la violencia, porque las estadísticas y la realidad nos dice que se ha hecho muy poco o casi nada. Crear centros mujer como política de gobierno es caminar a ciegas, porque las mujeres, los niños y niñas víctimas de violencia requieren protección, herramientas, no profesionales mal pagados o policías sin empatía.

Con más ahínco y con más fuerza debemos exigir respuestas, transparencia en el gasto, las miles de mujeres violentadas, los niños y niñas abusadas, requieren acciones concretas, hogares de refugio, subsidios reales, capacitación y trabajo para lograr independencia económica, becas para estudiar, no migajas del Estado, no más promesas, ni discursos vacíos y ausentes.