Alfredo Vignolo

Acerca de Alfredo Vignolo:

Periodista; Presidente de la Fundación Ética Periodística y Presidente de la Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de Grau.





DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDAD

  • Fecha Martes 13 de Agosto del 2019
  • Fecha 8:48 pm

La Carta Democrática Interamericana, fue aprobada en septiembre del 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima.

Como instrumento supranacional proclama como objetivo el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte el Estado de Derecho en un país miembro, constituye “un obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en las instancias de la OEA.

La Carta Interamericana implica en lo político, el compromiso de los gobernantes con la democracia teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. En lo histórico, recoge los aportes de la carta de la OEA. En lo sociológico, expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia y en lo jurídico, aunque se trate de una resolución y no de un tratado, es claro que no es una resolución cualquiera, porque fue expedida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.

Reconoce además, que la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia dentro del respeto del principio de no intervención.

Los Jefes de Estado de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en abril del 2001 en Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de las Cumbres de las Américas.

En el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los ministros de RR.EE. expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos para asegurar la promoción y defensa de la democracia dentro del respeto del principio de no intervención y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización.

La Carta Democrática señala en su  Artículo 1 “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

El Artículo 2 contempla que “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

La ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional constituye, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General.

“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, lo prevé el Artículo 20.

Pareciera que el ministro de Relaciones Exteriores no sabe de esto y menos el premier o el presidente de la República.

Por lo tanto están notificados.

 

 

 





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