Alfredo Vignolo

Acerca de Alfredo Vignolo:

Periodista; Presidente de la Fundación Ética Periodística y Presidente de la Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de Grau.





Vizcarra en la cuerda floja

  • Fecha Lunes 21 de Enero del 2019
  • Fecha 2:28 pm

La congresista Yeni Vilcatoma revoloteo más el gallinero político y pidió la renuncia del presidente de la República Martín Vizcarra al afirmar que ha incurrido en una serie de mentiras, entre ellas haber continuado con sus funciones en su empresa (CyM Vizcarra) cuando tenía un cargo en el Estado (Vicepresidente de la República, ministro de Transportes y Comunicaciones y embajador del Perú en Canadá). Además, mencionó que tiene información sobre presuntas coimas relacionadas a su entorno.

“Tengo información muy delicada al entorno del señor Martín Vizcarra sobre el presunto cobro de coimas a alcaldes” (…) “Tengo información sobre el presunto pago de coimas por personas cercanas a Palacio y yo estoy haciendo una investigación profunda” (…) “Esa denuncia la presentaré más adelante pero sigo recopilando información”, dijo la congresista.

De otra parte, la congresista (nuevamente) de Fuerza Popular afirmó que está preparando la denuncia contra Vizcarra por inobservancia del Art. 126 de la Carta Magna que señala en el párrafo 3ro. “Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”. Vizcarra fue vicepresidente del directorio de su empresa y gerente de operaciones hasta agosto del año pasado, por lo tanto, existe un flagrante conflicto de intereses al no decir la verdad ante el país, teniendo la obligación moral de seguirle los pasos a PPK y renunciar.

La acusación constitucional es un mecanismo de control político que se aplica contra funcionarios y altas autoridades del Estado que son acusadas de haber cometido ilícitos en contra de la función pública o infracciones a la Ley de leyes, contemplado en el Art. 99 de la Carta Magna que prevé que “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el  Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor  del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución  y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta  cinco años después de que hayan cesado en ésta” y en el Art. 89 del Reglamento del Congreso, mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el Art. 99 de la Constitución Política.

La denuncia es derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias, se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Ésta aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales.

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.





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