Conflictividad 4×4 y ‘crisis del Estado’

“El mejor momento de tratar el conflicto es antes de que estalle”, apuntaba la politología hace ya casi sesenta años. Cuando estalla, no es fácil de detener. Esto es elemental, pero suele ser evadido casi deportivamente por los involucrados iniciales en las tensiones.

En un marco general, el descuido preventivo –paradójicamente por recelo a los ‘costos políticos’– es lo que ha venido ocurriendo en mucha de la famosa ‘conflictividad social’ en las últimas dos décadas, post 2000, por todo el país. Más cuando son o tienen repercusiones políticas. Lo volvemos a ver en Las Bambas. Y en un contexto así, los ‘huaracazos’ para expulsar a gobernadores, alcaldes, congresistas –cuando aparecen– o a un helicóptero para espantar a los ministros, pueden tomar ruta a una mayor violencia.

En medio del despelote, un nuevo actor surge: la prensa ‘vendida’, ‘capitalina’. La audiencia nacional pudo ver cómo los más exaltados sindican a los medios como ‘mal informadores’ de lo que ‘en verdad sucede’. Lo hacen, sin embargo, impidiendo a la misma prensa verificar aquello de lo que se quejan. Es un intercambio tóxico donde los extremistas recelan de lo que ‘se informa’ y no reconocen nada bueno sobre los procesos de inversión privada –vital para los índices de reducción de la pobreza– y generadora de grandes recursos usualmente despilfarrados por las administraciones también subnacionales.

Muchos de estos extremismos en nexo con facciones políticas e ideológicas llegan incluso a exigir la cancelación y la expulsión de los proyectos, la ‘nacionalización de las actividades estratégicas’ o el desmontaje del ‘modelo’ económico y de su soporte constitucional. El caos como escalera al pasado.

Inmerso pues en mucha de la ‘conflictividad social’ de los últimos años yacen también motivaciones políticas antisistémicas y potencialmente violentas. El problema no se reduce, por cierto, solo a esta condición; pero es innegable que ha sido parte crítica de la escala de conflicto que fue impactado en el sistema político, en la precariedad institucional a todo nivel.
No obstante, pese a los riesgos involucrados, los reclamos existen y no son menores. Los peruanos al interior del país lo van expresando, al margen del grado de ‘responsabilidad social’ adoptada por las empresas y de las acciones de manipulación que ‘asesores’ externos montan con gran paciencia captando además a ciertas dirigencias. Romper el vínculo entre actores calculadores y actores legítimamente reclamantes no es tarea sencilla. Pero es parte importante para neutralizar tensiones y desconectar a los inescrupulosos.

En paralelo a las divergencias el aparato estatal, en todos sus niveles, opera en retraso. Esto contando –como nunca en la historia republicana– con enormes recursos para actuar. Su rol no debe ser de mero ‘árbitro’, sino de un actor crucial que apalanca, acompaña activamente el desarrollo.

El famoso ‘desborde popular’ que hace más de medio siglo inició invadiendo los espacios urbanos, tan abundantemente descrito por José Matos Mar y Hernando de Soto y que ha tomado forma en los escenarios rurales, incluía una advertencia que hasta hoy suele obviarse: la ‘crisis del Estado’. Quizá en esa profunda deficiencia, que aún perdura ante la indiferencia de los sectores políticos, se encuentre la mayor cantidad de respuestas y soluciones a los problemas que nos embargan.

Mientras el Estado burocrático brilla por su ausencia o su ineficacia, las empresas dejan cabos sueltos o flancos vacíos en sus ‘relaciones comunitarias’ que son aprovechados por los calculadores. Además de cierta verticalidad con la gente, desestiman torpemente la dimensión de tensión política en la que pretenden no estar involucrados, considerando la repercusión de sus actividades como meramente económicas o técnicas. Mucho también de lo que ocurre se explica por esta falta de cautela.

Estamos ante un conflicto de expectativas altas. Puede ser secundario, pero como nunca antes se han observado, por ejemplo, movilidades 4×4 acompañando a los demandantes con mayores aspiraciones. En la percepción de la audiencia nacional queda cómo los anhelos de prosperidad y de acumulación de activos o de propiedad privada también impulsan a las zonas rurales, campesinas. Y con toda legitimidad y derecho, mientras no se caiga en acciones ilegales, se rompan a la mala acuerdos o convenios o se haga estallar conflictos que deben ser canalizados institucionalmente.

En las distintas y repetitivas coyunturas, de lo que se está careciendo es de adecuados análisis de conflictos –para la acción, tanto desde los sectores privados como públicos– que no descuiden el impacto político real, entrelazado con ‘lo social’, que amolda de una u otra manera tanto a la ciudadanía nacional como al resultado de las tensiones. Más allá del ‘universo’ local, provincial o regional.

Resultados que no solo alcanzan a comuneros, dirigentes y ‘asesores’. O que competen solo al Estado y las empresas privadas. La ecuación involucra también a la opinión pública nacional. En esa mira, la ‘política del alcance’ del conflicto es clave para determinar cómo terminará cada proceso, sin importar en qué parte del país se opere.





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