El caos como escalera al ‘éxito’

  • Fecha Lunes 6 de Mayo del 2019
  • Fecha 8:44 pm

Es imposible no reconocer que la reciente decisión del Poder Judicial de liberar a los asesores de la comunidad de Fuerabamba, facilita la negociación que tenía de cierta manera entrampado y abrumado al vizcarrismo en el conflicto minero de Las Bambas en Apurímac.

Como es conocido, los reclamos de los dirigentes para dejar sueltos en plaza a los asesores –sindicados de pertenecer a la organización criminal ‘Los Chavelos’– fue una constante como condición para avanzar en un ‘diálogo’ hasta ahora de resultados definitorios esquivos. La situación ahora cambia. ‘Por fin se hizo justicia’, declaraba el dirigente fuerabambino Gregorio Rojas sobre la liberación de los hermanos y abogados Chávez Sotelo.

Si se añade a esta cambiante circunstancia el proyecto de una ‘ley de amnistía’ a ser tratada en el Congreso en favor selectivo de algunos comuneros de la localidad, que finalmente los eximiría de todo delito común que pudieran haber cometido, el escenario agarra forma que impactará en adelante, y como precedente, en toda la famosa ‘conflictividad social’ latente en el cualquier parte del territorio nacional.

En la coyuntura, vía la planteada ‘ley de amnistía’ propuesta desde las canteras izquierdistas de ‘Nuevo Perú’ con el ‘soporte técnico legal’ del Ministerio de Justicia, el alcance del conflicto se desplaza hacia el Legislativo donde será sin duda acaloradamente debatida. Y publicitada por los medios. Ciertamente será ahí a quienes ahora se culpará si no la aprueban trasladándoles la factura del ‘costo político’ que se centraba mayormente en el Ejecutivo. Obvio y audaz.

Los condicionantes provocados por la tirantez en torno al proyecto minero Las Bambas que ha tenido ocupado y preocupado al gobiernismo, no son de poca cautela. De fracasar le abre un flanco serio que viene desde el sur [las encuestas registran cómo la desaprobación presidencial parece agarrar tendencia irreversible en esas regiones]. Sus resultados no son solo de naturaleza técnica y económica, sino potencialmente políticos. Un manejo inconveniente del asunto para el Ejecutivo, un choque mayor con estas hiperactivas fuerzas sureñas –sin competidores partidarios, orgánicos y ciudadanos que concreten cierto balance–, redireccionaría la atención de la opinión pública; desplazando así el conflicto dominante que yace en la capital [‘anticorruptos’ versus ‘corruptos’], y que ha sido fuente de aprobación presidencial, por uno que enfrentaría a las posturas prosistema con las antisistema. Un contexto que parece querer ser evadido por el régimen a toda costa.

¿Le será pertinente al vizcarrismo, en la hora actual, este tipo de relocalización de las tensiones y las atenciones? Y en un marco más amplio, como apuntábamos en este mismo espacio, ¿formará colaboraciones, alianzas o confrontaciones con los operadores de la izquierda antisistema desperdigados por todo el país? [Ver: ‘Vizcarra, Maduro y los chavistas peruanos’. 11/12/2018. Expreso].

El actual proceso tiene pues el potencial de volver a alterar las líneas divisorias subordinando un conflicto por otro y redirigiendo los reflectores hacia los extremismos coordinados y con objetivos políticos. Es muy posible además que cada vez más peruanos confirmen que los activismos extremistas –muchos controlando hoy espacios de poder y de gestión pública en distritos, provincias y regiones– han operado de manera articulada en los últimos años [además de influenciados por las dinámicas de tensión político ideológicos que cruzan las fronteras porosas y se expanden de Bolivia hacia Puno en medio de los afanes reeleccionistas y dictatoriales de Evo Morales].

Los incentivos para actuar conflictivamente con la expectativa de alcanzar impunidades y tratos especiales –lo que no ocurre con otros ciudadanos que no son ‘comuneros’– gracias al relajo institucional, puede llevar  a una lluvia de perturbaciones impredecibles y sostenidas contra el sistema político y económico a todos los plazos. Incluso dentro de una estrategia sincronizada no exenta de contornos políticos intimidatorios y violentistas como se ha advertido.

Si el humalismo dejó en 2016 una serie de mechas sin apagar en materia de tensiones sociales, el vizcarrismo podría dejar para el 2021 –cediendo temerosa y constantemente ante la ‘conflictividad social’, doblándose para no romperse como el bambú– una herencia de senderos amplios para el empoderamiento regionalista de caudillismos políticos antirrepublicanos y antiliberales.

¿Qué organizaciones políticas surgirán de forma descentralizada que compitan y contrarresten estos potenciales desafíos caóticos y violentos que hasta apuestan avanzar gracias al ‘voto popular’?





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