La izquierda y el monopolio del conflicto

  • Fecha Viernes 16 de Agosto del 2019
  • Fecha 9:17 pm

El proyecto minero Tía María va rumbo al desplome total. Su ‘suspensión’ puede entenderse como cancelación. Un resultado producto, entre otros factores, de la falta de información elemental hacia la población [como que no se usará agua de río, sino de mar, desalinizada]; además por obra de violentistas que terminaron tomando la palabra del presidente. “Si en un mes no cumplo [con revertir la aprobación del proyecto] hagan una medida radical”, dijo Martín Vizcarra, quien después fue ‘fusilado’ por ‘el pueblo’ en la Plaza de Armas de Arequipa.

Mucho se ha escrito sobre el grave precedente instalado para el futuro de las inversiones en el país. Obra sin embargo un aspecto que, prestándole mayor atención, puede ayudar a entender por qué mucha de la ‘conflictividad social’ permanece irresuelta. Ese aspecto es el de la intimidación y la amenaza de violencia. Tanto la que se estaría dando en la base social como en las dinámicas políticas subnacionales.

Cierto es que existen sectores de la población con legítimas preocupaciones sobre las actividades mineras formales [en contraste con la poca atención con la minería informal e ilegal]. Así como cierto es que también estarían actuando operadores extremistas tanto en la desinformación como azuzando a la gente con objetivos políticos y de poder. Frente a ellos existen sectores considerables y silenciosos que sí están a favor de las inversiones privadas de este tipo con las regulaciones racionales adecuadas.

En los últimos años se ha detectado –e invisibilizado– cómo muchos ciudadanos a favor de los proyectos y su valioso impacto en el desarrollo no pueden manifestarse libremente. Son amenazados, intimidados, atemorizados. Es una forma de violencia de contornos políticos e ideológicos de baja intensidad –por ahora–, pero muy efectiva; difícil de probar por cierto, aunque no imposible. Estos actos se perpetran alterando la ecuación en el sistema de presión que se ha instalado casi sin previsiones ni cautelas por parte de funcionarios públicos y privados.

Por su lado, los medios capitalinos tienden a pasar por agua tibia o minimizar las denuncias que brotan en estos microcontextos provincianos y regionalistas. ¿Cuánto afecta este modus operandi de los actores antisistema al resultado de las tensiones? De hecho este accionar puede explicar la efectividad que ha tenido la izquierda extremista para monopolizar algunos de los principales conflictos en el país. Y de ‘controlar’ sus efectos.

“Los que están en contra hablan fuerte; los que están a favor, bajito… no todos los que piensan así [que la minería ayudará al desarrollo] pueden manifestarlo libremente… prefieren mantenerse en el anonimato, por temor a represalias, a las amenazas”, cuenta una crónica periodística desde el Valle de Tambo en Arequipa. Una muestra de lo que también caracteriza, de fondo, a la dinámica de la famosa ‘conflictividad social’.

La estrategia política que está ganando a estas alturas es la de la antiminería por razones ideológicas, políticas y económicas. Y estas posturas triunfan porque han logrado controlar un instrumento clave de la estrategia política: la escala de conflicto. Y al hacerlo han logrado monopolizar su dinámica. Neutralizando a sus contrarios, limitaron a su favor la expansión de las diferencias en las voces ciudadanas.

Una de las tácticas que nutren ese avance estratégico es el de la violencia política vía la intimidación o el amedrentamiento. Esta operatividad consigue limitar al alcance del conflicto social alterando la ecuación y el resultado. Con las limitaciones comunicacionales de la empresa privada sumada a la pose de ‘neutralidad’, de ‘arbitraje’ o ‘en contra’ que adopta el Gobierno, el resultado de la tensión va a fortalecer los planes de los actores calculadores y agitadores sociales. Estos actores han terminado monopolizando los conflictos con relativo éxito.

En el trance que Tía María se desplomaba en Arequipa –y Quellaveco se recalentaba en Moquegua– se dictó sentencia a Cerrón de Junín y a Aduviri de Puno, hoy prófugos. Dos de los caudillos indiscutibles de los ánimos antisistémicos en el país. Antauro, quizás el más influyente, yace en prisión, aunque ahora bajo el intento de someterlo a un nuevo rigor de visitas y de aislamiento carcelario. ¿Se acabarán los conflictos así? De ninguna manera.  

Las circunstancias de riesgo no se neutralizan con solo poner en prisión preventiva, ‘castigar’ o encarcelar a los cabecillas con delitos comprobados y con narrativas violentas o potencialmente violentas. La retórica ya hundió raíces en la base social y en ese terreno ninguna fuerza política organizada y prosistema está sacando adelante el combate político e ideológico que corresponde.

Esto incluye al vizcarrismo gobernante distraído en el juego de poder político capitalino mientras va cediendo ante los desestabilizadores conflictos –políticos y económicos– regionalistas.

 





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