Narcosenderismo y ‘presos políticos’

  • Fecha Jueves 13 de Septiembre del 2018
  • Fecha 7:19 pm

“Justicia que tarda no es justicia” dice el viejo dicho. Y a las víctimas del terrorismo senderista en Tarata se les hizo justicia 26 años después. Aun así se celebró la condena; aunque el evento se desdibuja de fondo cuando se conoce, primero, que uno de los perpetradores –Moisés Limaco, ‘camarada Ramiro’– fugó a Francia en junio a pesar de tener impedimento de salida del país. Y segundo, que el Colegiado A de la Sala Penal Nacional absolvió a la cúpula del delito de narcotráfico; esto en subestimación de las pruebas que acreditan los viejos nexos cooperantes entre el grupo terrorista y el narcotráfico [del cual se nutrió desde inicios de los ochenta].

El narcosenderismo es pues de viejo cuño y se ha perfeccionado y prolongado durante 40 años, hasta hoy, a través de las acciones de sus ‘renegados’ herederos en el VRAEM. Un narcoterrorismo con motivaciones no solo económicas [vía el narcotráfico y otras actividades ilícitas], sino además políticas, de poder [vía el adoctrinamiento y el terror en pro de objetivos políticos] que rebasan las simples etiquetas de ‘sicarios’ o ‘guachimanes del narcotráfico’ que cierto periodismo y cierta ‘senderología’ analítica pugna por instalar.

La noticia de Tarata como se esperaba cruzó fronteras. Aquí, los peruanos, al menos los que recuerdan la época del terrorismo –en contraste con los jóvenes que desconocen ese pasado– celebraron la sentencia. Una sentencia que señaló el proceso no como un ‘juicio político’ sino como uno “que juzga la actividad criminal y destructiva de Sendero Luminoso”.

Durante años el senderismo –también en el extranjero vía sus coordinadoras internacionales– y sus garantes han presentado a sus líderes y camaradas encarcelados como prisioneros ‘políticos’ o ‘de guerra’. Un esfuerzo con fines propagandísticos y de victimización ante potenciales simpatizantes y reclutas. La cosecha ha sido fructífera. Hace bien por ello el Jefe de la Dircote al señalar que “los jóvenes estudiantes deben saber que Abimael Guzmán no es un luchador social, no es un preso político, sino un delincuente terrorista”.

En los debates polarizadores que han surgido con respecto a las denominaciones –legales o políticas– para catalogar a la ‘época de la violencia política’; es decir: tanto al proceso [‘terrorismo’, ‘conflicto armado’, ‘guerra interna’, etc.] como a sus actores [‘terroristas’, ‘insurgentes’, ‘guerrilleros’, etc.], mucho se ha descuidado las estrategias senderistas de expandir la inexacta condición de ‘prisioneros políticos’ de sus camaradas. Una tendencia antigua además y no exclusiva de los extremistas violentos de estos lares.

Ya en 1998, el profesor Bruce Hoffman advertía cómo “los terroristas se ocultan deliberadamente en la terminología de la jerga militar”, presentándose como “combatientes de buena fe, sino soldados que, aunque no lleven uniforme identificador o insignia, tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra si son capturados y por lo tanto no deben ser procesados como criminales comunes en los tribunales ordinarios”. Terroristas que “nunca reconocen que son terroristas y que además se esfuerzan por evadir y oscurecer tal conexión”, precisa Hoffman.

En ese sentido aciertan los peruanos en seguir llamando ‘terrorismo’ –sobre todo cuando se cuenta a las nuevas generaciones el desangramiento vivido– como complemento principal de las no menos importantes categorías y términos legales internacionales a las que estamos adscritos.

 

 





ico-blogueros-2018

Otros artículos relacionados



Top
Congreso otorga confianza solicitada por el Ejecutivo

Congreso otorga confianza solicitada por el Ejecutivo