2020: año de acoso y atentados contra la prensa libre
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POR: RAFAEL ROMERO 

Cuarenta policías para allanar la casa de una periodista de EXPRESO, una multa de 215 mil soles por informar el primer caso de covid en Perú, y hasta la censura a un sketch sobre el presidente Francisco Sagasti fueron solo algunos de los casos más saltantes de hostigamiento a la libertad de prensa el año que se fue.

Ese 2020, signado por la pandemia del coronavirus, también ha jugado sus cartas contra el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, sobre todo por la reducción de personal y despidos. Como siempre, la publicidad estatal sólo llega a los medios corporativos y centralistas, discriminando a los de las ciudades más alejadas de Lima.

EXPRESO, como medio independiente que no se alinea con izquierdas ni derechas, sufrió un burdo hostigamiento. El 30 de enero, dos fiscales y cuarenta policías se juntaron para allanar la casa de la editora de la sección Política, María Teresa García, en horas de la mañana, cuando solo estaba presente su madre, de más de 80 años de edad.

“No sabíamos quién ocupaba el predio”, se excusaba el fiscal provincial del Callao Víctor Novella, luego de ser expuesto ante la opinión pública como la cabeza de un operativo digno de capturar a un peligroso delincuente, bajo el pretexto de pedir videos de la cámara de vigilancia particular de la citada periodista, respecto al arrebato de un celular.

“No hay allí ningún contra (sic), no hay nada preparado por parte de nuestra institución. Es la única cámara, desgraciadamente, que ha registrado el hecho. Nosotros dentro del marco de nuestras atribuciones, desconociendo quiénes son los ocupantes del predio, (…) hemos procedido a recuperar y rescatar las imágenes que pudieron encontrarse registradas en esa cámara”, se justificaba el funcionario.

VERGÜENZA FISCAL

Este vergonzoso episodio fue orquestado por la 12° Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao. La fiscal adjunta, Magnolia Huertas, prefería evitar cortesías, y apresurar una intervención a todas luces excesiva.

“Ellos señalan que han allanado mi casa por un robo, pero han llegado más de 40 policías y un equipo de fiscales solo para pedir un video, que bien se lo pudieron solicitar a la municipalidad porque en la calle hay una cámara con mayor resolución, pero no sé por qué vienen hasta mi casa señalando que si no coopero, estoy obstruyendo la justicia, y con una amenaza de descerraje. Es decir, parece que la delincuente fuera yo. Creo que esto podría tener otras connotaciones, porque todo esto es ilógico”, sostuvo García Valenzuela.

Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público, brilló –para variar- por su silencio. Se presentaron algunos recursos legales, pero la pandemia los paralizó hasta nuevo aviso.

Quien sí hizo uso de sus atribuciones fue el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Por medio de la titular de la Corte de Justicia del Callao se solicitó un informe sobre el tema a Renzo Subiria Ruiz, juez de investigación preparatoria que había autorizado el abusivo allanamiento.

La Policía Nacional quiso responsabilizar a Subiria, mediante un comunicado donde afirmaron que el operativo había sido “con la finalidad de incautar las cámaras de vigilancia existentes”. El torpe texto confundía las cámaras con los registros audiovisuales, los cuales fueron entregados sin necesidad de tanta parafernalia.

IMPUNIDAD

El entonces presidente Martín Vizcarra y el ministro del Interior, Carlos Morán, aceptaron que las acciones habían sido anormales, pero nunca se sancionó a nadie. Policías, fiscales y jueces del Callao se culparon mutuamente de forma infantil, confirmando el motivo político detrás del evidente hostigamiento a una periodista incómoda para el régimen.

Poco tiempo después del acoso a la colega María Teresa García, un fiscal de lavado había citado a inicios de marzo al periodista de investigación José Briceño, para que explique por qué publicaba notas sobre el caso Orellana y sobre transacciones inmobiliarias de la fiscal Marita Barreto o por sus declaraciones en las que ella decía que “saca dinero de su bolsillo para sus colaboradores eficaces”.

Briceño, secretario general del Centro Federado de Periodistas de Lima de la FPP, también alertó de seguimientos extraños por parte de sujetos de porte policial, así como acoso de fiscales a sus redes sociales. Acudió a la Segunda Fiscalía de lavado de activos, donde se le preguntó acerca de EXPRESO, con quiénes coordina y cuál es la estructura u organización dentro del diario, así como también se le cuestionó que este medio de prensa no estuviera adscrito al Consejo de la Prensa Peruana.

El autor de esta nota también es objeto de maltrato y suspicacias por parte del Ministerio Público, lo cual constituye un exceso contra la libertad de prensa.

Esto nos recuerda cómo, a partir de una denuncia interpuesta por el gobierno de Vizcarra, instrumentalizando para ello al Ministerio de la Mujer, se le abrió investigación fiscal al periodista César Rojas por supuestamente perseguir a una excongresista para tomarle fotos en la playa, lo cual era falso.

La fiscal Gianina Luna confirmó que el hombre de prensa no había tomado la imagen, sino otra persona, quien la distribuyó por WhatsApp, y así llegó a ser publicada. A pesar de esto, la funcionaria del Ministerio Público decidió acusar al colega Rojas por “asedio en redes sociales” y por comentarios que pueden ser irónicos, pero que jamás fueron irrespetuosos sobre la hoy excongresista y personaje político.

Lo más notorio de la inquina contra César Rojas –quien ha publicado denuncias de irregularidades del gobierno vizcarrista y de la gestión de Ávalos- fue que la Fiscalía de la Nación usó sus redes sociales para publicitar la acusación, pero ocultó el archivamiento del cargo de acoso sexual. Solo lo publicó, tímidamente, después de un mes de recibir varias cartas del periodista y de sus abogados. A todas luces, no se evidenciaba ningún dolo, y en todo caso se estaba frente a un suelto de “animus jocandi”.

INOCENTE PERO ACUSADO

Es claro también que el colega Rojas hace tiempo dio muestras de su estilo informativo desenfadado, irreverente y mordaz, de modo que a nadie se le puede condenar por esa forma de periodismo pugnaz, picante o satírico. Como reza un viejo adagio, “el estilo es el hombre”.

La Federación de Periodistas del Perú, presidida por Ángel Sánchez Dueñas, ha liderado la defensa de la libertad de prensa y encabezó manifestaciones contra los excesos de algunos fiscales, por ejemplo, a inicios de marzo del 2020 ante la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, frente a la prepotencia, el abuso y claros actos de venganza por lo que publican periodistas independientes.

Pero otras autoridades, personajes y hasta delincuentes conocidos también la emprendieron contra quienes informan lo que para ellos es incómodo o vergonzoso.

En enero, en la región Áncash, Hugo Gonzales e Yldefonso Espinoza, del portal noticierolibre.com, solicitaron garantías para sus vidas y las de sus familiares, tras recibir amenazas de muerte y amedrentamiento.

Al mes siguiente, Javier Cóndor Ticllavilca y Willy Villa Navarro denunciaron el amedrentamiento y ataque de agricultores cocaleros en zonas de Cusco y Ayacucho.

El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Víctor Raúl Reyes Alvarado, querelló al periodista Carlos Yofré López Sifuentes ante un juzgado de su propio distrito judicial. Según el Consejo de la Prensa Peruana, el juez de primera instancia admitió la querella, pero declaró inadmisible las pruebas presentadas por la defensa.

DENUNCIAS POR INFORMAR

En Huaura, la jueza superior Juana Mercedes Caballero García también querelló a López en el 2018, por supuestos comentarios injuriosos y difamatorios en redes sociales. Sin embargo, el demandado explicó que sólo se refirió a temas de interés público como el patrimonio millonario en una declaración jurada de la magistrada, y la denuncia por acoso sexual que pesa contra el expresidente de la Corte de Huaura.

Asimismo, el periodista de Piura Ralph Zapata, de Ojo Público, fue trasladado el 28 de marzo a una comisaría por presuntamente haber violado el toque de queda para frenar la expansión de la covid-19.

Finalmente, la fiscalía archivó la investigación del crimen del periodista David Choquepata, asesinado en el 2016 en su propia cabina de radio.

Sin duda, el 2021 constituye un gran reto para demostrar si en el Perú prima el Estado de Derecho y el respeto a la libertad de prensa, o retrocederemos más a niveles de Cuba y Venezuela.

APOYO MÚLTIPLE

Así como la Federación de Periodistas del Perú, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú alzaron su voz contra el extraño allanamiento a la casa de María Teresa García Valenzuela.

VETO FRUSTRADO

“Toda noticia, audio, documento, video o foto que no provenga de una fuente oficial es falso y compartir esa información solo genera confusión y miedo”, advirtió en abril el entonces premier Vicente Zeballos, respaldado luego por un comunicado del Poder Judicial. Esto terminó sin fundamento, luego de que el Gobierno negara la sobrevaloración en la compra de mascarillas pero se comprobara que había mentido. Incluso la compra es investigada por la Fiscalía Anticorrupción.

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