ADVIERTE CONGRESISTA VÍCTOR GARCÍA BELAÚNDE

Acuerdo fue conversado entre Odebrecht y Vizcarra

Parlamentario señala que se dio forma a un marco legal con la ley 30373 y su reglamento para favorecer a la constructora carioca.

  • Fecha Lunes 28 de Enero del 2019
  • Fecha 6:17 am




El preacuerdo de colaboración establecido entre la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht, lesivo para el país según los expertos, habría sido producto de una negociación entre el Ejecutivo y la compañía brasileña, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Así lo señaló a EXPRESO el parlamentario Víctor García Belaúnde (AP).

“Ellos [Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra], y muchas personas más [habrían realizado esa negociación previa]. No me cabe la menor duda, hay que recordar que Odebrecht colocaba y sacaba presidentes, ministros, congresistas, etcétera. Entonces, no me extrañaría que Odebrecht está detrás de todo esto, porque hay demasiados intereses”.

El parlamentario también se pronunció respecto a las leyes que se promulgaron en su momento, como el Decreto de Urgencia 003, el Decreto Supremo 096, que regula el reglamento de la ley 30737, norma esta que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos.

El acciopopulista dijo que se habrían promovido y conversado estas normas, con el objetivo de facilitar un marco legal a favor de la empresa, y así establecer un acuerdo favorable para que la compañía se mantenga en el Perú, como en efecto ha sucedido.

“No me cabe la menor duda [sobre el marco legal], y hay que recordar que yo me opuse a esa ley cuando se debatió en el Congreso, critiqué el Decreto de Urgencia 003, presenté una moción para derogarlo, pero tuvo la complacencia de muchas bancadas, incluyendo a Fuerza Popular”, agregó.

El legislador detalló que la firma brasileña habría tratado de sacar provecho a este marco legal, y así llegar a un acuerdo favorable para sus intereses, con el objetivo de seguir negociando con el Estado, así como poder vender las obras que ya no podrán culminar y por las que presentaría denuncias y arbitrajes contra el país, principalmente en el extranjero.

“Estamos hablando de 4000 o 5000 millones de dólares que están en juego en este momento, y hay grandes negocios que Odebrecht todavía quiere hacer en el Perú, por ejemplo la venta de Chaglla [que ya se concretó] o vender Olmos”.

“En Olmos estamos hablando de entre 15 mil o 20 mil hectáreas por vender, entonces, no me extrañaría que ellos quieran influenciar en el Gobierno para un buen acuerdo, y para poder seguir ganando dinero en el Perú, no me extrañaría porque el acuerdo es muy malo”, acotó.

Respecto al preacuerdo, García Belaúnde manifestó que una de los primeros puntos críticos responde a que las obras en las que Odebrecht ha aceptado ser investigada son precisamente las licitaciones que ya están judicializadas en el Perú.

“Hay que recordar que el acuerdo solo abarca cuatro contratos, y Odebrecht tiene en el Perú más de 40 contratos, y haberlo reducido a cuatro, es sospechoso. Son cuatro contratos que ya están judicializados, por eso es sumamente raro y extraño lo que está pasando”, explicó.

Además, el congresista también señaló que es irregular permitir que una empresa que tiene juicios contra el Estado pueda llegar a un acuerdo, así como permitirle seguir trabajando en nuestro país.

“Hay dos temas ahí importantes, primero: que se firma un acuerdo con unos delincuentes, y que se les permita seguir trabajando. Si ellos pueden seguir trabajando, ¿por qué no se le permitió a Orellana seguir trabajando?”, se preguntó.

“Y, en segundo lugar, hay cerca de 2500 millones de dólares en juicios que Odebrecht le ha metido al Estado, y van a seguir adelante, y que podemos perder. Tú no puedes llegar a un acuerdo con una empresa cuando tienes un juicio de por medio, es una cosa elemental”, dijo.

Para García Belaúnde el marco legal que favoreció a la empresa, podría modificarse a través de diversas leyes que puedan darse en el Congreso, siempre y cuando el preacuerdo todavía no haya sido aprobado por un juez.

“Mientras no se firme el acuerdo, y no esté aceptado, cualquier cosa puede pasar”, enfatizó.

ANTECEDENTES

Para los observadores la firma de un acuerdo como el de Odebrecht, en el que están de medio miles de millones de dólares, es obvio que es un asunto de Estado que no se puede dejar solo en manos de fiscales termocéfalos o de procuradores de factura muy obediente.

En todo caso, ellos –fiscales y procuradores- al menos deben tener un marco legal estricto diseñado por el Ejecutivo y eventualmente con participación de Odebrecht, para poder actuar en lo que ellos llaman su independencia que, por cierto, es bastante relativa o simplemente no existe, sobre todo en el Ejecutivo, en este caso para el procurador del Ministerio de Justicia.

Las fuentes de EXPRESO son unánimes en señalar que fue Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) el hombre que puso su mano en el diseño de la ley 30737 que fue dada “en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciocho”.

PPK sin embargo estuvo en Palacio apenas hasta el 21 de marzo, día en que renunció por las razones conocidas del caso Odebrecht, y entra en escena el vicepresidente Martín Vizcarra, quien tuvo que negociar –afirman- con la transnacional brasileña el Decreto Supremo Nº 096, que es el reglamento de la ley antes citada y que vio luz “a los nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciocho”.

Este decreto fue además firmado por el titular de la PCM, César Villanueva,  y por los ministros de Economía y Finanzas, David Tuesta Cárdenas, y de Justicia, Salvador Heresi Chicoma.

Ellos serán, obviamente, los responsables políticos de este acuerdo con Odebrecht que, por sus alcances, visto en perspectiva histórica, será mucho peor que la llamada “página 11” o el contrato Dreyfus sobre el guano y  el salitre anterior a la guerra con Chile.

Para muestra, un botón. Las variaciones en el monto de la reparación civil inicialmente calculada en 1,500 millones de dólares por el ministro Heresi o su monto en soles calculado por la Procuraduría en S/ 3,468 millones de pronto se ven reducidas a 610 millones de soles, como lo precisa el acuerdo de coloración que publicó EXPRESO en su edición del 22 de enero.

Desde Economía y Finanzas se ha dicho que ellos habrían diseñaron las ecuaciones o la fórmula que están en el reglamento de la ley 30737  (decreto supremo 096-2018-EF) para el cálculo de la reparación civil. Pero resulta que tanto la procuraduría como Odebrecht tenían montos diferentes y la constructora brasileña aceptó lo que venía del Ministerio de Justicia, es decir los 610 millones de soles.

Para justificar la variación de este monto se ha dicho que se basaron en los cálculos que para el caso hizo la Contraloría General de la República, pero este ente contralor no ha mostrado los estudios que le endilgan.

En todo caso, la responsabilidad de los fiscales y el procurador está en haber aplicado a rajatabla los incentivos que a favor de Odebrecht prevé la Ley 30737 si se allana a la colaboración eficaz, aplicando en su favor la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de dicha norma que a la letra dice;

“La aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello implique renuncia a la reparación civil que corresponda”.

“Asimismo, el Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación de la presente ley, así como incluir dentro del acuerdo, a las personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo económico”, añade.

Hecha la ley, hecha la trampa, como dicen los abogados. Mientras tanto, no se investiga los temas de fondo sobre las sobrevaluaciones de los megaproyectyos  ni  los sobornos a presidentes y altos funcionarios. Solo se focaliza el tema en los casos cocteles de Keiko Fujimori y el caso Alan García, como bien señala nuestro columnista Luis García Miró.

Vela: constructora pasa una “grave situación financiera”

“Nosotros hemos realizado un trabajo cercano con la Procuraduría Pública Anticorrupción, que tiene un equipo multidisciplinario, de analistas financieros, que han accedido a todos los estados financieros y estados contables de la empresa Odebrecht. La empresa estaba en una grave situación financiera, y a partir de esas circunstancias, sus niveles de operatividad, entiendo yo que han sido contemporizados con la posibilidad de pagar de manera efectiva”, indicó el responsable del equipo Lava Jato de la Fiscalía, Rafael Vela, en Panorama.

PENALISTA LUIS LAMAS PUCCIO

No descarta acuerdo pactado

El jurista Luis Lamas Puccio no descartó para nada la posibilidad de que el Ejecutivo y la empresa Odebrecht hayan acordado beneficios antes de que se realice el preacuerdo entre la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht, con el objetivo de beneficiar a la compañía brasileña.

En ese sentido, consideró que es necesario investigar esa situación, y determinar si no existió este acercamiento de la compañía con el Ejecutivo, antes de promover medidas que favorezcan a la compañía.

“Podría ser cierto [una negociación previa al acuerdo], porque en un proceso de esta importancia, no hay cabos sueltos. Yo creo que hay personas que estarían intermediando en este acuerdo de colaboración”, dijo.

“Hay una serie de elementos que están flotando en la periferia, que sería bueno conocer si efectivamente habría o no habría algún tipo de concierto de voluntades entre el Estado peruano y Odebrecht, que se materializó a través de esas disposiciones [la ley 30737 y su reglamento]”, indicó.

Por otro lado, Lamas Puccio también cuestionó el pre acuerdo establecido con Odebrecht, ya que todavía se desconoce la fórmula exacta con la que se llegó a definir que el monto de la reparación civil sea de apenas 610 millones soles, así como el plazo por el que la empresa tendrá que pagar esta cantidad, 15 años.

“Sería interesante conocer cuál es la fuente que ellos [los fiscales y el procurador] han utilizado para llegar a ese monto [610 millones de soles] (…) No está claro cómo se prorroga el pago de la reparación civil a tal cantidad de años, eso me parece totalmente desproporcionado”.

Odebrecht está obligado a cancelar el monto de la reparación civil, y acá se está dando un tiempo de 15 años, lo cual es demasiado, sobre todo a una empresa que va a seguir trabajando en el país”, afirmó.

“No es tampoco tan cierto que, si surgen nuevos hechos, Odebrecht va a tener que informar. Eso desnaturaliza la colaboración, lo que va a tener que decir Odebrecht es una información absolutamente cierta, no pueden estar escondiendo información, porque eso demostraría que hay poca voluntad de colaborar con el Estado peruano”, explicó.

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