SE TRATA DE JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ, EXMINISTRO DE AGRICULTURA IMPLICADO EN PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

Amigo de Vizcarra cuestionado en proyecto Alto Piura

También están en la mira Alan García y gobernador Adolfo Hilbck. Irregularidades no terminan en obra hidroenergética que ha causado pérdidas al Estado por más de 100 millones de soles.

Congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos,  pone bajo la lupa a Camargo Correa y a altos exfuncionarios en caso de proyecto Alto Piura. (Composición Fotográfica)
  • Fecha Sábado 29 de Diciembre del 2018
  • Fecha 6:00 am



“El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergética de Alto Piura” es uno de los proyectos que fue investigado por la Comisión Lava Jato al haber estado en su primera fase, en manos de la empresa constructora Camargo Correa durante el gobierno de Alan García.

Sin embargo, de acuerdo al congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos, no sólo las autoridades de ese entonces estarían implicadas en presuntos hechos de corrupción, sino también el gobernador regional Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán y hasta José Manuel Hernández, exministro de Agricultura e íntimo amigo de Martín Vizcarra.

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP) fue ideado para sembrar las bases de un  incremento significativo de la producción agrícola a través de la irrigación de las tierras del Alto Piura.

Dicho proyecto, que el 4 de junio de este año fue declarado de necesidad pública y preferente interés nacional mediante la Ley Nº 30783, tiene cuatro componentes, que dividían estratégicamente la construcción de obras públicas para su culminación estimada para el 2021.

De acuerdo con la ficha técnica de la obra, el valor del contrato celebrado entre el Gobierno Regional de Piura con la empresa Camargo y Correa fue de S/ 479’663,437.22, con el que se comprometía a la ejecución total del Componente I: construcción de la Presa Tronera Sur y del Túnel Trasandino.

Hoy en día, las obras correspondientes al primer componente se encuentran paralizadas, y han generado una millonaria pérdida al Estado peruano.

De acuerdo con el informe de la Comisión Lava Jato elaborado en el Congreso de la República, el proyecto tuvo como perjuicio económico, por liquidaciones y laudos arbitrales, la cifra de S/ 100’593,325.10.

Cabe indicar que la Comisión de Fiscalización del Congreso cuenta con 120 días para indagar los presuntos hechos de corrupción en la obra.

AMIGO DE VIZCARRA

Hace algunos meses la Asociación Civil Anticorrupción de Piura interpuso una denuncia penal en contra del exministro de Agricultura, José Hernández Calderón, en su condición de representante de la Empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA) e integrante del consorcio Ingeniería Alto Piura, tras la presunta falsificación de firmas de ingenieros en el expediente del proyecto Alto Piura.

Al respecto, el congresista Cevallos recuerda que Hernández se vio envuelto en la adulteración de las rúbricas de tres ingenieros en el expediente técnico del PEIHAP.

“Este expediente técnico fue firmado por los ingenieros responsables del  estudio; sin embargo cuatro de ellos presentaron una denuncia contra el ministro Hernández en su calidad de funcionario de esta empresa, porque les habían falsificado las firmas. Esa denuncia vino a la Comisión de Fiscalización, pero finalmente se quedó oculta”, indicó.

El parlamentario izquierdista indicó que este hecho terminó beneficiando a la empresa carioca Camargo Correa, en ese momento a cargo de la obra.

“Por supuesto que esto le dio elementos a Camargo Correa para interponer arbitrajes por considerar que el expediente técnico, el cual se le había alcanzado, no era el correcto. Luego de estos arbitrajes se rescinde el contrato con Camargo Correa”, indicó.

EXPRESIDENTE

Para el citado parlamentario, otro político que se habría beneficiado con esta obra es el expresidente Alan García.

“Todos sabemos la cercanía que tenía el presidente Alan García con estas empresas, y llama muchísimo la atención la forma en la que se celebra este contrato, sin que el expediente técnico esté concluido y tenga el visto bueno de los ministerios correspondientes”, manifestó el parlamentario.

Pese a que la Comisión Lava Jato también tuvo en la mira al citado proyecto, el congresista opinó que no se le investigó en profundidad, pues ello hubiera significado involucrar al exmandatario aprista.

“Se llegó a tocar [el proyecto] Alto Piura muy tangencialmente en el informe Lava Jato, porque la idea era no comprometer a Alan García y él está comprometido en la primera parte [de Alto Piura], porque él fue quien suscribió el contrato con Camargo y Correa.

Hernando Cevallos dijo estar convencido de que en la obra existieron numerosos actos de corrupción al estar de por medio la cuestionada empresa.

“Estoy totalmente persuadido de que ha sido así [hechos de corrupción, coimas, sobornos], insisto, no creo que haya sido solo ineficiencia. Tener tan alta cantidad de arbitrajes no se genera solo por ineficiencia”, afirmó.

“Se genera como parte de un modus operandi de muchas empresas para sacarle la vuelta al Estado y finalmente quedarse con mucha plata, no ejecutar la obra y te meten a un arbitraje y el Estado y los funcionarios cometen cualquier error técnico, y termina ganando la empresa”, expresó.

Añadió que el expediente técnico elaborado durante el gobierno aprista fue el inicio de una relación con Camargo Correa que terminó con el proyecto paralizado y con una considerable pérdida económica para el Estado.

CAMARGO CORREA

El legislador señaló que Camargo Correa terminó su vínculo contractual con el Estado en el 2015, pero antes ganó un arbitraje ascendente a los 67 millones de soles.

“Desde el principio, la empresa hizo una serie de denuncias porque el expediente tenía problemas, y plantea una demanda contra el gobierno regional por incumplimiento de una de las cláusulas que debía resolver en el contrato inicial”, indicó.

Acotó que el arbitraje se pierde sin que el gobierno regional presente una línea de defensa a tal punto que el propio abogado de la región reconoce que no se presentó un peritaje de parte para defender su posición.

“El arbitraje se perdió por 67 millones de soles. Ello ha generado una denuncia en la Fiscalía que se suma a otra anterior contra funcionarios del gobierno regional por 11 millones de soles en pérdidas, lo cual motivó la demanda de Camargo Correa, por denuncias de la Contraloría por irregularidades”, dijo.

Después de este episodio con  Camargo y Correa se firma el contrato entre el gobierno regional y el Consorcio Obrainsa Astaldi de capitales peruanos e italianos.

“En el trayecto con Obrainsa Astaldi avanza el primer componente del proyecto, de un total de cuatro, lo cual significó, en pocas palabras, 11 arbitrajes por más de 25 millones de soles, en demandas por diversos motivos, ante el compromiso de los gobernadores de dotar de energía al proyecto para la continuación de la obra”, finalizó.

 

COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CONSEJO REGIONAL  POR LA PROVINCIA DE PIURA

“Existió pacto colusorio entre Obrainsa Astaldi y gobernador”

Señalan que el saliente titular de la Región Piura, Reynaldo Hilbk permitió que empresa solicitara un monto total en arbitrajes ascendente a S/.105’982,669.44.

La Comisión Investigadora del Consejo Regional  por la Provincia de Piura efectuó una indagación sobre las presuntas irregularidades que han llevado al abandono de las obras del Componente I de “Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergética de Alto Piura” por parte de la Contratista Obrainsa Astaldi (COA).

Tras las indagaciones se llegó a la conclusión de que el gobernador regional, Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, así como funcionarios, representantes y operadores de la empresa Obrainsa Astaldi, habrían cometido los presuntos delitos de colusión defraudatoria, negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

Así lo señala el dictamen Nº 001-2018/GRP-200010-CI-ACR 1497-2018 efectuado por los consejeros miembros del grupo investigador.

“Las decisiones tomadas por el gerente general del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), Marco Tulio Vargas Trelles, en la intervención económica de la obra y posterior resolución a destiempo del contrato de obra, fueron del conocimiento del gobernador regional de Piura, Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán toda vez que la ejecución de la obra corresponde a un proyecto especial del  gobierno regional, y debido a que Reynaldo Hilbck fue presidente del Consejo Directivo del PEIHAP en el periodo 2011al 2013”, se indica.

CON ANUENCIA

De acuerdo al informe de los consejeros, el aún gobernador conocía de la crítica situación que atravesaba el proyecto, desde hace mucho, pues se produjo, incluso, una primera resolución del contrato de obra con la empresa brasilera Camargo Correa.

“El gobernador regional no ha sido efectivo en sus atribuciones políticas y ejecutivas para evitar el aprovechamiento desmedido del Consorcio Obrainsa  Astaldi, ya que se difundía de forma persistente el atraso en la ejecución de la obra por parte del COA. Del mismo modo, cuando paralizó la obra el 9 de agosto del 2018”, se señala.

También manifiesta que el gobernador regional conocía que el consorcio dejó de trabajar, pese a contar con el suministro de energía.

“Que la supuesta falta de colaboración del PEIHAP haya motivado el inicio de procedimientos arbitrales, que la supuesta falta de liquidez del proyecto que le ha impedido a la contratista cumplir con el pago a trabajadores que son miembros de las comunidades lo que ha provocado un problema social”, señalan las conclusiones.

La imposibilidad de pago a los trabajadores y a proveedores, a lo que el contratista denomina “falta de financiamiento del proyecto”, reflejaba una “situación  de iliquidez” del Consorcio Obrainsa Astaldi, realidad que era de conocimiento del gobernador.

“Lo que resulta de su propia responsabilidad (del consorcio), considerando que la empresa ha percibido  el adelanto directo de 70 millones de soles y regularmente el monto que corresponde a las valorizaciones”, se detalla.

Según el informe, el titular de la región debió disponer al PEIHAP una acción de control del gasto del adelanto directo, con la finalidad de verificar que el monto entregado a la contratista haya sido destinado en su totalidad a la ejecución de la obra.

“Cabe precisar el gobernador regional a través de su procurador público regional ad hoc en asuntos arbitrales, tomó conocimiento de la existencia de cinco arbitrajes acumulados contra el gobierno regional de Piura, en donde se ventila un plazo adicional escandaloso solicitado por la contratista que, en sumatoria de sus pretensiones, son 672 días que equivalen a un año y 10 meses más de días como ampliaciones de plazo para terminar de ejecutar la obra”, señalan.

Asimismo, el gobernador regional “sabía que la contratista está solicitando un monto total en arbitrajes ascendente a S/.105`982,669.44”.

PACTO COLUSORIO

“Estos hechos configurarían indicios claros de la existencia de un acuerdo colusorio entre la máxima autoridad regional, el gerente general del proyecto y la empresa contratista, para perjudicar las arcas del Estado, al permitirle el aprovechamiento desmedido a la empresa Obrainsa Astaldi, de sacar provecho económico, abandonar la obra, habiendo causado un daño patrimonial y moral a la población.

 

MARÍA TERESA GARCÍA










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