CONSTRUCTORAS BRASILEÑAS EN EL OJO DE LA TORMENTA

Aportes a Susana Villarán eran para mantener el robo en peajes

OAS estaba interesada en proyecto Vía Parque Rímac, mientras que Odebrecht quería asegurar Rutas de Lima.

Aportes a Susana Villarán eran para mantener el robo en peajes
(Foto: Giancarlo Tejeda/EXPRESO)
  • Fecha Sábado 18 de Mayo del 2019
  • Fecha 6:00 am

Hoy se conoce que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos, recibió aportes que suman los US$ 10 millones de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña para la No revocatoria y la reelección a la alcaldía de Lima Metropolitana.

De acuerdo con la tesis que maneja el Equipo Especial del caso Lava Jato, las empresas habrían entregado los aportes a Villarán de la Puente con la finalidad de resultar beneficiadas con los proyectos y concesiones que tenía a su cargo la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El expresidente de OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, en su condición de colaborador eficaz, declaró ante los fiscales peruanos Carlos Puma y Germán Juárez Atoche que la exburgomaestre “le agradeció el aporte” de US$ 3 millones de dólares que realizó para su campaña contra la revocatoria.

Así lo detalla el requerimiento fiscal publicado por el portal web Convoca.pe el 10 de mayo pasado.

Como se recuerda, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, también confirmó que Villarán lo llamó de manera personal para agradecerle por un aporte de US$ 3 millones que hizo para la misma campaña, un día previo a que declare Pinheiro.

Según el documento fiscal, los US$3 millones que entregó OAS se realizó a pedido del ex gerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, en una reunión en la que también participó la exalcaldesa Susana Villarán, donde Pinheiro les dio a conocer el interés que tenía en el proyecto “Vía Parque Rímac”.

Castro Gutiérrez le solicitó el dinero para apoyar con el proyecto, declaró Pinheiro, pero le indicó que el aporte debía entregarse a través de Valdemir Garreta, empresario brasileño dueño de FX Comunicação, pues Castro “solo recibiría dinero cuando saliera de la gestión municipal”.

La obra en mención venía de la segunda gestión el exalcalde Luis Castañeda Lossio, cuando a finales del 2009 firmó contrato con OAS para la construcción de la denominada Línea Amarilla con un monto inicial de US$ 700 millones.

Sin embargo, con la nueva administración edil, Villarán cambió de nombre al proyecto por ‘Vía Parque Rímac’, y también firmó la adenda Nº 1 que permitió a la constructora brasileña ampliar la concesión del proyecto de 30 a 40 años.

Dicha adenda, de acuerdo con el informe final de la comisión Lava Jato, dio pie a modificar las causales del contrato para la suspensión del mismo, así como el reconocimiento y pago de los costos derivados de la configuración de eventos de caso fortuito o fuerza mayor.

Además de contar con la inclusión de una cláusula que permitía la venta del 25 % de acciones del socio estratégico, reservadas como garantía durante la etapa de construcción, facilitó que la constructora OAS la venda del 100 % de sus acciones a la empresa Línea Amarilla Brasil Participações S.A. sin haber concluido las obras.

PAGOS PARA EL NO

Los colaboradores de OAS detallaron que los US$ 3 millones de dólares para la ‘No Revocatoria’ se entregaron en 5 partes. Las primeras transacciones fueron de cuatro cuotas de 500 mil dólares en los meses de junio, julio y agosto del 2013 a través del exdirector financiero de OAS, Mateus Coutihno Da Sa Oliveira, a FX Comunicação, del publicista brasileño Valdermir Garreta.

Mientras que el otro millón fue recibido directamente por Luis Gómez-Cornejo Rotalde, encargado realizar los pagos por los gastos de la campaña, para que a pedido de José Miguel Castro, procediera a ingresarlos al circuito económico.

Por su parte, Valdermir Garreta contrató para la campaña contra la revocatoria a la compañía de Luis Favre, Epoke Consultoría Em Midia LTDA, por US$ 500 mil; a Lucas Levindo de Faria Peixoto, socio de Favre, por US$373 mil 500; a Rodrigo Luchiare por US$ 60 mil; a Benedito Moreira a través de su empresa BM3 Studio Productora de Audiovisuales LTDA US$ 64 mil; y a Luciano Correa a través de su empresa Luciano Correa Lima Junior por US$ 74 mil 676.

LA REELECCIÓN

Lo cierto es que estas no fueron las únicas dádivas que recibió Susana Villarán de la empresa brasileña, pues se confirmó también que OAS aportó otros US$ 4 millones para su campaña de la reelección en el año 2014.

Según narraron los exdirectivos de dicha firma, acogidos a la colaboración eficaz, OAS habría entregado un total de US$7 millones para ambas campañas de la exburgomaestre.

En este caso, nuevamente, José Miguel Castro pidió al expresidente de OAS “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán” por la suma de U$ 4 millones. Pinheiro aceptó debido a que Castro le indicó que “por el tamaño del proyecto [Línea Amarilla-Vía Parque Rímac] era lo que tocaba pagar”.

Por otro lado, también se conoció que el colaborador eficaz Nº 101-2019 dijo que “Pinheiro tenía una gran preocupación por reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa Susana Villarán de la Puente” y su gerente municipal José Miguel Castro.

Para dicha ocasión, el gerente general de las empresas CMR Constructora y Generación, César Simon Meiggs Rojas, fue el intermediario para recibir el dinero de OAS para la campaña de la reelección, a través de contratos ficticios con su empresa CMR. Así lo detalla el documento fiscal.

Asimismo, el colaborador eficaz N° 110-2019 ratificó que ‘Léo’ Pinheiro aprobó la contribución de los 4 millones de dólares para la campaña de la reelección de Villarán, mientras que el colaborador N° 120-2019 relató que Pinheiro solicitó a Leonardo Fracassi, exdirectivo de OAS, proceder con los contratos ficticios, para que se pudiera generar el millonario aporte.

LA CAJA 2 DE OAS

Así como Odebrecht, la constructora OAS también contaba con su Departamento de Operaciones Estructuradas que funcionaba como un fondo para pagar sobornos a funcionarios peruanos a cambio de la entrega de millonarios contratos. Este departamento era conocido como ‘Controladoría’.

“Era una oficina que servía para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones financieras a través de la elaboración de contratos ficticios”, describe el colaborador eficaz N° 101-2019.

El colaborador también relató que el dinero recaudado por este sector funcionaba como un fondo para atender cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros, que se detallan a continuación:

Valfredo de Assis, exrepresentante de OAS en Perú, cuando llegaba a un acuerdo con algún funcionario peruano se comunicaba con el exdirectivo de OAS, Leonardo Fracassi. Este, a su vez, contactaba a Alexandre Portela, exejecutivo de OAS; para que finalmente ella se encargara de organizar el pago con el funcionario.

Entre otros operadores financieros para Perú se mencionaron a dos exdirectivos brasileños de la constructora que actualmente son colaboradores eficaces: Roberto Cunha y Ramilton Lima Machado Junior.

REVISIÓN

La Defensoría del Pueblo planteó a la Municipalidad Metropolitana de Lima que proceda a la inmediata revisión de los contratos relacionados con los peajes, para esclarecer si estos y las adendas celebradas, cuentan con el debido sustento económico financiero.

US$ 3 MILLONES DE ODEBRECHT

Para completar el paquete de los US$ 10 millones entregados a Susana Villarán, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó a la Fiscalía el pasado 25 de abril que pagó US$ 3 millones para la campaña del No a la revocatoria.

De la misma manera señaló que la constructora pagó US$ 2 millones en reales en Brasil y los destinatarios eran los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre.

También dijo que se pagó un millón de dólares en el Perú y en efectivo a José Miguel Castro, entonces gerente municipal de Susana Villarán, y ratificó también que la propia exalcaldesa de Lima le agradeció el aporte.

Fue dicha información que el Ministerio Público requirió para variar la condición de comparecencia restringida contra la exalcaldesa de Lima por una medida de prisión preventiva por 36 meses. Sin embargo, ya en la audiencia, el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso solo 18 meses por el presunto delito de lavado de activos, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

Además, refirió que el caso ya se encontraba en una etapa avanzada, con un año y medio de investigación, por lo que la Fiscalía tendría que presentar la acusación formal.

“Actuamos de buena fe”

En el caso de Rutas de Lima, Odebrecht obtuvo la buena pro del proyecto Vías Nuevas de Lima en septiembre de 2012, cuando en enero del 2013 firmó un contrato por un periodo de 30 años. La concesión otorgada a Rutas de Lima comprende la operación y mantenimiento de 31.5 Km de la carretera Panamericana Norte, 54.1 Km de la Panamericana Sur y 29 Km de la autopista Ramiro Prialé.

Para junio del 2016, Odebrecht entregó el control del consorcio al fondo de inversión canadiense Brookfield, con la venta del 57 % de las acciones. Mientras que otro 18 % pasó al fondo local Sigma SAFI, con capitales de las AFP peruanas.

Odebrecht aún posee el 25 % de las acciones, debido a que todavía están pendientes las aprobaciones regulatorias para culminar con su salida definitiva.

En cuanto al proyecto Línea Amarilla, OAS vendió la concesionaria LAMSAC al fondo de inversión INVEPAR en marzo de 2012, con lo que dejó a la constructora brasileña como contratista encargada de la construcción.

Para diciembre del 2016, Vinci Highways compró el 100 % de Lamsac a INVEPAR. Con ello, la Municipalidad de Lima validó la participación de la nueva compañía como “socio estratégico en el proyecto”.

Los voceros de Vinci dicen que esta empresa “actuó como inversionista de buena fe: antes de tomar la decisión, hicieron las auditorías contables, legales y tributarias correspondientes”.

Versión de Lamsac y Rutas de Lima

Según las fórmulas preestablecidas contractualmente y el marco legal aplicable a las Asociaciones Públicas Privadas, cualquier causa de resolución del contrato, alejada del incumplimiento por parte del concesionario, contempla un pago a favor de este último.

Esto de acuerdo con un documento emitido por parte de las concesionarias donde se detalla que “la inversión realizada por estas empresas es de más de 5,000 millones de soles”, y solo la deuda garantizada de ambas concesiones que tendría que asumir la comuna de Lima sería más de 2,700 millones de soles.

Por otro lado, detalla que si el contrato se resuelve de manera unilateral, el concesionario tendrá derecho de ir a un arbitraje “donde podrá reclamar por los conceptos de lucro cesante, daño emergente, capital, entre otros, los que sumaría varios miles de millones de soles”.

Detalla, además, que romper los contratos sin causa probada, ni debido proceso, “pone en serio cuestionamiento el sistema legal e institucional en el Perú”.

Asimismo, indica que no respetar los contratos no nos ayudará a atraer inversionistas y repercute en la seguridad jurídica del país.

Finalmente asegura que tanto Brookfield como Vinci Highways cuentan con procedimientos muy estrictos de cumplimiento (“compliance”) en el marco de normas y estándares nacionales e internacionales.

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