LE PASA EL EMBROLLO A LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Cambalache electoral a la vista

Oposición califica decreto de urgencia del Gobierno de inconstitucional porque busca modificar normativa electoral con criterios de excepcionalidad.

Cambalache electoral a la vista
  • Fecha Jueves 10 de Octubre del 2019
  • Fecha 6:00 am

Las elecciones congresales para completar el mandato 2016-2021 se presentan sombrías no solo por el clima político de incertidumbre, como lo ha hecho notar este miércoles el titular del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, sino que se ha empezado a implementarse en medio de un debate sobre qué tipo de normativa aplicar, porque es considerado atípico.

El Ejecutivo no ha encontrado mejor salida que emitir su primer decreto de urgencia en el que traslada a los organismos electores en general, y al Jurado Nacional de Elecciones en particular, entre otras entidades, el trabajo de elaborar y poner en práctica la normativa, dizque reglamentaria u otras disposiciones que resulten necesarias para llevar a cabo los controvertidos comicios del 26 de enero del año próximo.

“Autorízase a los organismos del Sistema Electoral, en el marco de sus competencias y atribuciones constitucionales, a expedir reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarias para la realización del proceso electoral señalado en el artículo 3 del citado Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral”, reza el artículo 2 del decreto de urgencia N° 002-2019 dado a conocer la noche de ayer por el Gobierno.

El decreto en mención “tiene por objeto establecer medidas urgentes y excepcionales que permitan a los organismos del Sistema Electoral garantizar el desarrollo de las elecciones para un nuevo Congreso, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM (…) que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso”.

Si bien se da por hecho que el proceso electoral empezó el 30 de septiembre, el día que Martín Vizcarra cerró el Congreso, el problema es hasta qué punto se va a modificar la legislación vigente sin entrar en contradicción con el artículo 134 de la Constitución, donde se señala con precisión que las elecciones se deben realizar “dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”.

El constitucionalista Natale Amprimo ha dicho que cualquier modificación sería inconstitucional porque la “excepcionalidad” que ahora se reclaman el Gobierno y varios expertos en derecho electoral no existe en ninguna parte de la Carta Magna.

No solo eso, sino que Amprimo considera que los mismos decretos de urgencia que puede promulgar el Ejecutivo en las actuales condiciones, con la disolución de la representación nacional, solo proceden en materia económica y financiera.

“Lo que no pueden hacer es que mediante un decreto de urgencia se pueda regular el proceso electoral; esto significaría que están cambiando las normas para este proceso”, dijo por su parte el jurista Enrique Ghersi.

Este punto de vista se concatena con el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas que también puede considerarse que es intangible, es decir que cualquier modificación que se aprueba un año antes de las elecciones –en este caso desde el 26 de enero de 2020- no regiría para el proceso electoral entrante.

Si tomamos en puridad, las normas aprobadas en agosto, en el marco de la llamada reforma política, no tendrían mayor aplicación. Nos referimos a las leyes de inscripción de organizaciones políticas, financiamiento de partidos políticos, sobre democracia interna y la paridad y la alternancia en las listas de candidatos.

Si aplicamos los principios que tanto gustan a la izquierda, por ejemplo “la primacía de la realidad” posterior al golpe del 30 de agosto, la única forma de llevar adelante las elecciones próximas del Congreso sería mediante un paquete reglamentario y normativo que trate de esquivar el mandato constitucional y la Ley de Organizaciones Políticas, con tal de adecuarlo con criterios pragmáticos y de “excepcionalidad” para las citadas elecciones.

Vayamos por partes sobre este cambalache problemático y febril, como dice el viejo tango argentino. Y empecemos por el punto más urticante que tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de que los actuales congresistas y ex congresistas puedan participar en las elecciones de enero.

Para el experto en temas electorales, el doctor Jorge Jáuregui, sí es posible. “Lo que está claro es que en 2021 no pueden participar, pero ahora que tienen la condición de congresistas disueltos, no encuentro impedimento legal para que no participen en el 2020, esto porque no es un nuevo periodo sino la culminación del correspondiente al 2016-2021”, dijo en declaraciones a EXPRESO.

Opinión similar es la de otro especialista en el tema, Julio Silva Meneses, quien en Correo sostuvo que los congresistas que dejaron su curul pueden postular. “Para estas elecciones, no estamos hablando de un periodo siguiente. El artículo 90 de la Constitución señala: ‘Los congresistas no pueden ser elegidos para un nuevo periodo’, y este no lo es”, aseguró.

EXONERACIONES

El DU 02-2019 exonera de la aplicación de la ley de Contrataciones del Estado a los organismos del sistema electoral a fin de contratar los bienes y servicios necesarios para llevar adelante un proceso de elecciones congresales, sin menoscabo -acota- de los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, integridad, entre otros principios aplicables al derecho público.

INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

Sin embargo, es obvio que la aprobación o denegación de dicha participación será una decisión inapelable del JNE y es probable que tenga mucho contenido político pro palaciego.
Como la discusión está en el tipo de marco normativo a aplicar, es lógico que una atención especial acapara la posibilidad de la aplicación de la ley de inscripción y cancelación de partido políticos. Un sector de analistas no está de acuerdo con aplicarlos por ser esta una elección no solamente peculiar sino precipitada.
De acuerdo a la vieja ley se necesitaban alrededor de 700 mil firmas para la inscripción, cifra que ha sido rebajada a 24 mil militantes o partidarios, junto a otros requisitos, pero aun así sería difícil aplicarla toda vez que los nuevos partidos o movimientos no tendrían tiempo para ese tipo de reclutamiento de activistas, esto al margen de que tampoco tendrían plazos adecuados para que los organismos electorales, como la ONPE, las revisen y convaliden.

Otra es la opinión de Jorge Jáuregui. Él parte de que si bien es cierto que no se puede modificar el sistema electoral preexistente, como por ejemplo la cifra repartidora, que es un cálculo matemático injusto, la ley de inscripción y cancelación sí es aplicable para las elecciones que se vienen porque es legislación vigente.

“Otro asunto es que este proceso no tiene regulación precisa y está adecuado para los 270 días aprobados por el Congreso, pero los plazos actuales son menores y la misma

Constitución señala un plazo de cuatro meses como máximo para elegir a los nuevos legisladores”, asegura.

En este tema también corresponde al JNE emitir la norma correspondiente, acota.

FINANCIAMIENTO Y PARIDAD

Sobre la ley de financiamiento de los partidos, al parecer en el JNE y su entorno estarían de acuerdo para su aplicación por el mismo principio de que es legislación vigente. “La Constitución señala que las normas entran en vigor al día siguiente de su publicación, y eso es el principio de legalidad que hay que compaginar con otras normas”, anota Jáuregui.

Sobre la paridad y alternancia de las mujeres en las listas congresales también es difícil aplicarlos, siempre por los tiempos breves, aseguran las voces realistas. Este asunto tiene que ver con la democracia interna progresiva de un 40 % de participación femenina en las elecciones de 2021 y avanza progresivamente al 50% en los dos procesos electorales siguientes.

En este ítem también se piensa que es difícil aplicarlo en enero próximo por los plazos y la dificultad de elecciones de esa naturaleza en los partidos políticos. En todo caso, será siempre el JNE el que tenga la última palabra.

Finalmente, sobre las elecciones internas en los partidos, se sabe que el JNE presentó con anterioridad un pedido, puesto en blanco y negro en su Proyecto de Código Electoral, que la convocatoria se debería realizar con un año de anticipación. La posición del ente electoral es previsible en este acápite, no obstante que la ley considera que debe ser con nueve meses de anticipación.

CONTROL CONCURRENTE

La Contraloría puede aplicar el control concurrente en las elecciones próximas. El control se concentra, según el oficialismo, en el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios electorales.

PERUANOS EN EL EXTERIOR

Los votos de los peruanos en el exterior, que han sido obviados en la legislación “reformista” por supuesta responsabilidad de la titular de la ex comisión de Constitución, Rosa Bartra, necesitarán también ser reglamentarlos. Estamos hablando de alrededor de 900 mil votos.

Como se puede ver, en todo este paquete de congruencias e incongruencias, hay todo un arroz con mango difícil de digerir. Una papa caliente que el Ejecutivo le ha pasado a los organismos electorales y a otros entes presupuestarios y de control.

CRONOGRAMA

El decreto de urgencia 02-2019 publicado anoche por el Ejecutivo, en una separata especial de El Peruano, precisa que, entre las medidas a adoptarse, deben incluirse aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral.

POR: PLINIO ESQUINARILA

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